Trazando Senderos (TRASEN)

CAMBIO DE SITIO

2009-02-19T01:27:00.000-08:00

NOS TRASLADAMOS A:
WWW.trazandosenderos.blogspot.com

BOLETÍN Nº2 - TRASEN

2008-10-05T11:41:00.000-07:00

DESDE ABAJO CONSTRUYENDO ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL

En esta segunda entrega hemos decidido presentar nuestras reflexiones y posiciones en torno al movimiento estudiantil en general, la impoertancia de seguir organizándonos, de vincular nuestro quehacer académico con la lucha de los sectores populares de nuestro país, la situación en la que se encuentra la FECH, etc.

También hemos querido saludar trabajos que están realizando muchos estudiantes para comenzar, desde abajo, a construir organización estudiantil. Saludamos así a los compañeros, secundarios y universitarios, que se están coordinando territorialmente en Ñuñoa, al grupo de Trabajo Opech, que incluye además a académicos que están dando la pelea por transformar el sistema educativo chileno.

Este boletín tiene por objeto presentar la necesidad que tiene el movimiento estudiantil de aglutinar compañeros, acumular fuerzas y direccionar nuestras discusiones hacia diagnósticos y demandas concretos. Para lo cual es necesario dar la batalla día a día.

INCLUYE:

La FECH: en momentos de crisis, lo primero es pensar de qué estamos hablando.
Reconstruir el Movimiento Estudiantil para Transformar la Educación.
Coordinación Territorial.
Grupo de Trabajo OPECH
Lo Académico y lo Popular, forjando Conocimiento Crítico.

NO TE OLVIDES DE NUESTRO MAIL: trazando@gmail.com
Nos puedes enviar ideas, críticas, coordinarnos para alguna pega, etc.

Declaración Pública

2008-10-05T11:35:00.000-07:00

A toda la comunidad universitaria:

En las últimas semanas hemos presenciado el endurecimiento de las políticas de seguridad en el Campus Juan Gómez Millas: cierres de la universidad, guardias pidiendo la TUCH en la puerta -incluso adentro- y la prohibición de realizar diversas actividades, son parte de estas nuevas medidas. Estos hechos hacen ineludible dar la discusión en torno al cómo es que todos y todas, en tanto comunidad universitaria, nos hacemos cargo del espacio que compartimos y ocupamos a diario.

Es inadmisible que los guardias no estén sujetos en su actuar a ningún reglamento o protocolo interno emanado por la comunidad universitaria. Actualmente, sus labores en nuestra casa de estudios no se distinguen respecto de la función de vigilancia que pudieran llevar a cabo en un supermercado u otro tipo de establecimiento en el que la misma empresa esté contratada. Lo anterior, junto con dar cuenta de lo problemático que puede ser la creciente externalización de servicios, nos alerta acerca de la concepción de universidad pública que paulatinamente va instalándose a través de diversas prácticas. ¿Es propio de una universidad pública desentenderse de sus trabajadores mediante políticas de subcontratación? ¿Es lógico restringir la libre entrada y circulación de las personas en una universidad pública?

No es democrático que las funciones de gestión estén concentradas en la figura del Administrador de Campus, siendo esto en la práctica un mecanismo que anula la soberanía de la comunidad universitaria sobre el control del espacio que ocupa. ¿Qué criterios y necesidades son las que terminan primando cuando no nos hacemos parte de ello?

Para justificar la implementación de estas nuevas medidas de seguridad se ha argumentado que en el último tiempo han aumentado los destrozos, riñas y cantidad de basura esparcida por el Campus. No obstante, sin desconocer que existen conductas desarrolladas por los estudiantes que están muy lejos de ser prácticas que cuidan nuestro espacio, sabemos que la solución no va por la vía de dar cabida a lógicas represivas, sino que con multiplicar la capacidad de hacernos cargo, como comunidad universitaria, de nuestro territorio.

Muchas veces hemos hecho hincapié en la necesidad de avanzar hacia una nueva facultad, un nuevo campus y/o una nueva universidad que dote de realidad al supuesto sentido público que debiera encarnar nuestra casa de estudios, en el marco de un proyecto mayor de lucha por el cambio social. En coherencia con ello, creemos necesario que estos principios se concreticen en la gestión territorial del campus. No necesitamos aislarnos de nuestros vecinos, temerle al despliegue de la memoria histórica o prohibir el compartir con alegría, porque nuestro proyecto es dejar atrás esa universidad que tenemos actualmente: una "casa" opaca, puramente libresca y al servicio de los dueños del país.

BOLETÍN Nº 1: JGM... Un Análisis Necesario

2008-10-05T11:20:00.000-07:00

DESCARGAR AQUÍ

Compañeras, Compañeros:

El presente boletín que ofrecemos es fruto de la discusión política y de la reflexión que como organización hemos llevado a cabo respecto al proceso de movilización del primer semestre. Han pasado varios meses, y creemos que es un momento apropiado para plantear dudas, cuestionar el actuar llevado a cabo, y sobre todo para ver en qué se pudo fallar y cuáles fueron posiblemente nuestros -de todos los compañer@s que se movilizaron- aciertos ante las contingencias.

Mediante esto, queremos invitar a cada uno de l@s estudiantes que componen nuestra comunidad universitaria a no perder de vista que la mejor forma que tenemos de fortalecer nuestro movimiento es mediante la discusión y el debate crítico ante lo que hacemos, y especialmente de lo que podremos hacer en el día a día como estudiantes conscientes de nuestros espacios.

Incluye:

JGM: Un análisis necesario Post-movilización
Facultad de Ciencias Sociales, de la gestión al necesario proyecto
Facultad de Artes
Facultad de Filosofía y Humanidades, de la coyuntura a la construcción del trabajo

¿Qué es el conocimiento crítico?

2008-05-12T19:52:00.001-07:00

¿Qué es el conocimiento crítico?

¿Qué tiene que ver mi carrera universitaria con la disputa social? ¿Qué puedo hacer con mi carrera allí? Muchas preguntas de estas nos han asaltado como estudiantes. En esta colorida revista digital te queremos presentar qué hemos respondido: el conocimiento crítico. A continuación, nuestra apuesta de vincular las carreras universitarias con el mundo social.

Si te ha levantado el ánimo, pues te invitamos a que la corras por todos los correos electrónicos de compañeros, cursos, y organizaciones que tengas. ¡A reconstruir la universidad!

Bajar AQUI

Declaración pública del estudiantado de la universidad tecnologica metropolitana (UTEM)

2008-04-27T20:01:00.000-07:00

Ante la grave situación por la que atraviesa nuestra universidad, informamos:

1. La crisis en la que se encuentra la Institución se debe a la MALA GESTIÓN realizada por la planta directiva, encabezada por el RECTOR SEÑOR MIGUEL AVENDAÑO, hace 10 años (reelegido 2 veces en extrañas circunstancias).

2. Lo anterior, ha traído como consecuencia la NO ACREDITACIÓN de la Institución, negada por quinta vez, siendo actualmente, la ÚNICA UNIVERSIDAD ESTATAL NO ACREDITADA.

3. Entre los errores que ha provocado la mala gestión, por la cual nuestra Universidad ha sido DESACREDITADA, se destacan:
a) La creación y el desarrollo no planificado de la carrera de Criminalística, sobredimensionando la matrícula a niveles impresentables.
b) El establecimiento de convenios con empresas privadas a las que se delega funciones propias de la Universidad, al margen de los organismos colegiados de la universidad, así como la creación de Sociedades Anónimas al interior de la Institución con recursos de éstas.
c) El NO realizar las correcciones pertinentes, de acuerdo con las indicaciones contenidas en el rechazo anterior de la CNAP (año 2007).
d) La situación de NO PAGO DE IMPOSICIONES de AFP desde Marzo del 2007, generando intereses, multas y costos enormes por cobranzas prejudiciales y judiciales.
e) La total falta de transparencia en la gestión financiera de la Universidad, y por ende, la grave fragilidad financiera.
Queremos dejar en claro, eso si, que la evaluación, en el ámbito docente que realizó la CNA, fue positiva convirtiéndose en nuestra fortaleza y demostrando que la formación que se nos entrega para enfrentar el mundo laboral, es de excelencia. La desacreditación no es por debilidades docentes ni académicas, sino que por gestión administrativa.

4. Las deficiencias evidentes generadas en la Universidad, llevaron a que en 5 oportunidades se le solicitara la renuncia al Rector, por parte de la ex Ministra de Educación, Yasna Provoste, a fin de entregar credibilidad en el desarrollo del proceso de acreditación. El señor Miguel Avendaño, se ha negado las 5 veces en renunciar a su cargo, justificando que cuenta con el respaldo de todo el estudiantado, del cuerpo docente y de los funcionarios de la Institución.

5. Desmentimos dichos argumentos y repudiamos la gestión que ha desarrollado el señor Avendaño, durante su permanencia en el cargo, avalado por estatutos internos que centralizan el poder en su persona, poniendo en duda las políticas y decisiones que se toman dentro de la Institución, que, claramente no benefician el desarrollo y crecimiento de ésta.

6. A lo anterior podemos confirmar la existencia de una “seudodemocracia” dentro de la Universidad, llegando a tal punto en que el cuerpo docente y funcionarios no pueda expresar libremente lo que piensa frente al conflicto actual, puntualmente respecto de la mala gestión del Rector, debido a constantes amenazas recibidas, en desmedro de la estabilidad laboral. Es por esto, que el estudiantado expresa formalmente, que no permitirá que existan represalias hacia aquellos que se planteen en contra de la administración actual.

7. Cabe recordar, que nuestra Universidad tiene a los dos quintiles más pobres de la población estudiantil y la mayoría restante de clase media. Ante esto recalcamos que vivimos en una democracia que no asegura una educación basada en la “igualdad y equidad”, insistimos en nuestro derecho a la educación y en el deber del Estado de asegurar la formación de profesionales para el crecimiento y desarrollo del país. Nos parece una contradicción y una vergüenza el hecho que siendo Universidad pública y del Estado, la Institución no cumpla con los estándares de acreditación, que el mismo gobierno ha implementando. Somos un ejemplo de la crisis de la Educación Pública. Lo más probable y debido a los grandes desfalcos existentes en nuestra Institución, es que, si no logramos solucionar el problema, en un breve plazo seamos vendidos y pasemos a manos de privados… ¿SERÁ ESTA LA PRIMERA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO QUE SE TRANSFORME EN PRIVADA?... ¿CUÁNTAS MAS VENDRÁN?... ¿HASTA CUANDO SE NOS ASEGURARÁ LA EDUCACIÓN PÚBLICA, DEL ESTADO Y DE CALIDAD EN NUESTRO PAIS?...

Los estudiantes estamos movilizados y trabajando por la solución y el rescate de nuestra Universidad en pos de una educación PÚBLICA, DEL ESTADO Y DE CALIDAD.

Contamos con el apoyo de un gran número de docentes, que enfrentándose ante las eminentes represalias que pudiesen sufrir, lo que ya es un hecho y ha sido especificado en el punto 4 y 5, son concientes del problema que afecta a la comunidad universitaria.

Exigimos la renuncia de la plana directiva, en especial, la del Rector Señor Miguel Avendaño.

Exigimos la reformulación de los Estatutos Internos, en busca de un sistema descentralizado y democrático de la Universidad.

Somos concientes del esfuerzo que nos significa estudiar en estas condiciones, que contamos con un cuerpo docente, que durante 14 años, han entregado sus conocimientos a nuestra formación profesional, siendo ésta de calidad y con buenos resultados.

Exigimos, entonces, nuestro derecho a estudiar en un sistema estable e igualitario.

Atentamente,

Estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM

Santiago, 28 de abril del 2008

Pasado y presente: los trabajadores una vez más Rafael Agacino

2008-04-27T16:05:00.000-07:00

Una reflexión teorica del economisca Rafael Agacino. Aprovechando la coyuntura de los sub-cobtratados de Codelco dejamos este texto muy interesante:

En memoria de Rodrigo Cisternas Fernández joven obrero forestal, 26 años, asesinado el 3 de mayo de 2007 por las fuerzas policiales en Arauco.

La contrarrevolución neoliberal chilena cambió radicalmente la estructura de la economía, y consecuentemente, casi todo su entramado institucional. Un aspecto central de este cambio fue la “nueva organización industrial”, es decir, la nueva forma en que se articuló la propiedad, la producción y los procesos de trabajo, cuyo fundamento fueron las nuevas relaciones entre capital y trabajo, entre capitalitas y entre los propios trabajadores. La tarea político-ideológica de la contrarrevolución neoliberal fue fijar dichas relaciones como normas legales o garantizar, cuando se trataba de simples prácticas sociales, su reproducción espontánea, sin necesidad de ley. El conjunto de la institucionalidad de jure y de facto, constituyó y constituye la arquitectura del proyecto neoliberal, extendido incluso a otras dimensiones de la vida. En lo que sigue nos ocupamos de sus aspectos principales desde la perspectiva del mundo del trabajo.

. La institucionalidad económica neoliberal y su impacto en el mundo del trabajo.

La “nueva organización industrial” se concretó desde muy temprano a través de una centralización horizontal del capital y de la fragmentación productiva. La centralización horizontal, como forma de control conglomerante de la propiedad, reconfiguró al segmento dominante del empresariado dando paso a “grupos económicos” con inversiones transversales, es decir, interesados cada vez más en la “acumulación en general” y menos en un “valor de uso” o rama específicos. La fragmentación productiva, por su parte, bajo la forma de externalización de funciones o subcontratación, modificó la demografía empresarial generando una estructura muy heterogénea que vinculó orgánicamente a firmas medianas y pequeñas -e incluso micro-empresas y trabajadores a domicilio- con los grandes conglomerados controladores de los procesos de acumulación.

Miradas estas tendencias desde el ángulo de los sujetos colectivos, por simple observación se constata que la franja del capital asociada a los conglomerados se fortaleció objetiva y subjetivamente, mientras los trabajadores – incluso importantes franjas de capitales pequeños- fueron obligados por la dinámica de las transformaciones a involucionar desde sujetos colectivos a simples categorías estadísticas sin significación social o política alguna.

Para la masa trabajadora este proceso fue acompañado por la precarización directa o indirecta de sus condiciones laborales por cuanto la institucionalidad laboral, incluso considerando las reformas realizadas por los tres primeros gobiernos civiles, no se hizo cargo en plenitud del principio de “desigualdad originaria” entre capital y trabajo, idea fundante del derecho laboral. Salvo la estrecha franja de asalariados “protegidos” pertenecientes al Estado o a grandes empresas que mantienen núcleos estratégicos de empleo directo, la precarización de las condiciones laborales implicó la precarización de las propias condiciones de vida de la gran mayoría de los trabajadores. Y no sólo por los bajos salarios, malas condiciones de trabajo o “contratos basura”, sino también por la imposibilidad práctica o legal de ejercer los derechos de sindicalización y negociación consignados en la misma ley laboral[2].

En efecto, la legislación vigente, concebida por la dictadura y reformada por los gobiernos civiles, consigna cuatro tipos sindicatos - de empresa, interempresa, de trabajadores transitorios y de trabajadores independientes- de los cuales sólo el primero está plenamente facultado para negociar colectivamente. Los sindicatos interempresa, que requieren del acuerdo previo de los diferentes empleadores, y los de trabajadores transitorios, dada la naturaleza de la actividad o de la relación, enfrentan serias dificultades para gestar organizaciones y procesos de negociación perdurables. El mismo cuerpo legal autoriza dos modalidades de negociación colectiva: la reglada y la no reglada. La primera consiste en un procedimiento en que las partes tienen obligaciones y derechos definidos y se obligan a culminar con la suscripción de un contrato colectivo, mientras en la no reglada, el timing y su carácter dependen de las partes sin que éstas deban seguir un procedimiento que termine con la suscripción de un convenio colectivo, ni tengan derecho a ejercer, como en el caso anterior, ciertas prerrogativas como la huelga legal. Es importante, además, considerar que la negociación colectiva, sea o no reglada, puede llevarse a cabo tanto por sindicatos -instancias más permanentes y con personalidad jurídica- como por grupos negociadores organizados para ese solo fin y cuya existencia generalmente se limita a la duración del proceso.

Este entramado institucional de jure es el que explica que en la actualidad no más del 12% de la fuerza de trabajo ocupada esté organizada formalmente en sindicatos, y que la cobertura de la negociación colectiva –incluyendo sindicatos y grupos negociadores- alcance a poco más del 7% de los ocupados[3].

Si consideramos, por una parte, que sólo el 8% de la fuerza de trabajo está organizada en sindicatos de empresa - la opción más favorable para la negociación colectiva- y que el tamaño medio de dichos sindicatos gira en torno a los 35 afiliados, y por otra, que los otros cuatro puntos porcentuales restantes de sindicalización (la tasa total alcanza al 12%) corresponden a sindicatos prácticamente imposibilitados de negociar colectivamente de forma eficaz y con efectos perdurables, se comprende la cuasi inutilidad de la legislación laboral actual[4]. Así, un 88% de los trabajadores sin ningún tipo de organización propia y un 12% organizado de manera fragmentaria con poder mínimo, explican que un 93% de los ocupados de este país estén al margen de la protección laboral que deriva de la negociación colectiva y carezcan de herramientas legales efectivas para negociar las condiciones de venta y uso de su único activo: su capacidad de trabajo.

Por otra parte, la institucionalidad de facto se concretó en un conjunto de prácticas que reforzaron la atomización y la involución de los trabajadores comos sujetos colectivos. Los sistemas salariales asociados a la productividad individual, la introducción de nuevos paradigmas de organización del trabajo (polivalencia, rotación y ampliación de tareas, etc.), y de la producción (el “justo a y tiempo”, la maquila y subcontratación de mano de obra), fueron la base estructural extra jurídica sobre la cual el capital logró mantener a raya a los trabajadores e imponer mas fácilmente su racionalidad como sentido común. Este último proceso se extendió y legitimó cuando sobrevino la democracia, pues, durante los 17 años siguientes, aprovechando la vulnerabilidad, la obsecuencia o permeabilidad a la corrupción de las dirigencias, se los involucró en “acuerdos marcos” nacionales, en “alianzas estratégicas” sectoriales o, simplemente inyectándoles la morfina del consumismo, que desplazó al trabajo del centro y proclamó al empresario y la empresa como causa de la riqueza y el bienestar. El verbo fue “emprender”, el sujeto el “emprendedor” o el “empresario”.

2. Límites del “sindicalismo clásico” y respuestas emergentes.

En la fase post dictatorial de la contra revolución neoliberal, el efecto de las transformaciones anteriores redujo la organización y lucha de los trabajadores a su mínima expresión. La concepción dominante, que podríamos denominar “sindicalismo clásico”[5], retuvo más por tradición que por acción, cierta presencia en los segmentos “más protegidos” de los trabajadores: los ocupados en el sector público, municipal y en grandes empresas estatales o privadas con empleo directo y estable. A pesar de las diversas fracturas que ha sufrido el sindicalismo clásico, en su interior conviven dos corrientes que se manifiestan en casi todas las organizaciones y centrales de las que hoy se compone[6]. La corriente social-concertacionista, incluidos en ella sectores claramente colaboracionistas y digitados por la patronal, prácticamente renunció a la movilización, mostrándose desde el principio obsecuente con las administraciones civiles post dictadura. La otra, igualmente tradicional pero con una orientación mas clasista, ha vivido atrapada en una mezquindad corporativa, bloqueada por un dogmatismo que le ha impedido comprender profundamente la nueva realidad del trabajo, y por ello, impotente para levantar una política hacia los trabajadores flexibilizados y precarizados cuyas concepciones, formas de organización y lucha tradicionales, simplemente no le acomodan ni objetiva ni culturalmente.

Al lado del sindicalismo clásico, muchas veces en soledad, trastabillando, y sobre todo rompiendo con el chantaje que impuso la estrategia de los consensos de la Transición chilena, varias franjas de trabajadores en el ocaso de los ochenta y durante el boom de inversiones de la primera mitad de los noventa, comenzaron a reaccionar y ensayaron formas de convivencia, organización y luchas adaptadas a estas nuevas condiciones de precariedad y flexibilidad. Se trataba de experiencias que, a diferencia de aquellas vinculadas al sindicalismo clásico, construyeron formas propias de convivencia y apoyo mutuo, desarrollaron una militancia social amplia, enfrentaron negociaciones de facto al amparo o no de organizaciones legales, y ensayaron métodos de participación colectiva y acción directa. Entre estas experiencias, las más conocidas fueron las de los trabajadores del montaje industrial agrupados en el SINAMI, los contratistas del cobre vinculados a la división El Teniente de CODELCO[7], y los grupos de mujeres de la agroindustria (temporeras) que aprendieron de súbito a pelear por mejoras en sus salarios y paupérrimas condiciones de trabajo. En lo que va corrido de la presente década, la experiencia más emblemática y aleccionadora, previa a las movilizaciones de trabajadores subcontratistas este año 2007, es la de los estibadores subcontratistas de los puertos de Coronel, Lirquen, Talcahuano y San Vicente el año 2003[8].

Naturalmente las movilizaciones recientes de los trabajadores subcontratistas de las forestales y el cobre, así como las anteriormente citadas, tienen singularidades que explican sus éxitos y fracasos, incluidos los tremendos costos humanos como fue el cuasi fusilamiento del joven obrero Rodrigo Cisternas por parte de Carabineros[9]. El tipo de empresa (holding público o privado, exportadora, etc.), el momento económico y político en que se lanza el conflicto, la experiencia y composición del activo de trabajadores que se moviliza en cada caso, etc., son todos factores clave a la hora de su desenlace. Pero las diferencias fundamentales que interesa resaltar se refieren a las concepciones y prácticas respecto del sindicalismo clásico. Estas diferencias pueden ser relevadas desde varios ángulos; veamos algunos.

En el caso de un típico sindicato de empresa, su derecho a negociación colectiva se concreta inicialmente presentando a su patrón directo un proyecto de contrato o de convenio según se trate de un proceso reglado o no. Luego, si se trata de un contrato colectivo, la negociación se ciñe a un conjunto de etapas con procedimientos y tiempos predefinidos, incluida la votación y/o realización de la huelga legal, o bien, en el caso de convenio, desarrollando un proceso de negociación sin pauta ni duración definidas y sin derecho a huelga. Así, si los sindicatos o grupos negociadores logran resistir las prácticas antisindicales y aunar la voluntad de sus asociados para iniciar la negociación, deben enfrentar luego problemas de orden táctico como: conformación de equipos de negociación efectivos, incluyendo asesoría legal y económica, reunión de información clave respecto de la economía, sector y la empresa, y sobre todo el problema de mantener a su dirigencia unida e impermeable al soborno, así como a sus asociados involucrados y dispuestos a aplicar dosis crecientes de presión hasta llegar, si disponen de este recurso, a la huelga legal.

El ciclo de negociación, repetido cada dos, tres o cuatro años, es la práctica habitual de negociación de los sindicatos de trabajadores de planta de grandes empresas tales como MADECO, BANCO CHILE, AFP PROVIDA, ENAP, ESCONDIDA, BATA, CCU, TELEFONICA y otras similares. En todos ellas, debe destacarse, existe al menos un sindicato de empresa que presenta un pliego formal de peticiones a su empleador directo y conocido, y que con la debida asesoría y definiciones de negociación, se dedica, en un espacio y tiempos formalmente reconocidos, a consensuar con su empleador las magnitudes de reajustes y mejoras en las condiciones laborales para sus asociados, y que a veces, más por defecto que por efecto, se hacen extensibles a trabajadores no organizados u organizados en otros sindicatos o grupos negociadores de la misma empresa.

Se comprenderá que si este ciclo entraña dificultades para los grandes sindicatos de empresas, éstas se multiplican para los sindicatos pequeños, con escasos recursos económicos, baja calificación y experiencia de sus asociados y acceso limitado a medios de información. Peor en el caso de los grupos negociadores poco numerosos, y en los sindicatos inter empresas que deben conseguir la anuencia de los empleadores involucrados. Y así, en general, para todos los ocupados en los eslabones débiles de las cadenas de subcontratación y/o externalización cuya relación laboral legal es tan precaria aún cuando produzcan bienes o servicios para las grandes empresa mandantes[10].

Por ello, la negociación “tecnificada”, es un modelo practicado por un segmento muy reducido de trabajadores organizados que, como ya hemos visto, fluctúan en torno al 7% de la fuerza de trabajo ocupada.

3. Ruptura y continuidad. Las nuevas prácticas y nuevos sujetos.

La originalidad de las experiencias desarrolladas por los trabajadores para los cuales todo este entramado institucional resulta cuasi inútil, estriba en los síntomas de ruptura con las prácticas y concepciones del viejo sindicalismo constituido al amparo del patrón de acumulación desarrollista. Lo que se observa es una recuperación de prácticas históricas de organización y lucha, digamos pre-clásicas, ensayadas por el movimiento de trabajadores de fines del siglo XIX y principios del XX que, como se sabe, fue muy influenciado por concepciones libertarias y autonomistas.

Estos síntomas de ruptura con el sindicalismo clásico, se manifiestan en un intento de comprender y actuar frente a la actual realidad del trabajo y la producción con otros conceptos y medios organizativos. Lo anterior es muy evidente cuando se analizan las prácticas de las nuevas cohortes de trabajadores que conforman la fuerza de trabajo actual; éstas son ya directamente hijas del modelo, han crecido y sobrevivido en las nuevas condiciones laborales y de la producción, por lo cual sus formas de entender su vida como trabajadores y sus luchas ya no se estructuran subjetivamente con los códigos lingüísticos y conceptuales propios del sindicalismo clásico, menos con sus formas organizativas y de convivencia[11].

Estas franjas han comprendido, en primer lugar, que la organización de los trabajadores consiste ante todo en la articulación de voluntades sobre la base de una identidad “general de clase” que supera la específica identidad fundada en el oficio o la empresa. También, una franca disposición a actuar colectivamente en torno a intereses comunes. Y aunque en muchos casos la organización adopte la figura legal de sindicato o arranque de ella, lo importante es que la práctica de las organizaciones supera las restricciones impuestas por esa forma legal y cultural que se ha impuesto en las últimas décadas. Una manifestación concreta de esta concepción es que muchas de éstas organizaciones de nuevo tipo mantienen la afiliación con independencia de si el trabajador está o no empleado, o si está o no trabajando en la misma empresa, faena o proyecto. El camino lo abrió el antiguo SINAMI que utilizó la figura de “sindicato nacional” para mantener la afiliación de masas de trabajadores que se desplazan de obra en obra con tiempos más o menos prolongados de desempleo; y en nuestros días el paradigma, sin duda lo constituye el Sindicato de Trabajadores del Puerto de San Vicente que cuenta con socios que rotan diariamente entre el empleo y el desempleo por cuanto los contratos con las empresas de estiba tienen una duración máxima de 8 horas[12].

En segundo lugar, entienden que en las nuevas condiciones de producción la relación laboral-legal no se corresponde necesariamente con la relación laboral-económica. En efecto, como ya hemos dicho, la fragmentación productiva separa la relación legal de la relación económica, pues la entidad que aparece como contratante no necesariamente es la entidad que se sirve directa o indirectamente de la fuerza de trabajo. La existencia de circuitos productivos, o cadenas de subcontratación que vinculan desde talleres productivos, incluso en ocasiones trabajadores a domicilio, con pequeñas y medianas empresas que suministran partes o piezas o simplemente fuerza de trabajo a una empresa mandante, hace inútil la ley laboral. En efecto ¿tiene algún sentido que se autorice la organización y negociación a sindicatos de empresa o grupos negociadores, si éstos deben remitirse a un empleador que, como ocurre en miles de casos, no tiene ni la capacidad ni la independencia económicas para negociar seriamente con sus trabajadores directos?

Así, en las condiciones de fragmentación productiva y flexibilidad del mercado de trabajo, el sindicato formal no sólo es inservible como instrumento organizativo para los trabajadores que rotan entre el empleo y el desempleo, sino también como medio para mejorar las condiciones salariales y de trabajo, si su ámbito de negociación se limita a al empleador directo.

En tercer lugar, las franjas de trabajadores de las que hablamos han ido desarrollando la conciencia de que la organización y sus acciones deben adecuarse a exigencias mayores a la pura capacidad negociadora en mesa o de lucha en condiciones tradicionales de conflicto. Por el contrario, éstas asumen desde la partida exigencias de carácter más político, por cuanto se refieren a la constitución de sujetos colectivos capaces de resolver al menos tres problemas tácticos que para el sindicato de empresa de las grandes firmas se suponen resueltos, a saber:

-(a) Construir una fuerza colectiva capaz de superar el efecto atomizador de la institucionalidad vigente. Dado que en la mayoría de los casos la relación laboral directa encubre al patrón o empleador real por medio de una infinidad de empleadores formales, los trabajadores deben convencerse y convencer que hay que desplazar el espacio de organización y lucha de la relación laboral-legal a la relación laboral-económica. Vale la pena indicar que este tipo de organización y negociación solo en apariencia recuerda la negociación por rama pues el referente aquí no es la rama sino el holding o el grupo económico y/o la empresa principal mandante.

(b) Forzar a que la contraparte patronal real se constituya. Por la misma razón anterior, los trabajadores, para siquiera aspirar a negociar con efectividad, deben preocuparse de hacer que el empleador real aparezca, dé la cara y acepte negociar. Como se ha visto, debe ser forzado pues rehúsa apelando al simple expediente de una relación laboral de la cual él no forma parte.

(c) Resistir la persecución post negociación. Si se logra forzar a los empleadores reales a constituirse en contrapartes negociadoras, y sobretodo si la negociación resulta favorable a los trabajadores, sabido es que hay que prepararse para la reacción. En muchos casos, ésta se asemeja a una suerte de “terror empresarial” que incluye despidos, listas negras y soborno. La patronal aprende rápidamente y no admite ser gratuitamente sorprendida dos veces.

Tanto en las movilizaciones ilegales de los estibadores de la VIII región el 2003, como en las de trabajadores forestales y del cobre de este año, luego de lograr constituir una organización trasversal y desencadenar el proceso, el punto crítico ha sido forzar la constitución de una mesa negociadora con las empresas mandantes, e incluso, concitando la atención de las autoridades políticas (Intendente, ministros del trabajo e interior) y de los grandes propietarios como ocurrió con Ricardo Claro en los puertos y Eliodoro Matte en Mininco. Se trata, como decían los trabajadores del puerto de San Vicente, “de negociar con Tarzán, no con los monos”[13].

Por otra parte, las experiencias del SINAMI[14], SINTRAC y más recientemente de los trabajadores subcontratados de CODELCO, muestran la necesidad de protegerse frente al soborno a dirigentes, despidos y listas negras. Este último mecanismo, muy usado en los sectores de trabajo temporal y transitorio, ha implicado que muchos de sus militantes más activos – que usualmente cumplen el rol de delegados - sean forzados a cambiar de oficio e incluso a migrar, por cuanto las firmas subcontratistas se niegan a emplearlos. Así, se ha vuelto necesario implementar fondos de huelga, fondos rotatorios o simplemente colectas solidarias, iniciativas colectivas que han recuperado las prácticas de apoyo mutuo y solidaridad autónomas típicas del movimiento de trabajadores de inicios del siglo pasado.

Como se observa, las concepciones organizativas y de convivencia, así como las definiciones tácticas a utilizar en las luchas reivindicativas, deben considerar desde la partida un conjunto de dimensiones y tareas mucho más amplias y complejas que aquellas propias de los sindicatos de trabajadores estables. La organización tiene poco de clientelismo entre dirigentes que ofrecen mejoras y socios que las demandan pasivamente; aquí se trata de organizaciones cuya única posibilidad de mejorar las condiciones de sus asociados y sobrevivir es ampliar la mirada y ámbito de acción, condición muy favorable a la constitución de sujetos sociales activos.

4. Un paso adelante: los trabajadores una vez más un sujeto político-social.

En esta perspectiva y en cuarto lugar, lentamente comienza a plantearse la problemática de los derechos generales cuya posibilidad de ser resuelta a partir de las negociaciones restringidas a los lugares de trabajo o con los empleadores directos, es prácticamente nula. Se trata de “derechos sociales” como la educación, salud, vivienda, etc., que en el contexto del patrón de acumulación desarrollista, segmentos de trabajadores lograron satisfacer negociando en sus espacios laborales en la medida que la institucionalidad vigente incluía mecanismos tripartitos (Estado, empresarios y sindicatos) que lo hacían posible. Tales mecanismos dieron origen, por ejemplo, a una serie de establecimientos educacionales, complejos habitacionales – recuérdese por ejemplo, la Escuela Matte en Puente Alto, las poblaciones Yarur y Copec en Santiago- y otras instalaciones destinadas a cubrir parte de estas “demandas sociales”.

Es obvio que hoy esos logros son inimaginables negociando con los empleadores directos, incluso en caso de los sindicatos de empresa clásicos.

Esas demandas requieren de una fuerza tal que, primero, sea capaz de reponer el rol central del trabajo y los trabajadores en la producción de la riqueza social y en la sociedad, sobre todo reponerlo en la propia cabeza de los trabajadores cuya identidad está hoy trizada, y en segundo lugar, forzar a que los sectores dominantes y el Estado se constituyan como contraparte de la “cuestión social”. La clave del presente es la constitución de los trabajadores como sujeto político-social; logrado esto se verá cuánto se gana y cómo se sobrevive a los embates de un sistema neoliberal ya maduro que parece contar cada vez con menos artilugios para eludir los síntomas de su agotamiento.

En noviembre de este año se conmemorarán los 100 años de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique; a pesar de que ha pasado un siglo, la memoria está viva. Este simple hecho señala que la matrix neoliberal adolece de fallas, de fisuras; por ellas sus anomalías estructurales afloran y golpetean la conciencia de quien se detenga un minuto a reflexionar con mínima profundidad sobre su miseria global. La primera anomalía es su incompletitud histórica por cuanto no logra anular el pasado, el sedimento de la memoria; la segunda es su incompletitud actual, por cuanto ya no es posible mantener a bajo costo la brecha entre lo que promete y lo que satisface. Por el contrario sus costos son crecientes y hay menos humanidad dispuesta a soportarlos.

Los obreros salitreros dejaron las oficinas y bajaron a Iquique para exigir al conjunto de la patronal y al Estado se constituyeran en la contraparte de sus demandas. Hoy, casi como ley de la historia, las condiciones parecen obligar a los trabajadores a elevar su mirada y generalizar sus luchas para forzar la constitución contraparte de la “cuestión social”. ¿Responderán nuevamente el capital y el Estado con plomo, cárcel y torturas como lo hicieron en 1907?

Santiago, memorable 15 de agosto de 2007.

Huelga y manifestaciones Trabajadores sub-contratados 2008

2008-04-27T15:44:00.000-07:00

Video marcha 24 de abril

2008-04-27T15:36:00.000-07:00

Los estudiantes nuevamente salimos a la calle, demostramos unidad y capacidad de movilización. Es hora también de traducir todo esto en nuestros territorios, sacar más gente a la calle, discutir proponer y actuar.

Queda claro como la Repre actuo sin ninguna provocación:

Informate

2008-04-27T15:22:00.000-07:00

Video realizado por Subverso, acá algunos extractos de una entrevista realizada por El Ciudadano:

"El hip-hop y el rap avanzan a ser una herramienta ,ás elocuente, con fundamentos y argumentos ,ás sólidos a medida que la generación hip-hop va madurando
"Todos los cambios han sido producto de presiones, no habría habido cambios en nada si no hubiera personas dispuestas a rebasar la ley"
"La herramienta es la organización. Creo que a través de la organización de comunidades, comuna, regiones, universidades y sindicatos se cambian las cosas"
"Creo que la capacidad de análisis se da en la experiencia de organización y lucha, no se da en tu casa viendo tele o en una disco escuchando música, ni siquiera haciendo hip-hop aislado. Informarse es una prioridad, pero también analizar y actuar"

Contra la educación de mercado, estudiantes rebeldes y organizados

2008-04-26T17:47:00.000-07:00

En el marco de un necesario balance de las movilizaciones de
los estudiantes secundarios en 2006, sostenemos que ésta resultó ser una derrota más. La L.O.C.E fue cuestionada, pero sólo para ser posteriormente remozada agregando unos cuantos remaches semánticos, cuerpos fiscalizadores e indicadores de eficiencia. Los cuales en su conjunto son ajenos al sentido de transformación profunda del sistema educacional que los estudiantes manifestaron con energía en las protestas. No obstante, sí se pueden considerar como victorias importantes al menos dos aspectos: por un lado, se hizo recordar que es posible alzarse como pueblo exigiendo cambios y ejerciendo directamente lo que nos han negado; y por otro, la respuesta del gobierno nos deja grandes lecciones para las futuras luchas sociales. Aquí, nos referimos a un triunfo en cuanto acumulación de experiencia y saberes imprescindibles para el proceso de formación de todo movimiento social.

En ese sentido, la derrota inmediata –en el plano de las demandas- puede ser elaborada como una victoria política, en la medida que se privilegie una política centrada en los procesos de construcción de fuerza social antagónica al modelo imperante. Allí es donde se juega la pertinencia de la existencia de organizaciones permanentes, que sepan también moverse más allá de los ritmos cambiantes de la coyuntura, en los niveles sociales y/o políticos.

El ejercicio masivo de los estudiantes logró impregnar, ya no sólo en el movimiento popular organizado, sino en gran parte de las mayorías que viven las miserias de las riquezas de unos pocos, el descontento ante las desigualdades de la educación chilena. No era cuento nuevo eso de que ella no hace más que producir, reproducir y profundizar las desigualdades sociales mediante diversos mecanismos, pero sí es historia nueva que gran parte de la población haya tomado la iniciativa con sus manos frente a la indiferencia –durante décadas- de los administradores políticos del modelo neoliberal chileno. Por esto, no surtieron efecto por un momento las tácticas deslegitimadotas que usualmente práctica el gobierno: quisieron llamarnos lumpen, pero éramos la mayoría quienes protestábamos por el derecho a la educación; quisieron negarnos nuestro carácter político al argumentar que no teníamos capacidad de plantear propuestas serias, pero hoy vemos como las definiciones de miles de asambleas fueron mucho más profundas que un vergonzoso informe encargado a los intelectuales y tecnócratas de la corte neoliberal, blanqueado con la participación cosmética de dirigentes sociales en el Consejo Asesor Presidencial.

Cuando nada parecía funcionar, llegó la hora de los expertos elegidos mediante una cuidadosa ponderación de equilibrios partidarios, que junto al actor social “pintoresco” discutirían el futuro de la educación. El resto ya es historia: un emotivo acuerdo entre las dos derechas que selló una pirueta política sorprendente que cambia algo para dejar todo igual. Después de todo, cabe preguntarse si existía alguna otra posibilidad, ¿o acaso alguien pensó que en el Congreso se iba a cuestionar graciosamente el carácter neoliberal de la educación en Chile? Sería como pedirles propiciar que la gente se “confundiera”, desordenando la casa para exigir lo que antes era irremediablemente una mercancía siendo en realidad un derecho: vivienda, salud, educación, trabajo digno, y quién sabe quizás qué más vendría después.

Luego en 2008, las circunstancias del juego partidario en el Congreso abrieron la posibilidad de darle alguna utilidad al problema de la educación: un escándalo de subvenciones sirvió para que la derecha esgrimiera su poder por sobre la Concertación gracias a su “nueva mayoría” -un enroque oportunista entre dos bloques políticos que al final son lo mismo-. El tema de fondo no fue puesto en cuestión: todo se mostró como deficiencias en la gestión y fiscalización. El problema real de la educación es más profundo que eso: el lucro que le da un carácter de mercancía y mera inversión individual; la municipalización que supone una competencia absurda si consideramos las diferencias de ingresos de las municipalidades; excesivos criterios de competencia para un sector que se mueve con otros; etc. Las propuestas de los sectores del pueblo organizado están sobre la mesa desde hace mucho tiempo, así que no es necesario repetirlas acá.

Entonces, ¿por qué la movilización secundaria no llegó a buen puerto a pesar de sus grandes méritos? Se puede aducir que unificarse en torno a derribar la L.O.CE era algo sumamente limitado, que daba un margen de maniobra muy amplio al gobierno o que incluso no tocaba en absoluto a las prácticas concretas – situadas más acá y más allá de las leyes- que erigen la educación actualmente. O bien sostener que el gran error fue haber negociado con el gobierno. Sin embargo, las razones son varias, y acá es imposible abarcarlas. Lo importante a tener en cuenta es que es tarea fundamental de las organizaciones sociales-políticas realizar este ejercicio: que el movimiento estudiantil y el campo popular elabore las lecciones históricas que lo fortalecen para devolver el golpe. Hay que considerar dicha movilización como un punto de inflexión a partir del cual debemos repensar el movimiento y nuestras organizaciones.

Hay una convicción que parece emerger de todo esto: es imprescindible el movimiento de masas con objetivos claros, y esto solo se logra con trabajo de base serio, responsable y, desgraciadamente, más lento de lo que se espera. Los atajos no hacen más que alargar el camino, obstaculizando el avance. El trabajo de base no es únicamente una herramienta circunstancial, es el sustento para recomponer las fuerzas del movimiento estudiantil y popular.

A la vez, es un requerimiento urgente que el conocimiento producido en nuestros espacios deje de ser un ejercicio intelectual vacío que gira sobre si mismo, para posicionarse como un arma contundente que nace de nuestra labor como estudiantes –o académicos comprometidos con el cambio social-, pero que se genera desde el pueblo y sus organizaciones, en un movimiento solidario de unidad y convergencia social.

Construyendo Organización Estudiantil y Popular.
TRASEN
– 04/08 -

Petitorio Universidad Catolica de Valpo

2008-04-26T17:40:00.001-07:00

La Cato de Valpo movilizada:

Como estudiantes hoy, y mañana como profesionales debemos tener la suficiente conciencia critica, para entender que las diferencias sociales se producen por el actual modelo económico, que concretamente en el plano de la educación, la reduce a las relaciones y equilibrios de oferta y demanda, que no se condicen necesariamente con las necesidades de las personas.

Existe una relación indivisible entre el Estado y la Educación, esta constituye un derecho esencial e inalienable de cada ser humano, como la riqueza fundamental de una sociedad. El Estado debe asegurar el acceso y la mantención de cada persona en una educación de calidad y al servicio del desarrollo de nuestra sociedad, es decir, reconocemos al Estado docente.

Entendemos como Universidad a una comunidad activa de personas en el saber, y también como uno de los motores fundamentales de desarrollo y perfeccionamiento social, como un lugar de formación de sujetos con conciencia crítica, dentro de amplios marcos de pluralismo, construcción participativa que propenda a la democratización del conocimiento y a proponer soluciones a problemas tanto nacionales, regionales, locales o sectoriales.

Además la Universidad, en un marco de mayor participación debe tender a la regionalización y salir de su ensimismamiento (centrada sólo en sus planteles educacionales) para vincularse de una mejor forma con la comunidad que la rodea, fomentando el desarrollo productivo y equitativo. Este es el rol público que deben tener las instituciones educacionales, no importando su naturaleza tanto estatal o privada.

También consideramos que la Universidad debe tener un rol más activo en cuanto a la difusión, generación y, por tanto la democratización del conocimiento y de los estamentos universitarios (Triestamentalidad como ejemplo) .

Por esto los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso exigimos:

Demandas a corto plazo

Ante todo debemos reconocer la condición universal y permanente de estudiante, sin discriminación de ningún tipo e independiente de su actividad y del lugar donde éste se encuentre.

Se deja claro que la TNE nace de una demanda histórica del movimiento estudiantil, en sus orígenes llamado Pase Único Nacional y no de una iniciativa gubernamental.

Respecto a los Decretos y la Ley General de Educación, y teniendo en consideración lo acordado en el Zonal Quinta se demanda lo siguiente:

A- Congelamiento de tarifas hasta derogación del Decreto 45. Esto por el alza excesiva de tarifas que éste permite (50% del valor de la tarifa adulta) y que no se condice con la calidad de vida y realidad económica de la familia chilena. Además porque contiene una clara discriminación en el trato tarifario entre los estudiantes de la región metropolitana (33% de la tarifa adulta) y de las demás regiones. Por ello exigimos la universalización del porcentaje de la tarifa escolar, teniendo como límite el actual porcentaje que posee la Región Metropolitana. Se exige a su vez, un reajuste en el tramo “No Urbano” superior a 50 kilómetros, a un 50% de la tarifa adulta.

Además se exige la extensión del uso de la tarjeta para los 365 días del año y las 24 horas del día. Eliminándose del Decreto 20 la expresión “año escolar” que hoy restringe su uso sólo de marzo a diciembre. Entendiéndose la condición universal y permanente de estudiante planteado al inicio. Las modificaciones pertinentes deben ir en el artículo número 7, inciso 3 de dicho Decreto.

B- Rechazo absoluto al pase regional con beneficios entregado por el gremio microbusero, el cual sólo entrega la posibilidad de ocuparlo los fines de semana y el período estival. Las Federaciones de Estudiantes de Chile agrupadas en la CONFECH acordaron apuntar a un Pase Único Nacional, actual TNE que reconoce la condición universal y permanente del estudiante, es decir, contiene mayores beneficios que el actual pase entregado por los empresarios (la posibilidad de utilizarlo los 365 días del año y las 24 horas del día) Además consideramos necesario que legalmente se impida cualquier pase paralelo y/o privado como a su vez, cualquier otro documento que se atribuye dicho beneficio.

C- Entendemos que la única solución definitiva al conflicto es lo planteado en el punto A y rechazamos de plano una posible subvención a las tarifas escolares, que sólo iría en beneficio de los intereses privados, en este caso de los empresarios microsbuseros. Además, planteamos el rechazo absoluto a la condonación de las multas sancionadas por la Inspección del Trabajo al gremio Microbusero.

D- Se exige evitar la promulgación de la nueva Ley General de Educación, la cual rechazamos, por: 1- Los principios, valores y enunciaciones que asimila la ley sobre el rol del Estado en la educación no tienen un instrumento jurídico para hacerlos realidad (por ejemplo, se consagra el principio de la participación pero, los padres y apoderados y los estudiantes no tienen injerencia en la toma de decisiones del establecimiento. 2- Tratándose de los sostenedores, los requisitos que la ley exige para tener tal calidad siguen siendo mínimos (título universitario o técnico); 3- La composición del Consejo Nacional de Educación al no representar a los actores de la educación; 4- No elimina el lucro en que incurren los sostenedores privados a través de los recursos públicos; 5-No apunta al problema fundamental del sistema público educativo chileno: la municipalización.

E- Exigimos que se cree una plataforma nacional representativa de los actores sociales de la educación. En este sentido, rechazamos los criterios de representatividad impuestos por el Gobierno en las anteriores comisiones, puesto que los estudiantes nos encontrábamos disminuidos en proporción y relevancia.

Esta plataforma debe tener como objetivos la confección de una nueva Ley Orgánica de Educación que comprenda todos sus niveles , en torno a las exigencias de: Financiamiento Estatal (por ejemplo Arancel Diferenciado), el rechazo al lucro, Calidad y Democratización (por ejemplo la Triestamentalidad), como condiciones mínimas e impostergables del movimiento estudiantil. Además, esta plataforma debe llevar una discusión a fondo sobre el sentido y alcance de la libertad de enseñanza, regulada en el artículo 19 de la Constitución y trabajar en un proyecto de reforma constitucional.

Demandas a mediano plazo

La LOCE es parte fundamental en la grave crisis estructural que arrastra por años el sistema educativo chileno. Este marco regulatorio por casi dos décadas ha permitido que el Estado se desvincule de su deber intrínseco con la educación, permitiendo el lucro con los recursos públicos, sin preocuparse de las necesidades educacionales mínimas que requiere el país.

La LGE, que es aún proyecto de ley, constituye simplemente un mal maquillaje de la antigua ley, ya que no soluciona el fondo de la problemática. Nuevamente el Estado se encuentra en una posición de mero espectador sin capacidad de conducción ni dirección en la educación chilena.

Cabe mencionar que la actual LOCE y la nueva LGE son simplemente un reflejo de lo que establece la Constitución política sobre el rol del Estado en la educación, que es mínimo. Debemos por tanto tener claro que el problema se encuentra en la llamada “libertad de enseñanza” (artículo 19 número 11 de la Constitución), que constituye la base jurídica del actual sistema y que en términos económicos puede asociarse al concepto de libertad de oferta. La libertad de enseñanza establece la posibilidad de abrir y mantener todo tipo de establecimiento educacional a cualquier persona, lo cual constituye la puerta de entrada al actual lucro en la educación, y además se entiende como la libertad que tienen nuestros padres y madres para inscribirnos en un sistema público o privado de educación.

La LGE no apunta tampoco al problema de fondo que sufre el sistema educativo chileno, el cual es la municipalización. Hoy las municipalidades tienen diversos deberes y funciones, dentro de las más importantes, la educación. Pero carecen del personal técnico preparado y del presupuesto necesario para enfrentar dichas tareas.

Basándose en las consideraciones antes expuestas, los estudiantes de la PUCV rechazan el proyecto de Ley General de Educación, y exigen la generación de una nueva Ley Orgánica de Educación, que deberá ser elaborada por la plataforma nacional propuesta dentro del punto E.

El informe final del CAPESUP prontamente se materializará en la parte correspondiente a la educación terciaria de la Ley General de Educación. Este informe no contiene criterios determinantes para eliminar el lucro en la educación y no asegura la efectiva democratización de las instituciones de Educación Superior. Es por estas razones que los estudiantes de la PUCV rechazan este informe final, entre otras cosas.
Este petitorio fue elaborado por una comisión emanada del Consejo de Presidentes, compuesto por los siguientes estudiantes:

• Reinaldo Cáceres, Periodismo.
• María Fernanda Ortega, Ed. Diferencial.
• Roberto Vargas, Filosofía.
• Jorge Sharp, Derecho.
• Christian Toledo, Ingeniería Comercial.
• Francisco Húmeres, Ingeniería Comercial.
• Alfred Hinrichsen, Historia.
• Mauricio Araneda, Presidente FEPUCV.

ALZA DE PRECIOS

2008-04-19T15:18:00.000-07:00

Trabajadores subcontratados del cobre en huelga nacional

2008-04-17T09:38:00.000-07:00

www.elclarin.cl

escrito por Redacción/Colaboradores
miércoles, 16 de abril de 2008
Santiago.- Unos cuatro mil trabajadores subcontratados de Codelco del mineral El Teniente, en la Región de O'Higgins, paralizaron sus funcionesna partir de las 7:00 de la mañana, en protesta por supuestos incumplimientos de los acuerdos alcanzados con la firma estatal, informó Radio Cooperativa. Otras protestas se han expresado en las divisiones de Andina, El Salvador y en Calama, donde los trabajadores han tomado el camino de acceso a Chuquicamata.

Se trata de la segunda huelga nacional de subcontratistas del cobre. La anterior, el año 2007, finalizó tras la mediación de obispo de Rancagua Alejandro Goic y el compromiso de Codelco, el que hasta hoy, dicen los trabajadores, no se ha cumplido.

El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas, quien lidera la movilización, señaló que Codelco ha obviado el acuerdo marco firmado en agosto pasado, que puso fin a 37 días de movilizaciones.

El presidente nacional de la CTC, Cristián Cuevas se encuentra en El Teniente, coordinando las acciones de todo el país y desde allí hizo un llamado a Codelco y a las autoridades para que intervengan en el conflicto, informó el sitio web de La Tercera.

"Hoy se ha iniciado una nueva Huelga General de Trabajadores, no quisimo el conflicto, pero Codelco nos ha obligado al conflicto, las autoridades, los parlamentarios, los ministros y la propia presidenta saben que golpeamos todas las puertas, pero parece que en este país los trabajadores sólo somos escuchados cuando nos movilizamos", expresó a través de un comunicado.

Cuevas dijo que la mejor demostración "de que ningún acuerdo se ha cumplido es esta masiva huelga, porque ningún trabajador se va a arriesgar si estuviera recibiendo los beneficios".

"Estamos solicitando la intervención del Gobierno, porque Codelco le ha mentido al país, a la Iglesia (Católica) y a los trabajadores. El acuerdo marco se cumple y esa debe ser una resolución de la presidenta Michelle Bachelet", afirmó Cristián Cuevas.
Codelco dijo que por el momento no había un impacto en su producción de cobre debido a una huelga que iniciaron los trabajadores subcontratados de la firma.
"No hay impacto productivo a esta hora del día", dijo un portavoz de Codelco, el mayor productor de cobre en el mundo.
La noticia de la huelga hizo subir los precios del cobre en Londres y Estados Unidos. Codelco ha insistido en que los acuerdos alcanzados el 2007 se han cumplido en su totalidad.
A mediados del año pasado, los trabajadores subcontratados lograron golpear la producción de la minera estatal, en busca de mejoras salariales, laborales y el cumplimiento de la ley de subcontratación, que obligaba a Codelco a ingresar a su plantilla a miles de empleados.
Dicha paralización finalizó cuando los trabajadores firmaron un acuerdo con Codelco, en donde la Iglesia Católica actuó como garante. Los empleados aseguran que no se respetó dicha resolución.
"Se nos agotó la paciencia y esto va en ascenso. Hasta que no haya una resolución inmediata nosotros no vamos a levantar este paro", agregó Cuevas, quien marchaba junto a cientos de empleados en el camino de acceso de la División El Teniente.
Codelco produjo 1,58 millones de toneladas de cobre en el 2007, un 5,5% menos que el año previo, sin considerar su participación en la mina El Abra.

Crisis orgánica y revolución pasiva: el enemigo toma la iniciativa

2008-04-15T06:55:00.000-07:00

Desde Marx y Engels hasta Lenin, Trotsky y Mao, desde Mariátegui, Mella, Recabarren y Ponce hasta el Che Guevara y Fidel, gran parte de las reflexiones de los marxistas sobre la lucha de clases han girado en torno a la necesidad de asumir la iniciativa política por parte de los trabajadores y el pueblo.

Pero ¿qué sucede cuando la iniciativa la toman nuestros enemigos? ¿Qué hacer cuando los segmentos más lúcidos de la burguesía intentan resolver la crisis orgánica de hegemonía, legitimidad política y gobernabilidad apelando a discursos y simbología “progresistas”, poniéndose a la cabeza de los cambios para desarmar, dividir, neutralizar y finalmente cooptar o demonizar a los sectores populares más intransigentes y radicales?

Para pensar esos momentos difíciles, tan llenos de matices, Gramsci elaboró una categoría: la “revolución pasiva”. La tomó prestada de historiadores italianos, pero le otorgó otro significado.

La revolución pasiva es para Gramsci una “revolución-restauración”, o sea una transformación desde arriba por la cual los poderosos modifican lentamente las relaciones de fuerza para neutralizar a sus enemigos de abajo.

Mediante la revolución pasiva los segmentos políticamente más lúcidos de la clase dominante y dirigente intentan meterse “en el bolsillo” (la expresión es de Gramsci) a sus adversarios y opositores políticos incorporando parte de sus reclamos, pero despojados de toda radicalidad y todo peligro revolucionario. Las demandas populares se resignifican y terminan trituradas en la maquinaria de la dominación.

¿Cómo enfrentar esa iniciativa? ¿De qué manera podemos descentrar esa estrategia burguesa?

Resulta relativamente fácil identificar a nuestros enemigos cuando ellos adoptan un programa político de choque o represión a cara descubierta. Pero el asunto se complica notablemente cuando los sectores de poder intentan neutralizar al campo popular apelando discursivamente a una simbología “progresista”. En esos momentos, navegar en el tormentoso océano de la lucha de clases se vuelve más complejo y delicado...

Dentro de ese conglomerado de olas y mareas políticas que se entrecruzan, no todo aparece tan nítidamente diferenciado ni delimitado como pudiera suponerse. En la actual coyuntura política latinoamericana verificamos, por ejemplo, una notable diferencia entre Cuba, Venezuela y posiblemente Bolivia (en este caso particular no tanto por las moderadas posiciones políticas de su presidente sino más que todo por los poderosos movimientos sociales que tiene por detrás), por un lado; con Chile, Argentina y Uruguay, por el otro.

Si Cuba y Venezuela encabezan la rebeldía contra el imperio, el segundo bloque de naciones —ubicado en el cono sur de nuestra América— expresa más bien cierto aggiornamiento del modelo neoliberal. En este sentido, aunque cada sociedad particular tiene sus propios desafíos, existen problemáticas generales que bien valdría la pena repensar, eludiendo los cantos de sirena embriagadores —por ahora hegemónicos— que hoy pretenden reactualizar las viejas ilusiones reformistas que padecimos hace tres décadas atrás y que tanta sangre, tragedia y dolor nos costaron. En el caso de Argentina, Chile y Uruguay ya no se trata hoy en día del añejo y deshilachado “tránsito pacífico” al socialismo sino, incluso, de una propuesta muchísimo más modesta: la reforma del capitalismo neoliberal en aras de un supuesto “capitalismo nacional” (en la jerga de Kirchner) o “capitalismo a la uruguaya” (para Uruguay) y así de seguido. Hasta el tímido socialismo del “tránsito pacífico” se diluye y el horizonte se estrecha con los vanos intentos por endulzar al capitalismo y volverlo menos cruel y salvaje...

En esta situación compleja, en el cono sur latinoamericano asistimos a un difícil desafío: pensar desde el marxismo revolucionario no en la inminencia del asalto al poder o de ofensiva abierta de los sectores populares, sino en aquellos momentos del proceso de la lucha de clases donde el enemigo pretende mantener y perpetuar el neoliberalismo de manera sutil y encubierta. No lo pretende hacer de cualquier manera. Paradójicamente, las clases dominantes intentan resolver su crisis orgánica, garantizar la gobernabilidad y mantener sus jugosos negocios enarbolando nuestras propias banderas (oportunamente resignificadas). Resulta más sencillo enfrentar y golpear a un enemigo frontal que intenta aplastarnos enarbolando banderas neoliberales y fascistas (el caso emblemático de Pinochet en Chile y Videla o Menem en Argentina es arquetípico). Pero deviene extremadamente complejo responder políticamente cuando el neoliberalismo se disfraza de “progre”, continúa beneficiando al gran capital en nombre de “la democracia”, los “derechos humanos”, la “sociedad civil”, el “respeto por la diversidad”, etc., etc., etc.

Estos procesos y mecanismos de dominación política utilizados en la actualidad por las clases dominantes del cono sur latinoamericano y sus amos imperiales se asientan en una prolongada y extensa tradición previa.

No han surgido por arte de magia. Sólo constituyen un “enigma irresoluble” si, como tantas veces nos sugirió el posmodernismo, hacemos abstracción de nuestra historia nacional y continental.

La revolución pasiva

en la historia de América latina

Durante el siglo XIX, a lo largo de la conformación histórica de los estados-naciones latinoamericanos, se entabló una singular relación entre Estado y sociedad civil. A diferencia de algunos esquemas mecánicos y simplistas, supuestamente “marxistas”1, en América latina la relación entre sociedad civil y Estado ha sido en gran medida diferente al proceso de las sociedades europeas2.

Entre nosotros, en no pocas oportunidades, el Estado no fue un producto posterior que venía a reforzar una realidad previamente constituida sobre sus propias bases sino que, por el contrario, contribuyó de manera activa a conformar sociedad civil. No puede explicarse, por ejemplo, la inserción subordinada y dependiente de las formaciones sociales latinoamericanas en el mercado mundial durante el siglo XIX si se desconoce la mediación estatal. No puede comprenderse el proceso genocida de los pueblos originarios de nuestra América, el robo, la expropiación de sus tierras y la incorporación de la producción agrícola o minera al mercado mundial si se prescinde del accionar estatal. No puede entenderse la conformación de las grandes unidades productivas, como las plantaciones, las minas, las haciendas, que combinaban la explotación forzada de fuerza de trabajo con una producción de valores de cambio destinados a ser intercambiados y vendidos en el mercado mundial capitalista, si se deja de lado el rol activo jugado por el Estado. Ese protagonismo central no tuvo lugar únicamente en la llamada acumulación originaria del capital latinoamericano. Posteriormente, cuando el capitalismo y el mercado ya funcionaban en América Latina sin andadores ni muletas, el Estado siguió jugando un rol decisivo.

Entre las muchas instituciones que conforman el entramado estatal hubo una institución en particular que ocupó este rol central: el Ejército (entendido en sentido amplio, como sinónimo de Fuerzas Armadas)3. Junto con la represión feroz de numerosos sujetos sociales —pueblos indígenas y negros, gauchos, llaneros, etc— reacios a incorporarse como mansa y domesticada fuerza de trabajo, los ejércitos latinoamericanos también ocuparon, gerenciaron y realizaron tareas estrictamente económicas.

Ese rol privilegiado y muchas veces preponderante en América Latina no sólo fue central a lo largo de todo el siglo XIX. En el siglo XX el bonapartismo militar4 ocupó el rol activo que no jugaron ni podían jugar las débiles, impotentes y raquíticas burguesías autóctonas latinoamericanas (injustamente denominadas “burguesías nacionales” por sus apologistas). Ante la ausencia de proyectos sólidos, pujantes y auténticamente nacionales, las burguesías latinoamericanas perdieron su escasa y delgada autonomía, si es que alguna vez la tuvieron5, y terminaron jugando el rol sumiso de socias menores y subsidiarias de los grandes capitales. Sólo podían disfrutar del solcito del mercado interno y del mercado mundial a condición de acomodarse con la cabeza gacha y el sombrero entre las manos en los lugares secundarios y los espacios semivacíos que les dejaban los capitales multinacionales. Es por eso que gran parte de las industrializaciones latinoamericanas del siglo XX fueron en realidad seudoindustrializaciones, ya que no modificaron la estructura previa heredada por las burguesías agrarias del siglo XIX6.

Hoy en día resulta a todas luces errónea y fuera de foco la falsa imagen y la ilusoria dicotomía —construida artificialmente desde relatos encubridores y apologistas— que enfrentaría a “burguesías nacionales, democráticas, industrialistas, antiimperialistas y modernizadoras” versus “oligarquías terratenientes, tradicionalistas, autoritarias y vendepatrias”. Nuestra historia real, repleta de golpes de estado, masacres y genocidios planificados, ha seguido un derrotero notablemente diverso al que postulaban los cómodos “esquemas clásicos” y los complacientes “tipos ideales” construidos a imagen y semejanza de las principales formaciones sociales europeas. La historia latinoamericana desobedeció a la lógica europea; la lucha de clases empírica no se dejó atrapar por el esquema ideal; el desarrollo desigual, articulado y combinado de múltiples dominaciones sociales desoyó los consejos políticos etapistas que aconsejaban apoyar a una u otra fracción burguesa (“burguesía democrática” la llamó el reformismo stalinista, “burguesía nacional” la denominó el populismo) contra el supuesto enemigo oligárquico. En América Latina las burguesías nacieron oligárquicas y las oligarquías fueron aburguesándose mientras se modernizaban. Las modernizaciones no vinieron desde abajo sino desde arriba. No fueron democráticas ni plebeyas, sino oligárquicas y autoritarias. No fueron producto de “revoluciones burguesas antifeudales” —como rezaban ciertos manuales— sino de revoluciones-restauradoras, revoluciones pasivas encabezadas e impulsadas por las oligarquías aburguesadas.

Fueron las propias oligarquías, a través del aparato de Estado y en particular de las fuerzas armadas, las que emprendieron —a sangre, tortura y fuego— el camino de modernizar su inserción siempre subordinada en el mercado mundial capitalista7. El liberalismo latinoamericano no fue, como en la Francia de los siglos XVII y XVIII, progresista sino autoritario y represivo. En nuestras patrias despanzurradas a golpes de bayoneta y destrozadas a picana y palazos, jamás existió modernización económica sin represión política.

Las burguesías locales fueron históricamente débiles para independizar nuestras naciones del imperialismo pero al mismo tiempo fueron lo suficientemente fuertes como para neutralizar e impedir los procesos de lucha social radical de las clases populares.

Las sangrientas dictaduras latinoamericanas —cuyas consecuencias nefastas seguimos padeciendo hasta nuestro presente— que asolaron nuestro continente durante las décadas de los años ’70 y ’80 no fueron, en consecuencia, un rayo inesperado en el cielo claro de un mediodía de verano. No constituyeron una “anomalía”, una excepción a la regla, el interregno entre dos momentos de normalidad y paz. Fueron más bien la regla de nuestros capitalismos periféricos, dependientes y subordinados a la lógica del sistema capitalista mundial.

Nuevos tiempos de luchas y nuevas formas de
dominación durante la “transición a la democracia”

Agotadas las antiguas formas políticas dictatoriales mediante las cuales el gran capital —internacional y local— ejerció su dominación y logró remodelar las sociedades latinoamericanas inaugurando a escala mundial el neoliberalismo8 nuestros países asistieron a lo que se denominó, de modo igualmente apologético e injustificado, “transiciones a la democracia”.

Ya llevamos casi veinte años, aproximadamente, de “transición”. ¿No será hora de hacer un balance crítico? ¿Podemos hoy seguir repitiendo alegremente que las formas republicanas y parlamentarias de ejercer la dominación social son “transiciones a la democracia”? ¿Hasta cuando vamos a continuar tragando sin masticar esos relatos académicos nacidos al calor de las becas de la socialdemocracia alemana y los subsidios de las fundaciones norteamericanas?

En nuestra opinión, y sin ánimo de catequizar ni evangelizar a nadie, la puesta en funcionamiento de formas y rituales parlamentarios dista largamente de parecerse aunque sea mínimamente a una democracia auténtica. Resulta casi ocioso insistir con algo obvio: en nuestros países latinoamericanos hoy siguen dominando los mismos sectores sociales de antaño, los de gruesos billetes y abultadas cuentas bancarias. Ha mutado la imagen, ha cambiado la puesta en escena, se ha transformado el discurso, pero no se ha modificado el sistema económico, social y político de dominación. Incluso se ha perfeccionado9.

Estas nuevas formas de dominación política —principalmente parlamentarias— nacieron producto de la lucha de clases. En nuestra opinión no fueron un regalo gracioso de su gran majestad, el mercado y el capital (como sostiene cierta hipótesis que termina presuponiendo, inconscientemente, la pasividad total del pueblo), pero lamentablemente tampoco fueron únicamente fruto de la conquista popular y del “avance democrático de la sociedad civil” que lentamente se va empoderando de los mecanismos de decisión política marchando hacia un porvenir luminoso (como presuponen ciertas corrientes que terminan cediendo al fetichismo parlamentario). En realidad, los regímenes políticos postdictadura, en Argentina, en Chile, en Uruguay y en el resto del cono sur latinoamericano, fueron producto de una compleja y desigual combinación de las luchas populares y de masas —en cuya estela alcanza su cenit la pueblada argentina de diciembre de 2001— con la respuesta táctica del imperialismo que necesitaba sacrificar momentáneamente algún peón militar de la época neolítica para reacomodar los hilos de la red de dominación, cambiando algo para que nada cambie.

Con discurso “progre” o sin él, la misión estratégica que el capital transnacional y sus socias más estrechas, las burguesías locales, le asignaron a los gobiernos “progresistas” de la región —desde el Frente Amplio uruguayo y el PJ del argentino Kirchner hasta la concertación de Bachelet en Chile— consiste en lograr el retorno a la “normalidad” del capitalismo latinoamericano. Se trata de resolver la crisis orgánica reconstruyendo el consenso y la credibilidad de las instituciones burguesas para garantizar EL ORDEN. Es decir: la continuidad del capitalismo. Lo que está en juego es la crisis de la hegemonía burguesa en la región, amenazada por las rebeliones y puebladas —como la de Argentina o Bolivia— y su eventual recuperación.

Desde nuestra perspectiva, y a pesar de las esperanzas populares, la manipulación de las banderas sociales, el bastardeo de los símbolos de izquierda y la resignificación de las identidades progresistas tienen actualmente como finalidad frenar la rebeldía y encauzar institucionalmente la indisciplina social. Mediante este mecanismo de aggiornamiento supuestamente “progre” las burguesías del cono sur latinoamericano intentan recomponer su hegemonía política. Se pretende volver a legitimar las instituciones del sistema capitalista, fuertemente devaluadas y desprestigiadas por una crisis de representación política que hacía años no vivía nuestro continente. Los equipos políticos de las clases dominantes locales y el imperialismo se esfuerzan de este modo, sumamente sutil e inteligente, en continuar aislando a la revolución cubana (a la que se saluda, pero... como algo exótico y caribeño), conjurar el ejemplo insolente de la Venezuela bolivariana (a la que se sonríe pero... siempre desde lejos), seguir demonizando a la insurgencia colombiana y congelar de raíz el proceso abierto en Bolivia.

Los desafíos de la izquierda latinoamericana

antiimperialista y anticapitalista frente a su propia historia

¿Cómo enfrentar entonces ese aggiornamiento de las formas políticas de dominación, ese intento gatopardista por cambiar algo para que el ORDEN siga igual y nada cambie de fondo?

Descartada la visión ingenua de un optimismo eufórico que postula en el terreno de las consignas agitativas un peligroso y falso triunfalismo —calificando como “avance revolucionario” a los gobiernos de Tabaré Vázquez, Kirchner o Bachelet—, debemos hacer el esfuerzo por comprender nuestros desafíos políticos a partir de nuestra propia historia y nuestras propias necesidades10. Así lo hizo Fidel cuando encabezó la revolución cubana, así lo hace Chávez en Venezuela. Así lo hicieron los sandinistas, los salvadoreños y los tupamaros en sus épocas fundacionales (cuando eran radicales y estaban contra el sistema), así lo hacen las FARC y el ELN en Colombia, al igual que los zapatistas en Chiapas. En el cono sur latinoamericano se nos impone encontrar nuestra propia perspectiva estratégica y nuestro rumbo político a partir de nuestra propia historia. ¡Debemos estudiar y tomar en serio a la historia!

Eso implica estar alertas frente a cualquier manipulación oportunista. Es cierto que todo relato histórico presupone construir genealogías en el pasado para defender y legitimar políticas hacia el futuro. Pero todo tiene un límite. No se puede ir al pasado, “meter mano”, poner y sacar a gusto y piacere según las oportunidades del caso...

Por ejemplo, en la Argentina, no se puede poner en las banderas y en los carteles las imágenes de Santucho y del Che Guevara y luego, como por arte de magia, borrar esos símbolos para reemplazarlos por la foto de Juan Domingo Perón. Y luego, si cambian las alianzas políticas del momento, archivar rápidamente a Perón y volver a poner a Santucho o a quien convenga en esa ocasión. Siempre con la misma sonrisa cínica. ¡Como si todo fuera lo mismo! Eso es poco serio. Eso es hacer manipulación vulgar de la historia en función del presente inmediato. Así no se construye una identidad política de masas que logre aglutinar a la juventud rebelde y a la clase trabajadora combativa en función de un proyecto de emancipación radical. Los cubanos designan a esas maniobras como vulgar “politiquería”. Lenin las denominaba “oportunismo”. En cada uno de los países de nuestra América hay un término para hacer referencia a lo mismo.

La historia debe ser nuestra fuente genuina de inspiración, no un cómodo salvoconducto oportunista.

Formación política, hegemonía

socialista e internacionalismo

No sólo debemos inspirarnos en la historia. En la actual fase de la correlación de clases —signada por la acumulación de fuerzas— necesitamos generalizar la formación política de la militancia de base. No sólo de los cuadros dirigentes sino de toda la militancia popular. Se torna imperioso combatir el clientelismo y la práctica de los “punteros” (negociantes de la política mediante las prebendas del poder), solidificando y sedimentando una fuerte cultura política en la base militante, que apunte a la hegemonía socialista sobre todo el movimiento popular. No habrá transformación social radical al margen del movimiento de masas. Nos parecen ilusorias y fantasmagóricas las ensoñaciones posmodernas y posestructuralistas que nos invitan irresponsablemente a “cambiar el mundo sin tomar el poder”. No se pueden lograr cambios de fondo sin confrontar con las instituciones centrales del aparato de Estado. Debemos apuntar a conformar, estratégicamente y a largo plazo —estamos pensando en términos de varios años y no de dos meses— organizaciones guevaristas de combate.

¿Por qué organizaciones? Porque el culto ciego a la espontaneidad de las masas constituye un espejismo muy simpático pero ineficaz. Todo el movimiento popular que sucedió a la explosión del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina diluyó su energía y terminó siendo fagocitado por la ausencia de organización y de continuidad en el tiempo (organización popular no equivale a sumatoria de sellos partidarios que tienen como meta máxima la participación en cada contienda electoral).

¿Por qué guevaristas? Porque en nuestra historia latinoamericana el guevarismo constituye la expresión del pensamiento más radical de Marx y Lenin y de todo el acervo revolucionario mundial, descifrado a partir de nuestra propia realidad y nuestros propios pueblos. El guevarismo se apropia de lo mejor que produjeron los bolcheviques, los chinos, los vietnamitas, las luchas anticolonialistas del África, la juventud estudiantil y trabajadora europea, el movimiento negro norteamericano y todas las rebeldías palpitadas en varios continentes. El guevarismo no es calco ni es copia, constituye una apropiación de la propia historia del marxismo latinoamericano, cuyo fundador es, sin ninguna duda, José Carlos Mariátegui. Guevara no es una remera. Su búsqueda política, teórica, filosófica constituye una permanente invitación a repensar el marxismo radical desde América Latina y el Tercer Mundo. No se lo puede reducir a tres consignas y dos frases hechas. Aun tenemos pendiente un estudio colectivo serio y una apropiación crítica del pensamiento marxista del Che entre nuestra militancia11.

¿Por qué de combate? Porque tarde o temprano nos toparemos con la fuerza bestial del aparato de Estado y su ejercicio permanente de fuerza material. Así nos lo enseña toda nuestra historia. Insistimos: ¡hay que tomarse en serio la historia! Pretender eludir esa confrontación puede resultar muy simpático para ganar una beca o seducir al público lector en un gran monopolio de la (in)comunicación. Pero la historia de nuestra América nos demuestra, con una carga de dramatismo tremenda, que no habrá revoluciones de verdad sin el combate antiimperialista y anticapitalista. Debemos prepararnos a largo plazo para esa confrontación. No es una tarea de dos días sino de varios años. Debemos dar la batalla ideológica para legitimar en el seno de nuestro pueblo la violencia plebeya, popular, obrera y anticapitalista; la justa violencia de abajo frente a la injusta violencia de arriba.

Pero al identificar el combate como un camino estratégico debemos aprender de los errores del pasado, eludiendo la tentación militarista. Las nuevas organizaciones guevaristas deberán estar estrechamente vinculadas a los movimientos sociales. No se puede hablar “desde afuera” al movimiento de masas. Las organizaciones que encabecen la lucha y marquen un camino estratégico, más allá del día a día, deberán ser al mismo tiempo “causa y efecto” de los movimientos de masas. No sólo hablar y enseñar sino también escuchar y aprender. ¡Y escuchar atentamente y con el oído bien abierto! La verdad de la revolución socialista no es propiedad de ningún sello, se construirá en el diálogo colectivo entre las organizaciones radicales y los movimientos sociales. Las vanguardias —perdón por utilizar este término tan desprestigiado en los centros académicos del sistema— que deberemos construir serán vanguardias de masas, no de elite.

Si durante la lucha ideológica de los ’90 —en los tiempos del auge neoliberal— nos vimos obligados a batallar en la defensa de Marx, remando contra la corriente hegemónica, en la década que se abre en el 2000, Marx solo ya no alcanza. Ahora debemos ir por más, dar un paso más e instalar en la agenda de nuestra juventud a Lenin y al Che (y a todas y todos sus continuadores). Reinstalar al Che entre nuestra militancia implica recuperar la mística revolucionaria de lucha extrainstitucional que nutrió a la generación latinoamericana de los ’60 y los ’70.

Tenemos pendiente pensar y ejercer la política más allá de las instituciones, sin ceder al falso “horizontalismo” —cuyos partidarios gritan “¡que no dirija nadie!” porque en realidad quieren dirigir ellos— ni quedar entrampados en el reformismo y el chantaje institucional. Nada mejor entonces que combinar el espíritu de ofensiva de Guevara con la inteligencia y lucidez de Gramsci para comprender y enfrentar el gatopardismo. Saber salir de la política de secta, asumir la ofensiva ideológica y al mismo tiempo ser lo suficientemente lúcidos como para enfrentar el transformismo político de las clases dominantes que enarbolan banderas “progresistas” para dominarnos mejor.

Como San Martín, Artigas, Bolívar, Sucre, Manuel Rodríguez, Juana Azurduy y José Martí, como Guevara, Fidel, Santucho, Sendic, Miguel Enríquez, Inti Peredo, Carlos Fonseca y Marighella, debemos unir nuestros esfuerzos y voluntades colectivas a largo plazo en una perspectiva internacionalista y continental. En la época de la globalización imperialista no es viable ni posible ni realista ni deseable un “capitalismo nacional”.

No podemos seguir permitiendo que la militancia abnegada —presente en diversas experiencias reformistas del cono sur— se transforme en “base de maniobra” o elemento de presión y negociación para el aggiornamiento de las burguesías latinoamericanas. Los sueños, las esperanzas, los sufrimientos, los sacrificios y toda la energía rebelde de nuestros pueblos latinoamericanos no pueden seguir siendo expropiados. Nos merecemos algo más que un miserable “capitalismo con rostro humano” y una mugrienta modernización de la dominación.

Octubre de 2006

1 Estos esquemas simplistas fueron extraídos principalmente de: (a) los estudios de orden filosófico de la década de 1840, críticos de la Filosofía de derecho de Hegel, donde Marx le reprochaba a su maestro subordinar la sociedad civil al Estado; y de (b) los análisis sociológicos de la década de 1850 donde Marx analizó la sociedad francesa y el fenómeno político bonapartista.

2 Véase el inteligente estudio de Carlos Nelson Coutinho sobre Gramsci en América Latina y particularmente sobre la revolución pasiva en Brasil “As categorías de Gramsci e a realidade brasileira”. En C.N.Coutinho: Gramsci. Um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1999. También pueden consultarse con provecho los trabajos de Florestan Fernandez sobre la revolución burguesa, recopilados por Octavio Ianni: Florestan Fernandes: sociología crítica e militante. São Paulo, Expressão Popular, 2004. Juan Carlos Portantiero había adelantado algunas inteligentes reflexiones en este sentido en su archicitado ensayo “Los usos de Gramsci” [1975] (Buenos Aires, Grijalbo, 1999), pero a diferencia de los dos autores anteriores, Portantiero terminó convirtiendo a Gramsci en un comodín socialdemócrata bastardeado hasta límites inimaginables.

3 Véase nuestro trabajo “Los verdugos latinoamericanos: las Fuerzas Armadas de la contrainsurgencia a la globalización”, ensayo incorporado en nuestro: Pensar a contramano. Las armas de la crítica y la crítica de las armas. Buenos Aires, Editorial Nuestra América, 2006.

4 Adoptamos esta categoría de Mario Roberto Santucho: Poder burgués, poder revolucionario [1974]. En Daniel De Santis [compilador]: A vencer o morir. PRT-ERP Documentos. Bs.As., EUDEBA, 1998 (tomo I) y 2000 (Tomo II).

5 Véase el testamento político del Che, cuando afirma: “Por otra parte las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al imperialismo -si alguna vez la tuvieron- y sólo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer; o revolución socialista o caricatura de revolución”. “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental” (ediciones varias).

6 Véase el capítulo “Expansión industrial, imperialismo y burguesía nacional” del libro de Silvio Frondizi: La realidad argentina. Ensayo de interpretación sociológica (en dos tomos, Tomo I: 1955 y Tomo II: 1956); Víctor Testa [seudónimo de Milcíades Peña]: “Industrialización, seudoindustrialización y desarrollo combinado”. En Fichas de investigación económica y social, Año I, N°1, abril de 1964. p.33-44. Este artículo fue recopilado póstumamente en Milcíades Peña: Industrialización y clases sociales en la Argentina. Bs.As., Hyspamérica, 1986. p.65 y ss.; y finalmente nuestro ensayo: “¿Foquismo?: A propósito de Mario Roberto Santucho y el pensamiento político de la tradición guevarista”. En Ernesto Che Guevara: El sujeto y el poder. Buenos Aires, Nuestra América, 2005.

7 Tratando de pensar la conformación social de la dominación burguesa en Argentina y América Latina de una manera diferente (tanto frente al reformismo stalinista como frente al populismo nacionalista), el viejo dirigente comunista Ernesto Giudici —quien en 1973 propuso la herética unidad del comunismo con las organizaciones político-militares PRT-ERP y Montoneros— arriesgó una hipótesis más que sugerente. Siempre decía que hay que pensar la historia latinoamericana a partir de su propia cronología histórica, sin violentarla para que entre en el lecho de Procusto de cronologías diversas. Hecha esta salvedad, Giudici consideraba pertinente una analogía con las formaciones sociales europeas; ya no con Francia —modelo de El 18 Brumario de Luis Bonaparte— ni con Inglaterra— arquetipo empírico que está en la base de El Capital—, sino con el prusianismo alemán. La formación histórica del capitalismo en Argentina, por ejemplo, se asemejaba mucho más a la atrasada Prusia que a las modernas Francia o Inglaterra. Como en Prusia, la burguesía argentina vivía haciendo pactos y compromisos con los propietarios terratenientes, utilizando al ejército como fuerza social privilegiada en política y reprimiendo toda vida cultural autónoma. La hipótesis analógica del “prusianismo” cumplía en los razonamientos de Giudici un rol mucho más abarcador que el “camino prusiano en la agricultura” del que hablaba Lenin, por contraposición a la modernización de la agricultura capitalista de los farmers norteamericanos. Véase “Herejes y ortodoxos en el comunismo argentino”, en nuestro De Ingenieros al Che. Ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano. Buenos Aires, Biblos, 2000 [hay reedición cubana ampliada, 2006].

8 Es bien conocido el análisis del historiador británico Perry Anderson (a quien nadie puede acusar de provincianismo intelectual o de chauvinismo latinoamericanista), quien sostiene que el primer experimento neoliberal a nivel mundial ha sido, precisamente, el de Chile. Incluso varios años antes que los de Margaret Thatcher o Ronald Reagan. No por periféricas ni dependientes las burguesías latinoamericanas han quedado en un segundo plano en la escena de la dominación social. Incluso en algunos momentos se han adelantado a sus socias mayores, y han inaugurado —con el puño sangriento de Pinochet en lo político y de la mano para nada “invisible” de Milton Friedman en lo económico—, un nuevo modelo de acumulación de capital de alcance mundial: el neoliberalismo.

9 Recordemos que para Marx la república burguesa parlamentaria —que él nunca homologaba con “democracia”— constituía la forma más eficaz de dominación política. Marx la consideraba superior a las dictaduras militares o a la monarquía porque en la república parlamentaria la dominación se vuelve anónima, impersonal y termina licuando los intereses segmentarios de los diversos grupos y fracciones del capital, instaurando un promedio de la dominación general de la clase capitalista, mientras que en la dictadura y en la monarquía es siempre un sector burgués particular el que detenta el mando, volviendo más frágil, visible y vulnerable el ejercicio del poder político.

10 En ese sentido sería conveniente no confundir las necesidades diplomáticas coyunturales de determinados Estados —a los que defendemos de la agresividad imperialista y con los cuales nos solidarizamos activamente—, con las necesidades políticas del movimiento popular en nuestros países del cono sur latinoamericano. Aunque luchamos por los mismos fines antiimperialistas y socialistas, no siempre lo que le conviene a los Estados amigos es lo que le conviene a los movimientos sociales y populares de nuestros países.

Reflexionemos sobre un ejemplo histórico concreto: la Revolución Cubana sufre un embargo criminal de EEUU desde su mismo desafío al coloso del norte. Prácticamente todos los Estados del continente, siguiendo la presión yanqui, rompieron relaciones con Cuba a inicios de los ‘60. Uno de los pocos que no lo hizo fue México. Durante décadas, en México gobernaba el PRI, partido burgués, corrupto y autoritario si los hay (surgido del congelamiento de la revolución mexicana). El PRI mantenía “hacia afuera” una política de no confrontación con Cuba, lo cual resulta muy útil diplomáticamente para frenar a EEUU. En lo interno reprimía al movimiento obrero, compraba dirigentes, dividía las organizaciones populares, masacraba estudiantes, hacía desaparecer indígenas, etc. A fines de los ’60 en México surgen organizaciones guerrilleras que son masacradas. Años más tarde, surge el EZLN contra el PRI. ¿Cuba rompe amarras contra el Estado mexicano? No, no lo puede hacer. Necesita mantener relaciones diplomáticas con el Estado mexicano para eludir el bloqueo yanqui, lo cual resulta plenamente comprensible. ¿Entonces? ¿Qué debe hacer el movimiento popular en México? ¿Apelar a la autoridad moral de Cuba para apoyar al PRI? La respuesta negativa es más que obvia (no obstante existieron corrientes que así lo hicieron durante años. La vertiente de Lombardo Toledano —de nefasta memoria— apoyaba al PRI con retórica de “izquierda”, apoyaba las represiones del gobierno como “progresistas”, incluida la masacre de Tlatelolco, etc, etc). Sobre estas dificultades objetivas que el internacionalismo militante no puede desconocer, véase nuestro diálogo-entrevista (realizado junto con el compañero Luciano Álzaga) al presidente de la Asamblea Popular de la república de Cuba Ricardo Alarcón. En http://www.lahaine.org/index.php?p=14057 y http://www.rebelion.org/noticia.php?id=30096

11 Apuntando en esa dirección y hacia esa tradición política, hemos querido contribuir con un pequeñísimo granito de arena a través de nuestro Ernesto Che Guevara: El sujeto y el poder y con diversas experiencias de formación política en varias cátedras Che Guevara, dentro y fuera de la universidad, tanto en movimientos de derechos humanos, en el movimiento estudiantil como en escuelas del movimiento piquetero.

A movilizarnos por un nuevo Campus

2008-04-13T23:22:00.001-07:00

Proyecto Bicentenario de Campus.

LAS INTENCIONES NO BASTAN. A MOVILIZARNOS POR UNA REVITALIZACIÓN REAL EN EL CAMPUS JGM.

El año pasado el movimiento estudiantil en el campus y en nuestra facultad generó discusiones y pequeñas movilizaciones en torno al proyecto JGM, el cual finalmente quedó en la nada tras perder el piso económico y político que supuestamente tuvo en sus inicios.

Este proyecto estrella del rector Víctor Pérez tuvo su renacer a fines del año pasado, ahora bajo el nombre de Proyecto Bicentenario, cuando en un emotivo discurso la mismísima Presidenta de la República comprometió dineros por parte del gobierno para la revitalización de las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales.

Se crearon comisiones de trabajo conformadas principalmente por académicos de las distintas facultades del campus, las cuales comenzaron a funcionar en Enero. Pese a que una de ellas recibió el nombre de comisión de Gestión Académica, los temas tratados en ella tenían relación esencialmente con la nueva infraestructura que se quiere implementar en el Campus. Ni hablar de líneas de desarrollo académico, de investigación o de mejoramiento de calidad. Los Decanos y demás participantes presentaron de forma totalmente antidemocrática ciertas prioridades de cada facultad, lo cual servía como argumento para llevarse el pedazo más grande en la repartición de la torta.
Siempre se recibirá de buena gana cualquier ayuda económica por parte del Estado que busque revitalizar y potenciar las áreas de nuestro alicaído Campus, sin embargo, no podemos ser ilusos y pretender que con esto vamos a solucionar todos los problemas de nuestras disciplinas, ¿Acaso “embelleciendo” nuestro entorno o construyendo edificios mucho más modernos podremos parchar la deuda histórica de los gobiernos de la concertación y particularmente de las rectorías que han dejado de lado este Campus como el hermano pobre de la familia?

La irresponsabilidad erigida en norma: inconvenientes de una gestión economicista.

Las carreras que se imparten en Juan Gómez Millas no son carreras rentables por excelencia, y nuestras facultades ya se encuentran en un hoyo económico del cual parece difícil salir tomando en cuenta que todos los años terminan el balance económico con números rojos. El auto-financiamiento universitario ha demostrado no ser propicio para el desarrollo de nuestras disciplinas.

El Proyecto Bicentenario parece no tomar en cuenta aquello y se lanza sin ninguna consideración económica a largo plazo, a la generación de nuevos gastos a futuros de manera irresponsable. ¿De qué sirve construir espléndidos edificios si después no seremos capaces de mantenerlos ni de asumir las deudas de su construcción? ¿De qué sirve que nuestros profesores se vayan a doctorar si luego nuestras facultades no contarán con los recursos para pagarles sueldos que los retengan trabajando en nuestra universidad?

Para dimensionar la magnitud del problema. El proyecto actualmente contempla un gasto de 40.000 millones de pesos aproximadamente. De los cuales 25.000 millones serían facilitados por el gobierno, 5.000 millones provendrían del fondo común de la Universidad de Chile y 5.000 millones de la venta de patrimonio, un terreno en La Reina, cuya ganancia se transformaría en activos. Los 5.000 millones restantes provendrán de las distintas facultades, no teniendo otro camino que endeudarse aún más únicamente para que se ejecute el proyecto, ni pensar para que sea sustentable a largo plazo.

El proyecto de campus no ha contemplado a la comunidad universitaria.

Como si esto fuera poco, los estudiantes que ya llevamos más de un mes asistiendo regularmente a clases, hemos recibido sólo incertidumbres, informaciones que cambian todos los días, cero comunicaciones al Campus en general. En síntesis el proyecto se esta construyendo sólo con las ambiciones de particulares, y se intenta pasar por consenso triestamental algo que nunca discutimos.

Últimamente, hemos escuchado reiteradas veces en sus discursos la alusión a una "comunidad" universitaria, sin embargo, a la hora de decidir la dirección que seguirá el campus en los siguientes años no tienen problemas en encerrarse en cuatro paredes para firmar a tontas y a locas un documento. Documento que acarrea un montón de implicancias sobre las cuales ni ellos mismos son totalmente concientes. ¿De qué forma generarán 5.000 millones de pesos nuestras facultades? ¿Es posible sacar 5.000 millones de pesos de la venta de un terreno en La Reina?

A movilizarnos por una revitalización real.

Todos estos antecedentes nos llaman a pasar a la acción, a ser capaces de comenzar el camino de la movilización para lograr implantar nuestras propuestas. Muchos de los pequeños cambios que se le han hecho al proyecto han dependido de la presión que hemos logrado ejercer de distintas maneras, en las comisiones centrales y en las locales. No obstante, estos virajes no son suficientes, debemos tener una posición más decidida y con propuestas concretas, que de a poco y al calor de la organización y agitación se han ido construyendo en nuestras facultades.

Todas nuestras discusiones, en cursos, carreras y facultades deben sintetizarse en una fuerza de presión, ya no basta con desgastarse en conversaciones que quedan sólo en eso, pasemos a la acción y a la movilización, ese es nuestro llamado.

Los estudiantes también queremos un nuevo Campus, pero con un proyecto construido entre todos y al servicio de nuestra comunidad y nuestro país. Queremos mejor infraestructura, pero que se prioricen las necesidades de estudiantes, funcionarios y profesores. Un proyecto de "embellecimiento" no nos sirve para suplir la falta de salas, espacios de estudio, inexistencia de un jardín infantil para los hijos de quienes estudiamos y trabajan en la universidad.

Queremos que de una vez por todas se den las discusiones de contenido y no sólo en la forma que toma la repartición del dinero entre los decanos y directores. Construyamos verdaderos proyectos académicos, démosle sentido a la interdisciplina. Con facultades comprometidas por el debate nacional, enfocadas en las problemáticas de las mayorías de nuestro país y no en lo que demanda el mercado o el último grito de la moda intelectual. Generemos una posición clara con respecto a las pedagogías y la educación, que siendo problemáticas nacionales han sido dejadas de lado por nuestra universidad y el Campus.

No aceptaremos que nuestras facultades se endeuden por un proyecto que todavía no se ve sustentable en el tiempo y que aún no deja claro hacia donde va. Rectoría debe asumir la contra-parte del proyecto porque es su deber, al ser este un plan de universidad y por la deuda histórica de la Universidad de Chile con nuestro Campus. Y aquí mismo debe existir una redistribución del presupuesto de nuestras facultades para asegurar que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana.

Debemos luchar en todas las instancias por que el estado asuma su responsabilidad con sus universidades que se dicen públicas, pero que en la práctica están sumidas en la privatización. El convenio de desempeño no es ninguna solución, la instalación de métodos competitivos no mejorará el conjunto del sistema público de educación superior. El convenio de desempeño le quita la autonomía y condiciona capitales, esto refuerza la completa separación y la irresponsabilidad del estado con la educación pública. No busca "regular" los aportes, sino que condicionar a aquellos. Es necesario que el Estado aumente el Aporte Fiscal Directo (AFD) hacia sus universidades.

Este proyecto no soluciona los problemas que padece la universidad, sino que los mantiene; y promueve la política económica de autofinanciamiento, dando pie para llevar acabo prácticas mercantiles más profundas que terminarán por elitizar completamente la universidad y precarizarla más de lo que está, sometiéndola a la descarnada competencia del mercado educacional, que sólo beneficia a los que poseen capital. La política del gobierno hacia la universidad encierra únicamente beneficio para unos pocos, y perjuicio para las mayorías.

Pongamos las cartas sobre la mesa, exijamos un proyecto de revitalización real y no sólo buenas intenciones.

Es inaceptable que no haya claridad sobre el financiamiento final del proyecto.
Exijamos que el proyecto se construya de forma democrática.

Es inaceptable que las facultades se sigan endeudando.
Exijamos que el estado sea responsable de la educación pública.

Es inaceptable que nos alcen los aranceles para costear el proyecto.
No permitamos que la U de Chile se transforme en una Universidad de carácter privado en la práctica.

Es inaceptable que se hagan externos los contratos de los funcionarios para costear el proyecto.
No aceptemos la subcontratación ni la flexibilización laboral, no precaricemos los trabajos de comunidad.

Es inaceptable que el financiamiento de las universidades estatales se regule mediante convenios de desempeño.
Digamos NO al convenio de desempeño, y exijamos el directo financiamiento estatal, manteniendo la autonomía interna de las universidades.

Es inaceptable que no se considere la voz de los estudiantes ni de los funcionarios.
Organicémonos por la construcción de una nueva universidad.

Es inaceptable que la universidad avance en la elitización y la privatización sin que los estudiantes se manifiesten.
Levantémonos y discutamos en nuestros espacios para pasar pronto a la acción y la movilización que nos permita enfrentar estos problemas.

La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile DECLARA

2008-04-09T21:32:00.000-07:00

La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH, hace público su repudio y rechaza los graves hechos, recientemente, ocurridos en contra de los habitantes de las comunidades de pescadores y mapuches lafquenches, integrantes del Comité de Defensa del mar, localizados en la región de los Ríos y región de la Araucanía, acciones que han sido denunciadas, insistentemente, ante las autoridades competentes, sin obtener respuesta, mientras el hostigamiento de los sicarios pagados por la empresa Celulosa Arauco, CELCO, continua sistemáticamente en contra de todos los que se oponen a la instalación de un ducto para evacuar desechos tóxicos al mar, una lucha que sostienen por más de una década.

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
AL GOBIERNO DE CHILE

Los hechos:

1. El día 2 de abril, alrededor de las 16 hrs. PM, más de un centenar
de individuos, pagados por Celulosa Arauco, Celco, a bordo de 15
embarcaciones procedentes de Caleta Mehuín llegaron hasta la Caleta de
pescadores de Mississippi con la finalidad de sacar las redes que
tenían los pescadores y Lafquenches para impedir la realización de los
estudios de impacto ambiental, de dicha empresa.

2. Una vez en el lugar apedrearon la sede del Comité de Defensa del
Mar, dejando a su paso cuantiosos daños materiales y varios heridos
entre, ellos una mujer que debió ser trasladada al hospital de San
José de La Mariquina.

3. Con disparos al aire amedrentaron a la comunidad y amenazaron a una
señora y a pescadores pertenecientes al Comité de Defensa del Mar.

4. Paralelamente a estos hechos, secuestraron a dos mujeres
Lafquenches que se encontraban en su local de cocinería en la Caleta
de Mehuín, y que aun permanecen retenidas.

5. Cortaron el suministro eléctrico, dejando sin luz a toda la
comunidad de Mehuín y Mississippi.

6. Las acciones antes mencionadas fueron encabezadas por dirigentes
pagados por la empresa Celco, y reconocidos por la gente del Comité de
Defensa del Mar y ante un escaso contingente policial visiblemente
sobrepasado por los acontecimientos.

Ante los hechos relatados:

La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile,
CONAPACH, exige al gobierno, responder ante esta situación, pues en
forma reiterada hemos estado denunciando que la empresa Celco con sus
prácticas, que rayan en lo mafioso, podría dar como resultado el
enfrentamiento al interior de nuestras comunidades. Cuestión que
desgraciadamente está ocurriendo en este momento. Asimismo, exigimos
el respeto por los derechos humanos, sociales, culturales y económicos
de nuestras comunidades de pescadores y Mapuches Lafquenches.

CONFEDERACION NACIONAL DE PESCADORES ARTESANALES DE CHILE
CONAPACH

www.azkintuwe.org

Flujo de movimientos y gobiernos de centro-izquierda JAMES PETRAS

2008-04-06T20:39:00.000-07:00

En contraste con América del Norte y Europa, los regímenes políticos, los movimientos sociales y las ideologías en América Latina experimentan un movimiento constante. En un periodo de pocos años, el péndulo político puede pasar de una oleada izquierdista aparentemente radical al centro-izquierda o incluso a un predominio de la derecha. Del mismo modo, emergen importantes movimientos sociales que desde sus bases locales o regionales de poder pasan a ser actores importantes en la escena política nacional, desempeñan un papel relevante en la liquidación de los regímenes de derecha e incluso participan en coaliciones gubernamentales, para luego decaer, especialmente cuando no consiguen satisfacer ninguna de las mínimas demandas de sus seguidores.

A pesar de este complejo mosaico de cambios relativamente abruptos y modificaciones del poder político, la configuración social y la dirección ideológica, muchos escritores, comentaristas, intelectuales y periodistas estadounidenses, europeos y latinoamericanos tienen tendencia a establecer generalizaciones excesivas que cubren toda la región y largos periodos de tiempo, y que reflejan, en muchos casos, experiencias limitadas en el espacio y en el tiempo, ya caducas. En la mayoría de los casos estas generalizaciones están escasamente documentadas, tienen rasgos impresionistas y adolecen de falta de profundidad empírica, histórica o analítica. En estos últimos años, aproximadamente desde comienzos del siglo XXI hasta 2007 (y suma y sigue) algunos de los más reconocidos intelectuales de Estados Unidos vienen describiendo América Latina como un vivero de cambio radical, como la sede de los movimientos sociales más dinámicos y como un ámbito de constante transformación social de carácter izquierdista. Esta visión suscita inmediatamente algunas objeciones bastante obvias.

En primer lugar, América Latina en su conjunto no ha experimentado cambios sociales radicales en el periodo en cuestión. De hecho, después de 2003 ha habido una disminución de la actividad, la afiliación y la fuerza social de los movimientos en aquellos países en los que había movimientos de importancia. Un simple vistazo a Argentina y su movimiento de obreros desempleados y ocupaciones de fábricas confirma esta aseveración, del mismo modo que también la confirma el análisis del movimiento indígena CONAIE en Ecuador.

En segundo lugar, la mayor parte de América Central, el Caribe y los países del Pacífico sudamericano nunca tuvieron gobiernos de izquierdas: México, Guatemala, El Salvador, Chile, Perú, Ecuador (hasta 2007), Haití (desde 1991) o el resto de los países insulares caribeños.

En tercer lugar, ningún movimiento social, ni siquiera los más extendidos e influyentes, consiguió imponer sus programas en ningún gobierno de la región, a pesar de que en algunos casos tuvieron un papel destacado para impedir que llegasen al poder gobiernos derechistas.

En cuarto lugar, ninguno de los autodenominados «gobiernos revolucionarios» o de centro-izquierda ha intentado llevar a cabo cambios estructurales de envergadura a pesar de haber ganado elecciones, en algunos casos con mayorías sustanciales, y a pesar también de contar con el respaldo de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones indígenas. Excepto Venezuela, ningún gobierno de centro-izquierda o de centro ha revocado las corruptas privatizaciones de anteriores gobiernos derechistas neoliberales, ninguno ha tomado medidas de redistribución de la tierra o las rentas, o de reducción de las desigualdades y la fiscalidad regresiva.

La singularidad de América Latina es que, a pesar de algunos levantamientos populares de masas, algunos cambios de sistema político y cierta preeminencia de los movimientos sociales en determinados países, la continuidad de las relaciones de propiedad sigue intacta. De hecho, la tendencia dominante es la de una mayor concentración de la propiedad, una continua prosperidad y un aumento de los beneficios de gigantescas empresas de exportación de productos agrarios y minerales –empresas en su mayoría de propiedad extranjera—, una continuidad también en la estructura de clases y un aumento de las desigualdades socioeconómicas. Estas tendencias regresivas puntúan esta fase de supuesto ascenso de los movimientos sociales.

Una vez más los intelectuales –especialmente de izquierdas— han sucumbido a la retórica del cambio social, a los actos simbólicos –estructuralmente ineficaces—, a las identidades culturales y no a los intereses materiales y a la atracción fatal de la proximidad de los centros de poder. No pocas veces, algunas de las estrategias de legitimación de los gobiernos de centro-izquierda consisten en invitar a una serie de intelectuales de renombre a las ceremonias de toma de posesión y otros actos de alta visibilidad, que adulan a estos intelectuales e inflan su importancia ceremonial (organizando consultas, entrevistas especiales y otras actividades promocionales) a la vez que se aseguran artículos favorables, libros y otros tipos de publicidad útil para conseguir la aquiescencia de los líderes de opinión de las organizaciones de masas.

Faltos de base histórica, muchos intelectuales y periodistas de izquierda, celebrantes de los movimientos sociales de hoy o de ayer, siguen considerándolos fenómenos sociales estáticos, en constante progreso, con su influencia intacta o en aumento, nunca en retroceso, degeneración o pérdida de su relevancia política. En cambio, muchos de los líderes de movimientos hacen a menudo una evaluación distinta de esa trayectoria, al menos en sus debates internos.

Aclaremos nuestra concepción de los movimientos sociales y de los gobiernos de centro-izquierda latinoamericanos: No suscribimos ninguna gran teoría cíclica de auge y decadencia, o ley de hierro de la oligarquía según la cual los movimientos sociopolíticos democráticos se transformarían inevitablemente en su opuesto a medida que consiguen influencia y poder. Descartamos cualquier teoría fatalista según la cual los oprimidos se convierten, necesariamente, en opresores. Nuestro análisis de los cambios en la correlación de fuerzas sociales y de las trayectorias ascendentes y descendentes de los movimientos sociales está vinculado a un contexto empírico de crisis y expansión socioeconómica, cambiantes formas de liderazgo y, por encima de todo, de políticas, alianzas, tácticas y estrategias.

El principal desafío teórico y práctico al que se enfrenta cualquier investigador o profesional de la política latinoamericana es dar cuenta de las continuidades estructurales en el sistema de clases latinoamericano que se registran en los momentos de grandes levantamientos sociales, cambios de sistema político y transformaciones radicales de la opinión pública.

Rechazamos cualquier tipo de explicación simplista que pretenda que la fuerza de los movimientos sociales ha sido exagerada, que no ha habido levantamientos reales y que los cambios de régimen político fueron simplemente un cambio de personalidades. Igualmente insostenibles son los argumentos en el sentido de que hubo, o hay, transformaciones profundas y de largo alcance en América Latina, una clara ruptura con anteriores prácticas neoliberales y de que hay una nueva configuración institucional que atraviesa el continente y dan como resultado los nuevos socialismos del siglo XXI.

Una comprensión exacta de la paradoja de «la continuidad en el cambio» requiere que se especifiquen los niveles de análisis utilizados. Aquí especificamos cuatro niveles de análisis del cambio y la continuidad socioeconómicos. En el nivel más fundamental nos referimos a los cambios en las relaciones de propiedad y de clase, la propiedad –pública, privada o extranjera— de sectores económicos estratégicos, la distribución de las rentas y los recursos, la ideología y las políticas aplicadas, la protección medioambiental y el saqueo de los recursos naturales. La política exterior y los alineamientos internacionales a favor o contra el imperialismo constituyen un primer nivel a tener en cuenta.

En un segundo nivel de análisis, estudiamos los cambios en materia de salarios y beneficios, gasto social, subvenciones a las empresas, fiscalidad regresiva o progresiva; derechos políticos y culturales específicos destinados a los grupos oprimidos: indígenas, mujeres, afroamericanos; legislación laboral, sindicatos, seguridad en los contratos de trabajo y legislación favorable y abaratadora de los despidos de trabajadores (flexibilidad laboral); prioridades presupuestarias: aumento de la inversión pública productiva, creadora de empleo y de incentivos para los pequeños productores, o incremento de las reservas en divisas, acumulación de superávit presupuestario y priorización del pago de la deuda, subvenciones a los grandes exportadores agrarios y de minerales, y protección de los costosos monopolios nacionales.

Un tercer nivel de análisis nos lleva a centrarnos en los cambios políticos institucionales (el paso de regímenes militares autoritarios a sistemas electorales), la total desregulación de los mercados ante la introducción de intervenciones públicas seleccionadas, la reducción de la pobreza basada en el mercado en contraposición a un ingreso mínimo de carácter estatal, el incremento paulatino de los salarios mínimos ante la reducción de estos salarios mínimos, y el incremento de los salarios mínimos nominales contra los aumentos de los salarios reales.

El cuarto nivel estudia los cambios ideológico-culturales en la legitimación de los poderes públicos, los gestos simbólicos, los eventos culturales y el correspondiente desajuste entre las pretensiones ideológicas y los cambios socioeconómicos. Los gestos simbólicos y políticos se consideran beneficios psicológicos sólo en la medida en que conduzcan a cambios sustanciales en el nivel de vida y el poder político de los movimientos sociales y las clases populares. De lo contrario, sólo sirven para mistificar la continuidad de la élite gobernante, la explotación del trabajo y los recursos naturales y el mantenimiento de las desigualdades étnicas y de clase.

En general, la pregunta que planteamos es si la asociación, o alianza, de los movimientos social-populares (MSP) y los gobiernos de centro-izquierda (GCI) ha mejorado la calidad y cantidad de bienes, servicios y poder político que detentan sus electores y si han ampliado el control del Estado y la economía por parte de éstos. Concretamente, analizaremos si esta alianza MSP-GCI ha mejorado la posición estructural de las masas en la economía, si ha creado nuevas formas de representación directa, si ha contribuido a fomentar su capacidad de movilización social, reducido las desigualdades entre las clases, aumentado su influencia en la economía, reducido la fiscalidad regresiva y los incrementos arbitrarios de los precios del transporte y los servicios básicos. A la inversa, abordaremos también la cuestión de si la alianza o la relación entre MSP y GCI ha conducido a la desmovilización de los movimientos, la cooptación de sus líderes y su división y fragmentación. ¿Los movimientos han perdido miembros y capacidad de influir en las políticas nacionales? ¿Cómo se ha visto afectada la distribución de la tierra y el ingreso por la alianza MSP-CGI?

Al estudiar estos temas en cada país durante un cierto periodo de tiempo (la década anterior), podremos contar con una base sustancial que nos permita hacer generalizaciones sobre la trayectoria política latinoamericana contemporánea.

Desarrollo desigual y combinado en el contexto del mercado mundial

Los movimientos y procesos de cambio socioeconómico en América Latina pocas veces han adoptado patrones uniformes, al menos durante los últimos 40 años. A finales de la década de 1960 y comienzos de la del 1970, el Cono Sur, los países andinos, Jamaica y Guyana eran países con gobiernos de izquierda y poderosos movimientos sociales, mientras que en Brasil, Colombia, Venezuela, América Central, República Dominicana, Grenada y México gobernaban regímenes militares o de la derecha civil. Desde mediados de los años 70 hasta mediados de los 80, el Cono Sur, Brasil y los países andinos tenían, en general, dictaduras derechistas militares y neoliberales, mientras que en América Central florecía un gobierno revolucionario en Nicaragua. Durante la década de 1990, la mayoría de los países latinoamericanos tuvieron gobiernos civiles autoritarios y neoliberales surgidos de elecciones (Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, América Central, Colombia y Uruguay), aunque fueron emergiendo poderosos movimientos de campesinos, trabajadores del campo y pobres urbanos que hallaron su expresión en movimientos poderosos o emergentes –como el de Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), de Brasil; el Movimiento Zapatista, de México; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); el Movimiento Indígena Campesino Cocalero (CONAIE), de Bolivia; y el movimiento indígena de Ecuador. Del mismo modo, la masa de pobres urbanos respaldaba la candidatura de Hugo Chávez como Presidente de Venezuela, basada en un programa nacionalista-populista.

Los tres primeros años del milenio (2000-2003) fueron testigos de lo más cercano a un esquema generalizado de radicalización en la historia reciente, también con muchas diferencias de nivel y tipos de actividad entre países y movimientos. Éstos estuvieron relacionados en gran medida con unos precios desfavorables en el mercado mundial y con crisis financieras y económicas.

Durante este trienio, tuvieron lugar importantes levantamientos populares que derrocaron regímenes neoliberales en países como Argentina (diciembre de 2001), Ecuador (2001, 2003 y, más tarde, 2005), Bolivia (octubre de 2003 y mayo-junio de 2005), Venezuela (abril de 2002, tras tumbar a la junta cívico-militar y restaurar en el poder al presidente elegido Hugo Chávez), y por último Perú en 2000. Además, movimientos sociales urbanos y rurales hallaron su expresión en las masivas ocupaciones de tierras de Brasil, lideradas por el MST (2000-2002), los bloqueos de carreteras con barricadas, a escala nacional, y la ocupación de varios centenares de fábricas por trabajadores desempleados en Argentina (2000-2003); en Bolivia, fuertes movimientos vecinales urbanos y del campesinado indígena, así como de los sindicatos, llegaron al umbral mismo del poder estatal, desarticulando temporalmente las organizaciones de la clase dominante y exigiendo la refundación del país (un nuevo orden socioeconómico socialista), por medio de una nueva asamblea constitucional elegida por los movimientos sociales. En Ecuador, durante un breve periodo, el movimiento indígena se unió a una coalición gubernamental de corta vida (72 horas) y más tarde se sumó al funesto movimiento derechista del coronel retirado Lucio Gutiérrez. En Venezuela, el gobierno del presidente Chávez, apremiado por los movimientos de masas propuso nuevos programas generales de bienestar social y la democratización de las instituciones del Estado despidiendo y encarcelando a los oficiales militares, los sindicalistas y los ejecutivos petroleros directamente implicados en el violento derrocamiento del gobierno elegido.

Ni siguiera en el periodo 2000-2003, de radicalización generalizada, el proceso fue uniforme. Un ex funcionario del Banco Mundial se hizo cargo del gobierno en Perú y los movimientos se calmaron temporalmente. Un neoliberal ultraderechista, Alvaro Uribe, asumió la presidencia de Colombia; el presidente elegido de Brasil, Lula da Silva, giró acentuadamente a la derecha, adoptando políticas económicas liberales y firmando un programa de estabilización y librecambio del FMI. Chile siguió fiel a las políticas pinochetistas de libre mercado del neoliberal socialista Ricardo Lagos, y México y América Central tuvieron gobiernos derechistas, a la vez que el movimiento zapatista era confinado a un papel marginal en la política nacional e incluso en la regional.

La «nueva ola izquierdista» de América Latina, objeto de amplios comentarios por parte de escribas, académicos, «expertos» y periodistas impresionistas, ni siquiera en su momento más álgido llegó a cubrir algunos de los principales países latinoamericanos (México, Colombia, Brasil y Chile). Además, sólo en una ocasión un levantamiento condujo a un auténtico cambio de régimen, y fue en la reinstalación en el poder del presidente venezolano Hugo Chávez. En sus momentos más álgidos, los movimientos de masas llegaron a derrocar a los gobiernos neoliberales existentes, pero fueron incapaces de sustituirlos por gobiernos propios en el marco de un régimen de obreros, campesinos y pobres urbanos.

Los defensores intelectuales de esta «nueva ola izquierdista» latinoamericana, incluso ante la evidencia claramente en contra, siguieron escribiendo sobre un «nuevo orden», centrándose únicamente en los países en los que los movimientos eran fuertes y proyectando su marcha hacia un futuro poder estatal, falsificando la naturaleza de clase de los principales arquitectos y ejecutores de las políticas económicas de Lula, asignándoles del modo más superficial un carácter popular-nacionalista basándose en los orígenes de clase trabajadora de Lula y en su pasada retórica socialdemócrata, asignando un carácter «izquierdista» a gobiernos y personalidades basándose en las etiquetas de sus respectivos partidos y no en sus políticas reales (por ejemplo, el Partido Socialista chileno de la presidenta Bachelet), e ignorando los gobiernos derechistas existentes (Colombia, Perú, México y América Central) y los movimientos sociales en retirada en muchos países (Perú, Ecuador, Chile, Nicaragua, Brasil, Bolivia y El Salvador).

El fracaso de los analistas de izquierdas puede considerarse también un fracaso de su tenor intelectual: su incapacidad de aceptar el «pensamiento duro» que exige rendir cuentas del desarrollo desigual de las transformaciones políticas, la necesidad de un mayor compromiso social con los movimientos, y no tanto jalearlos con optimismo desde un segundo plano y dentro del marco de parámetros institucionales de los gobiernos parlamentarios neoliberales.

Esta breve ojeada al pasado destaca la importancia de reconocer el desarrollo desigual de los movimiento sociales y los procesos políticos en América Latina, y la necesidad de ajustarse a un análisis detallado en lugar de realizar generalizaciones excesivamente optimistas.

Una segunda consideración de importancia a la hora de analizar los movimientos sociales y los cambios políticos latinoamericanos es el concepto de desarrollo combinado y divergente. Este concepto se refiere a la actual tendencia en los países de la región de mantener altas tasas de crecimiento, acumular miles de millones de dólares en superávit comercial y reservas de divisas, y diversificar sus mercados, a la vez que aumentan las desigualdades de la propiedad, el ingreso, el crédito y las subvenciones. En otras palabras, las divergencias socioeconómicas entre propietarios y financieros, por una parte, y trabajadores, campesinos y pequeños comerciantes por otra, están directamente relacionadas con la concentración y la centralización del capital en los sectores de crecimiento exportador.

Dado que los movimientos sociales tienen su base mayoritaria en los trabajadores y campesinos, y que los gobiernos de centro-izquierda han abrazado, todos, la estrategia de crecimiento capitalista-agro-mineral, un régimen de base multiclasista no es compatible o sostenible a medio plazo. Los gobiernos de centro-izquierda dependen del desarrollo combinado de las exportaciones agro-minerales y de grandes sumas de ingresos provenientes de la exportación con el fin de subvencionar y asegurarse el apoyo de otros sectores burgueses (industria, comercio e inmobiliario) así como de profesionales de clases medias (abogados, médicos particulares, propagandistas de los medios de comunicación). Los gobiernos de centro-izquierda transfieren algunos de los ingresos que obtienen por las exportaciones a determinados sectores de las clases medias en forma de subvenciones, rebajas fiscales y salarios más altos. Conocedores de la evidente divergencia en los intereses de clase, los gobiernos de centro-izquierda desarrollan estrategias de debilitamiento de la cohesión y unidad de acción de clase de todas aquellas clases afectadas negativamente por la estrategia agro-mineral. Por ejemplo, el presidente argentino Kirchner (2003-2007) combinó un subsidio mensual de desempleo de 50 dólares con la cooptación de los principales líderes de los desempleados por el aparato del estado; gestos y retórica nacionalistas, entre otros, críticas al FMI; y acuerdos comerciales junto a amistosas relaciones públicas con el líder nacionalista Hugo Chávez. Otros líderes, como Evo Morales, esgrimieron en muchas ocasiones el espectro del golpe de Estado –sin aportar ninguna prueba— junto a símbolos culturales indígenas y ataques a la oligarquía, a la vez que subvencionaba y defendía a las principales élites agro-exportadoras, sus tierras, beneficios y relaciones laborales explotadoras, y firmaba numerosos y lucrativos acuerdos de inversión en los sectores de la minería y la energía con multinacionales extranjeras.

Unas dinámicas de crecimiento divergentes, la concentración de más ingresos por exportación en manos de la clase capitalista y un descenso relativo en el acceso a los ingresos del Estado por parte de las clases inferiores, ha conducido a los movimientos sociales a replantearse sus relaciones con los gobiernos de centro-izquierda y, en algunos casos, a romper sus vínculos y poner fin a su apoyo, aun cuando sean incapaces de construir una alternativa política.

En la mayoría de los casos, la prolongada alianza de los movimientos sociales con los gobiernos de centro-izquierda ha tenido consecuencias negativas graves para la estructura interna de los movimientos y su capacidad para volver a crear alianzas del movimiento, por no hablar de nuevas alternativas políticas. Dos de los más importantes movimientos indígenas –CONAIE, de Ecuador, y Cocaleros, de Bolivia— han perdido una parte de su apoyo de base por sus alianzas con los gobiernos de centro-izquierda. Muchas comunidades indígenas se han desvinculado de estos movimientos, limitando la capacidad de los líderes de éstos para movilizarlos contra sus adversarios de clase. La desilusión y un sentimiento de traición calan en la base de los movimientos sociales por debajo de sus líderes nacionales y sus cuadros locales. Hh

En el caso del MST de Brasil, su alianza de cinco años con el gobierno de Lula, que incluyó un apoyo electoral fundamental durante el ataque frontal del presidente a las pensiones y salarios de los funcionarios y contra los sindicatos de éstos, debilitó la capacidad del MST de articular una coalición de movimientos sociales y sindicatos tras su ruptura con Lula.

El auge de los gobiernos de centro-izquierda se benefició de unos precios de mercado extraordinariamente favorables (a partir de 2003), que les permitió desbaratar las embrionarias organizaciones radicales de la baja clase media y orientarlas hacia el centro, e incluso hacia el centro-derecha. Este hecho fue particularmente evidente en Argentina, Brasil y Bolivia. En Argentina, en el momento de la crisis financiera de 2001, casi todos los sectores de la clase media temían la pérdida definitiva de sus ahorros, el empobrecimiento debido a la congelación de sus cuentas bancarias y la pérdida de empleos, la bancarrota de los negocios y la total ausencia de crédito. Como resultado, las clases medias se unieron a los desempleados en sus manifestaciones callejeras, organizaron centenares de asambleas y comités vecinales y manifestaron su rencor mediante violentos asaltos a bancos y autoridades públicas. Con la llegada del gobierno de centro-izquierda de Kirchner y el auge de los precios de las exportaciones, a la crisis económica siguió un periodo de expansión, en el que recuperó el ahorro y la liquidez bancaria y los ingresos y gastos de los consumidores. La clase media baja abandonó la calle y se volvió contra los movimientos sociales populares. La clase media alta se orientó hacia la derecha autoritaria en busca de seguridad y orden. En la capital, Buenos Aires, contribuyó a que resultara elegido alcalde el millonario de derechas Mauricio Macri.

En 2006, la dinámica política de una serie de países, antes asolados por la crisis y radicalizados, giraba a la derecha, y en algunos casos a la «derecha dura». La rápida recuperación, consolidación y ofensiva de la extrema derecha fue estimulada y facilitada por la desmovilización de los movimientos sociales, por influencia del centro-izquierda, y por la recuperación económica debida al aumento de los precios de los productos básicos. La rápida resurgencia de la extrema derecha se manifiesta con claridad en Bolivia donde, a mediados de 2005, los movimientos indígenas, obreros y campesinos derrocaron un régimen neoliberal, dominaron las calles y se hallaron en situación de imponer sus políticas. Unas políticas fiscales ortodoxas, unos pactos conciliadores con la oligarquía económica y unos acuerdos con todas las principales empresas energéticas extranjeras promovidos por el presidente, Evo Morales, proporcionaron la plataforma política de relanzamiento de la derecha. La desmoralización y la desmovilización de los movimientos sociales, la imposición de políticas fiscales tipo FMI y su incondicional defensa de los grandes intereses agro-minerales (su «nacionalización» no tuvo nada que ver con la «expropiación», según sus propias declaraciones públicas) facilitaron la recuperación y la ofensiva de la derecha. La fluctuante correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y las clases gobernantes puede entenderse mejor si se analizan las continuidades y los cambios de los gobiernos de centro-izquierda y los movimientos en la pasada década, confiando en nuestros criterios concretos de niveles y ámbitos de cambio.

Argentina

A pesar del grave levantamiento de diciembre de 2001 y de un año 2002 de amplias movilizaciones y organización popular de masas de trabajadores desempleados y barrios de clase media, más de 200 ocupaciones de fábricas, rechazo general y violento a las políticas de libre mercado y el derrocamiento del candidato a presidente (De la Rua) y de tres presuntos presidentes (diciembre-enero de 2001-2002), la subsiguiente elección del presidente Kirchner (2003) y sus cuatro años de gobierno se caracterizaron por la continuidad estructural. En primer lugar, el sector bancario e inversor, responsable de la crisis financiera, siguió intacto. El presidente Kirchner contribuyó al refuerzo de las posiciones del capital extranjero y privado proporcionando incentivos fiscales y subvenciones a la exportación. A pesar de la presión por parte de la mayoría del electorado, Kirchner se negó a volver a nacionalizar sectores estratégicos de la economía privatizados ilegalmente durante los anteriores gobiernos «cleptocráticos» de Menem y De la Rua.

Las relaciones de clase siguieron siendo las mismas. La legislación antiobrera en materia de sindicación, empleo estable, contratación y despidos y trabajo temporal siguió intacta. El gobierno de Kirchner negó el reconocimiento jurídico de una de las principales confederaciones de sindicatos (CTA) y colaboró ampliamente con la confederación corrupta (CGT) que colaboró con los anteriores regímenes librecambistas. Las desigualdades en los ingresos se mantuvieron y en algunos casos aumentaron, especialmente entre el 20% más bajo de la población y el 20% más alto.

Los sectores estratégicos privatizados del petróleo, el gas y las telecomunicaciones siguen en manos del capital extranjero, mientras que la compra por parte de extranjeros de grandes extensiones de tierra y explotaciones agropecuarias en Argentina han hecho del multimillonario estadounidense de origen húngaro George Soros el mayor propietario rural de Argentina.

En términos estructurales, el gobierno de Kirchner ha sido claramente una continuación de los anteriores gobiernos neoliberales de derecha. Además, ha consolidado con éxito la anterior posición inestable de los propietarios privados de propiedades estatales privatizadas y ha legitimado numerosas transferencias ilegales de empresas públicas a manos privadas.

En términos de políticas, Kirchner ha puesto fin a las ocupaciones de fábricas y ha obligado a devolver a sus antiguos propietarios algunas empresas ocupadas por los trabajadores, a pesar de las violaciones por parte de éstos de los contratos laborales y los procedimientos de quiebra. Kirchner ha mantenido el subsidio de 50 dólares (150 pesos) a las familias trabajadoras que se hallan en la indigencia, aunque la creciente inflación en su último periodo de gobierno redujo este subsidio en más de un tercio.

Durante el periodo de gobierno de Kirchner (2003-2007), Argentina creció a un ritmo de en torno a 7%-8%, el desempleo descendió de más del 23% al 11%, los niveles de pobreza bajaron de casi un 50% a aproximadamente un 33% de la población. Sin embargo, el 40% de la fuerza de trabajo seguía empleada en el sector precario/informal. El motor del crecimiento fue el gran aumento de la demanda y el precio de las exportaciones agro-minerales tradicionales argentinas. Con una duplicación de los precios del grano y la energía, el gobierno de Kirchner acumuló importantes superávits comerciales y presupuestarios y grandes incrementos en los ingresos del Estado. Estos beneficios e ingresos caídos del cielo entraron en los circuitos de producción y consumo de las clases medias, pero fueron apropiados, en gran medida, por la agroindustria, el sector bancario, el industrial, el comercial y las élites terratenientes.

Kirchner dio prioridad a la rápida liquidación de la deuda contraída con el FMI y a la rápida cancelación de la deuda externa renegociada, a pesar del dudoso origen, contratación y utilización de los préstamos por parte de los anteriores gobiernos militares y «menemistas». Durante la renegociación de la deuda externa, Kirchner dio prioridad a los pagos de los grandes poseedores externos de deuda argentina a expensas de los pequeños acreedores. A la vez que Kirchner aparentaba reducir el tamaño de la deuda, algunas cláusulas de los acuerdos vinculaban el pago de la deuda al crecimiento de la economía: a mayor ritmo de crecimiento, más altos serían los pagos a los acreedores extranjeros. Teniendo en cuenta la alta tasa de crecimiento de Argentina, lo que parecía ser un programa de reducción de la deuda resultó ser lo opuesto, lo que benefició a los acreedores por encima de las masas del país. Al final de su presidencia, la deuda argentina había ascendido a más de 160.000 millones de dólares.

Poco antes de la elección de Kirchner, Argentina estaba cubierta por una densa red de organizaciones de trabajadores desempleados (piqueteros) que literalmente controlaban las calles y las carreteras principales como medio potente para sacarle concesiones del Estado. El desacuerdo y la hostilidad hacia la política del gobierno encontraron expresión en comités de barrio de vecindades de clase media con su grito ¡Que se vayan todos! Hacia el final de la presidencia de Kirchner, las calles estaban en general libres de piqueteros, las asambleas de clases medias eran un recuerdo distante, se cooptó a muchos líderes desempleados y se convirtieron en parte de los instrumentos de Estado dedicados al patrocinio del gobierno. Una de las más llamativas y políticamente significativas características del régimen Kirchner fue la desmovilización del movimiento popular de masas y la pérdida de radicalización de la clase media.

Kirchner neutralizó a un sector sustancial de la población que exigía la renacionalización de los sectores eléctrico, del gas y de la electricidad, congelando los precios a los consumidores y reduciendo así el coste efectivo para los consumidores. Los monopolios privados respondieron mediante la virtual desinversión del sector, lo que llevó a cortes de electricidad y reducción del suministro. Es probable que la presidenta entrante, Cristina Fernández de Kirchner, suba los precios de los servicios básicos, de acuerdo con las demandas de las sociedades privadas.

Del mismo modo Kirchner intentó dar satisfacción a las crecientes expectativas motivadas por el auge de los ingresos por exportaciones, y para ello impuso controles de precios y limitó la exportación de carne de vacuno. No obstante, mientras que el empleo y los salarios aumentaron, las tasas reales de inflación de los alimentos básicos se duplicaron (más del 20% en 2007) lo que produjo el estancamiento e incluso el deterioro de las rentas.

A pesar de las continuidades estructurales y de las políticas llevadas a cabo por el gobierno Kirchner, éste se benefició de varios factores independientes de sus políticas. En primer lugar, de unos precios de mercado mundiales sumamente favorables para todas las exportaciones importantes de Argentina, lo que produjo excedentes presupuestarios; y de la capacidad del gobierno de subvencionar la industria y garantizar subidas salariales. En segundo lugar, la depresión económica de cinco años que precedió a su presidencia estableció un marco de referencia a partir del cual era fácil crecer, dada la importante falta de aprovechamiento de la capacidad de la fuerza laboral; es decir, el crecimiento no dependió de nuevas inversiones de gran envergadura y a largo plazo o de innovaciones tecnológicas. En tercer lugar, la austeridad financiera en los nuevos préstamos impuestos por los acreedores extranjeros, obligó en realidad a los capitalistas argentinos y al Estado a confiar en una mayor y mejor utilización de los recursos nacionales. En cuarto lugar, Kirchner cultivó hábilmente sus relaciones diplomáticas con el presidente progresista de Venezuela, Hugo Chávez, con lo que se aseguró una financiación barata, basada en la compra por parte de Caracas de varios miles de millones de dólares en bonos argentinos, y en un mercado lucrativo para las exportaciones industriales y las oportunidades de inversión rentables.

Dentro de los parámetros de las estructuras y los compromisos de las políticas neoliberales, el gobierno Kirchner logró la canalización de la financiación pública hacia sectores productivos y el aumento de aranceles en las agro-exportaciones, aumentando así los ingresos públicos y frenando al mismo tiempo el malestar laboral por medio de subidas en el salario mínimo.

El crecimiento económico dinámico, la estabilización de la política argentina, la desmovilización de la oposición radical de masas y la consolidación del control multinacional extranjero y nacional de élite sobre la economía fueron los logros principales del régimen Kirchner. Ninguno de estos resultados socioeconómicos puede atribuirse a las políticas de centro-izquierda o a la presión de los movimientos sociales.

La desaparición del movimiento piquetero y la reconversión de los activistas urbanos de los tugurios en una vasta máquina de patrocinio fue evidente en la elección (2007) en que fue elegida presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que captó mayorías absolutas en los barrios populosos, por encima de todos los fragmentados partidos de izquierda juntos, lo que significó que el movimiento piquetero captara menos del 5%. Los resultados electorales en Argentina (como en la mayor parte de los demás países latinoamericanos) refutan las superficiales e impresionistas opiniones del estudioso estadounidense Mike Davis, según el cual «los barrios de chabolas del Tercer Mundo forman la nueva y decisiva escena geopolítica». Muy al contrario, como describiremos más abajo, los tugurios urbanos (barrios de chabolas, villas miseria, ranchos, etc.) forman más bien la base de patrocinio de un nuevo tipo de presidentes neoliberales en Brasil, Uruguay o Argentina.

Brasil

La característica más destacada de la candidatura de Lula da Silva, antes incluso de su elección, era su abierta y franca aceptación de los parámetros neoliberales establecidos por el anterior gobierno de Fernando H. Cardoso. En la primavera de 2002, seis meses antes de su elección, Lula ratificó un acuerdo del FMI firmado por Cardoso, en el que prometía mantener la austeridad fiscal, los excedentes presupuestarios para pagar la deuda externa y la reducción de las pensiones de sector público (reforma de pensiones) además de promover una economía abierta. A efectos electorales, Lula hizo vagas promesas en favor de la reducción de la pobreza, la reforma agraria y la creación de empleo. Una vez en el poder, Lula mantuvo e incluso incrementó el proceso de privatización, entre otras la ilegal privatización del complejo minero de Vale de Doce (vendido por una décima parte de su valor de mercado por el corrupto gobierno de Cardoso). Se privatizaron las carreteras, los bancos, las tierras públicas y los fondos de seguridad social. Las designaciones a todos los puestos económicos estratégicos (banco central, ministerios de Economía, Comercio, Finanzas y Agricultura) recayeron en ejecutivos de sociedades multinacionales y bancos. Durante su primer mandato, (2003-2006) los jornales y los sueldos se mantuvieron congelados o sujetos a aumentos mínimos, mientras los financieros locales e internacionales se beneficiaban de los más altos tipos de interés en América Latina, de hasta un 18,5% en la mayor parte de su primer mandato. La redistribución de la tierra tuvo niveles muy inferiores a los registrados bajo gobiernos previos, mientras que Lula canalizaba la mayor parte de los recursos financieros y los créditos a la élite capitalista exportadora de los sectores agrario, minero y energético. Lula se convirtió en la figura sorpresa de Wall Street y del BOVESPA (mercado de valores brasileño).

La estructura de propiedad de la tierra, las rentas y la riqueza siguió estando entre las más desiguales del mundo; la división racial no se modificó; el número de trabajadores rurales sin tierra se mantuvo en 4,5 millones de familias; el número de millonarios y multimillonarios aumentó y su riqueza total se multiplicó.

La estructura y las estrategias socioeconómicas del pasado se consolidaron y profundizaron: la continuidad neoliberal definió la naturaleza del sistema social brasileño con Lula.

En cuanto a las políticas, Lula introdujo varios cambios, entre otros una importante reducción de las pensiones de los empleados públicos (que los regímenes previos no pudieron o no quisieron llevar a cabo). Su gobierno financió un subsidio de subsistencia a gran escala (30 dólares al mes por familia) aplicable a 10 millones de familias brasileñas pobres, con lo que creó una vasta red de clientelismo bautizada como «programa de reducción de la pobreza». Lula financió una subvención a las cooperativas gestionadas por el MST que tenían problemas económicos debidos a la importación a gran escala de alimentos baratos, a la vez que reducía la ayuda financiera a la reforma agraria. Los frecuentes gestos populistas, entre otros las sesiones fotográficas de los encuentros presidenciales con los habitantes pobres de las favelas, proporcionaron a Lula una imagen favorable entre las masas. La militarización de las favelas con un alto nivel de delincuencia, que incluyó ejecuciones sumarias, fue la respuesta de Lula al delito. Las frecuentes intervenciones militares de la policía para desalojar a los ocupantes de tierras, acompañadas por la quema de sus chabolas, causaron lesiones y muertes ocasionales entre los desamparados y los sin tierra, pero tranquilizaron a propietarios, madereros y especuladores de la tierra.

Lula logró su mayor éxito en el ámbito de la desmovilización social. La principal confederación sindical de izquierdas, la CUT, fue cooptada y sometida con sus rebajas de pensiones y programas de austeridad. El MST se neutralizó políticamente (aun cuando siguió reivindicando su autonomía) durante los primeros cinco años del régimen de Lula con una larga serie de promesas rotas que incluían cuotas nunca alcanzadas de reforma agraria, subvenciones estatales a sus cooptados y el nombramiento de algunos líderes del MST para importantes puestos del Instituto de Reforma Agraria. El nivel de movilización social en el periodo 2003-2006 disminuyó hasta cotas desconocidas desde el advenimiento de la reanudación de las elecciones. A pesar de una economía estancada (2003-2005) y una deliberada estrategia económica del lado de la oferta (supply-side economics), los movimientos sociales retrocedían y perdían importancia. No fue hasta 2007 cuando el MST, la CUT y otros movimientos unificaron sus fuerzas para llevar a cabo manifestaciones y protestas conjuntas de masas.

En política exterior, Lula llevó a cabo una estrategia de libre mercado que desafió a EEUU a jugar con arreglo a las normas de reciprocidad mediante la rebaja de las subvenciones y las barreras arancelarias. Al exigir la reciprocidad librecambista, Lula dio pruebas de continuidad de sus políticas con respecto a su antecesor y de una independencia relativa, exigiendo la aplicación igualitaria de las normas de libre cambio por parte de EEUU. Lula se puso claramente del lado de EEUU y la UE al quitar importancia al papel de la explotación imperialista. Por ejemplo, en el Foro Mundial de Davos 2006, Lula echó la culpa a los líderes y las políticas de los países del Tercer Mundo por sus problemas, exonerando así a EEUU, la UE y Japón.

En términos de mantenimiento de la estructura de clase y la política económica de élite, Lula se identifica claramente con la derecha neoliberal. Sus políticas presupuestarias descartan cualquier modificación sustancial y progresista en los gastos en servicios sociales. Las prioridades económicas de Lula no incluyen el incremento de los ingresos salariales, la cesión de tierra a los que no la tienen ni la financiación de los servicios y salarios de los ámbitos sanitario y educativo.

Bajo la presidencia de Lula el número de multimillonarios creció hasta 20, poseedores de 46.200 millones de dólares en riqueza y activos, una suma mayor que la de 80 millones de brasileños pobres urbanos y rurales. Más del 60% de los multimillonarios de Brasil hizo su fortuna a través de contratos del gobierno y privatizaciones de empresas públicas lucrativas, antes y durante la presidencia de Lula. Los multimillonarios «nuevos» y «viejos» se beneficiaron de la rápida liquidación de los pagos crecientes de deuda interna y externa. Sólo en 2007, las elites extranjeras y nacionales se embolsaron 160.000 millones de reales (1,7 reales = 1 dólar USA), equivalentes a 59 veces el gasto en educación.

Durante sus primeros cinco años en el poder (2003-2007) pagó casi 800.000 millones de reales a las élites titulares de deuda, más de cuatro veces lo que distribuyó a 40 millones de brasileños pobres a través de su programa para combatir la pobreza.

Los programas de reducción de la pobreza no proporcionaron trabajos decentes ni condiciones de vida más allá del nivel de subsistencia, en un momento en que los ingresos públicos y los excedentes presupuestarios eran superiores a los 50.000 millones de dólares. En cambio el programa de reducción de pobreza fue administrado por los funcionarios del gobierno, que eran los miembros del partido de Lula (partido de los trabajadores), y que se aseguraron de que los beneficiarios votaran por Lula. En un sentido político, y no social, el programa era un éxito que aseguraba Lula un voto 70-80% en algunas áreas de la alta concentración de financiación de pobreza.

La política de apoyo a la candidatura de Lula por el MST, con la esperanza de asegurar un programa completo o siquiera moderadamente expansivo de reforma agraria, fue un fracaso. La distribución de la tierra cubrió solamente una tercera parte, menos de una fracción de lo previsto por los líderes MST. Los créditos del gobierno y las subvenciones a la exportación fueron, de forma aplastante, hacia dueños de grandes plantaciones, mientras que los pequeños agricultores fueron a la quiebra por las políticas liberales de Lula de importación de alimentos. Por confiar en Lula, el MST no pudo apoyar a uniones públicas de empleados que protestaban contra las reducciones de las pensiones. Es decir, la estrategia política del MST entre 2003-2006 fue un lamentable fracaso; sacrificó los lazos con las luchas urbanas del sindicato sin asegurarse beneficios de su aliado, Lula.

Sin embargo, durante el mismo período, el MST siguió organizando las ocupaciones de tierras y las protestas masivas a favor de la reforma agraria. A través de su lucha cotidiana, el MST, retuvo a su base de masas y sus partidarios, como lo evidencian los 17.000 delegados que asistieron a su convención nacional en 2007. Más importante, en 2007, la dirección del MST unió sus fuerzas a los sindicatos izquierdistas anti Lula (CONLUTA) y a la confederación pro Lula (CORTE) en tres protestas masivas, señalando un mayor grado de independencia política y una rectificación de sus políticas conciliatorias previas. Según parece, los líderes del MST han comprendido la inutilidad de alinearse con un gobierno de centro-izquierda como el de Lula.

Bolivia

Durante dos años y medio (2005-2008), Bolivia pasó de un período insurreccional, en el que los movimientos sociales revolucionarios dominaron y definieron las prioridades políticas, a un período en el que la extrema derecha ha lanzado una ofensiva política importante que ha desarticulado la Asamblea Constituyente, ha dominado el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias y ha forzando al partido MAS, de centro-izquierda, a una lamentable retirada de casi todos sus compromisos electorales socioeconómicos.

El cambio brusco y profundo en la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y la oligarquía es, en gran medida, perceptible en las políticas y prácticas del gobierno de centro-izquierda del presidente Evo Morales y su vicepresidente García Linera. El paso de la derecha de ser una fuerza marginada, asustada y derrotada a una potente, agresiva y avanzada máquina política, fue el resultado, en gran parte, de varias políticas decisivas y contraproducentes impuestas por Evo Morales y García Linera a los movimientos sociales por medio de sus instrumentos sociopolíticos.

En primer lugar, el gobierno del MAS logró canalizar las políticas a través de instituciones del Estado, a saber, las ramas electorales, parlamentarias y ejecutivas, socavando por tanto las tácticas de acción directa de los movimientos sociales, su instrumento más efectivo de la influencia política.

En segundo lugar, el equipo Morales-García Linera definió y distorsionó radicalmente varias de las demandas políticas y socioeconómicas populares principales a fin de acomodarse a los intereses de la oligarquía y del capital extranjero. Los pactos y acuerdos formales entre el gobierno y la oligarquía llevaron directamente a la rápida reconstrucción de la extrema derecha y a la desmovilización y debilitamiento estratégico de los movimientos sociales. Estos cambios políticos radicales pueden resumirse brevemente.

Asamblea Constituyente: del poder popular al revanchismo oligárquico

Una de las demandas políticas fundamentales de los movimientos sociales revolucionarios durante el período insurreccional (febrero de 2003 a junio de 2005) fue la convocatoria de una asamblea constituyente cuyos miembros provendrían de la elección directa de representantes de los movimientos sociales, comunidades indias y pobres rurales y urbanos. Morales y García Linera pervirtieron totalmente esta demanda. En un acuerdo formal con los desacreditados jefes de los partidos oligárquicos, el presidente y el vicepresidente organizaron elecciones basadas en las entidades territoriales existentes, en las que los partidos de extrema derecha se aseguraron la representación amplia necesaria para bloquear cualquier cambio radical a través de sus potentes máquinas de patrocinio y el control sobre el 90% de los medios de comunicación de masas. En las negociaciones previas a la constitución de la Asamblea, Morales y García Linera aceptaron una cláusula de votación de la oligarquía según la cual eran necesarios dos tercios de los votos para aprobar cualquier artículo de la Constitución. Más tarde, cuando la derecha entró en la Asamblea en número suficiente para bloquear todos y cada uno de los cambios sustanciales, o incluso las reformas de procedimiento, Morales y García Linera intentaron introducir una norma de mayoría simple pero fueron incapaces incluso de afectar el funcionamiento de la asamblea. Después de casi un año y medio de parálisis, no se aprobó un solo artículo sustancial; los movimientos sociales habían perdido todas sus esperanzas en la «refundación del Estado» y en la posibilidad de alcanzar cambios sociales significativos. La derecha utilizó la situación disfuncional de la Asamblea para organizar manifestaciones callejeras de masas y establecer «redes cívicas» potentes, dominadas por los oligarcas separatistas y sus fuerzas paramilitares, a fin de promover un programa en gran parte de derechas.

El vicepresidente García Linera reconoció, efectivamente, la debacle total de la Asamblea Constituyente y convocó una conferencia pluripartidista con participación del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y todos los partidos de extrema derecha, empresarios y oligarcas, a fin de resolver sus diferencias. En otras palabras, Morales y García Linera pasaron de un pacto político fallido con la oligarquía a otro con los mismos resultados desastrosos. Como era de esperar, la oligarquía y la derecha consideraron la marginación de la Asamblea como una victoria y utilizaron el nuevo formato para impulsar su programa aún más agresivamente y exigir, en la práctica, la rendición total en todos los asuntos principales relativos a la agroindustria; la ocupación ilegal de tierras públicas; el separatismo (calificado de autonomía), que incluye el control provincial total sobre los ingresos por impuestos y regalías, y un mayor control provincial de las políticas sociales y económicas. La propuesta pluripartidista llevó rápidamente a un fin innoble, como la Asamblea Constituyente antes de ella, pero no sin antes reforzar aún más a la derecha, desmoralizar las clases populares y demostrar la quiebra de las políticas de Morales y García Linera de pactos políticos con los partidos oligárquicos. Al carecer incluso de la seguridad física más elemental en Sucre, la Asamblea Constituyente huyó primero a una instalación militar y más tarde a Oruro donde fue protegida por los mineros y aprobó una constitución contradictoria y ambigua.

La nueva Constitución está sometida a la aprobación de los votantes en referéndum. Las cláusulas principales son una mezcolanza de cláusulas «centralista» y cláusulas «autónomas», que potencian el poder federal y fragmentan potencialmente el país en unas 30 a 60 «naciones indias» y en gobiernos regionalistas de derecha. Declarando al mismo tiempo la intangibilidad de la propiedad privada, la Constitución reivindica limitar la propiedad de la tierra a 25.000 acres por persona, incluyendo la posibilidad de un cierto tipo de reforma agraria (la mayoría de la cual sería invalidada mediante el procedimiento de poner la tierra a nombre de los miembros de la familia ampliada.) La Constitución reivindica la propiedad del Estado de todos los derechos del subsuelo sin por ello denegar a todas las grandes empresas mineras, del gas y del petróleo todas las reservas subterráneas en su cotización según el mercado de valores. La Constitución refleja la ideología y las políticas profundamente contradictorias del gobierno de Morales y García Linera, que proclama cambios radicales pero aplica un programa liberal.

Ideología

En la base de estos desastrosos pactos políticos, tácticas y estrategias del gobierno actual, se halla la ideología del capitalismo andino basada en la idea de la protección de la propiedad privada (que incluye la élite de la agroindustria, ese 1% de la población que posee el 80% de las tierras fértiles), de empresas mixtas con multinacionales extranjeras que explotan los grandes recursos naturales, y con campesinos indios de pequeña propiedad basada en la comunidad. Para sostener el proyecto económico capitalista, Morales y García Linera necesitaban la colaboración y el apoyo de los partidos de derecha oligárquicos, lo que condujo directamente a la firma de los tristemente famosos y fatales pactos políticos que socavaron totalmente las actividades y la dinámica de los movimientos sociales. El indigenismo y la retórica de la defensa de las comunidades indias han sido recursos retóricos rituales en boca de ambos líderes y desmentidos en la práctica, como demostraron concretamente sus supuestos socios, con la destrucción de la disidencia en su reducto económico de Santa Cruz.

Indigenismo

El segundo componente principal de la ideología de Morales y García Linera era la autonomía política indígena y local. La ideología del indigenismo varía en significado y uso según su exponente y propósito político. En Bolivia hoy ambos líderes hablan de indigenismo con varios significados contradictorios y confusos, en función del momento y lugar políticos. El énfasis principal se pone en los derechos culturales y políticos: reconocimiento de la igualdad legal, respeto de las normas culturales indias y sus prácticas jurídicas y reconocimiento del derecho al autogobierno y la autonomía por parte de las 39 a 60 (dependiendo de las ONG y los antropólogos) naciones indias.

Morales y García Linera han puesto de relieve el carácter cultural y democrático de su «revolución», negando cualquier pretexto para la transformación de la propiedad y las relaciones sociales, la expropiación del capital extranjero o los 25 millones de hectáreas en manos de la clase dominante agroindustrial. El reconocimiento de varias docenas de «naciones indias» implica la fragmentación total de Bolivia en una cadena de mini estados insostenibles, si se llegase a poner en práctica la ideología del indigenismo. Inútil decir que los dos líderes no tienen ninguna intención de poner en práctica la «autodeterminación» indígena, un concepto ideológico sin fundamento económico y político prácticos. Sin una redistribución fundamental de la tierra, una reforma agraria profunda que transfiera la tierra de los 100 clanes a 2 millones de indios sin tierra, lo que Morales y García Linera han rechazado categóricamente, la población india no tiene ninguna base económica para afirmar su autodeterminación.

Peor aún, el énfasis de la ideología indigenista de Morales y García Linera en la autonomía local (de departamento y municipal), ha sido aprovechado por la clase oligárquica de derechas que gobierna en seis departamentos (la media luna) como pretexto para poner en marcha un movimiento de secesión, tanto de jure como de facto, para hacerse cargo de la mayor parte de las regiones ricas en minerales y energía de Bolivia. En respuesta, Morales y García Linera han retrocedido y reafirmado la supremacía del gobierno central del Estado y su control total sobre los ingresos de exportación, la autoridad civil y el poder legislativo.

La ideología indigenista ha tenido poco o nada de impacto en el aumento de la renta y la resolución de las desigualdades de propiedad, los contratos con las sociedades multinacionales extranjeras, los gastos presupuestarios y los ingresos. Las festividades religiosas indígenas han sido financiadas por el Estado y la ideología indigenista ha dado una cierta legitimidad popular a la clase política, básicamente mestiza, que predomina en el gobierno.

Nacionalización

La inmoralidad del gobierno del MAS y su traición a las esperanzas y aspiraciones de los movimientos sociales revolucionarios y sus sacrificios políticos se evidencia claramente en el abandono total, por parte del gobierno, de la nacionalización de la energía y otros recursos materiales primarios. No se ha nacionalizado ni un solo pozo petrolero ni un gaseoducto a pesar de los chillidos de Morales asegurando que «nacionalización no equivale a expropiación». Por supuesto; la continuación de la propiedad y el control extranjeros en la elaboración de las políticas no era expropiación, pero tampoco ha existido una nacionalización en el sentido que todos expertos, economistas, políticos, periodistas y académicos emplean este término.

Morales y García Linera simplemente aumentaron los pagos por royalties y los impuestos a los niveles de la mayor parte de los países capitalistas occidentales y muy por debajo de porcentajes que se aplican en Próximo Oriente, Asia y partes de África. Peor aún, el ajuste de precios al alza en la venta de gas a Brasil y Argentina estaban aún por debajo de los precios mundiales en un porcentaje de por lo menos un tercio o la mitad. Después de lograr lucrativos y provechosos contratos a largo plazo, Petrobras de Brasil y Repsol de Argentina decidieron hacer nuevas inversiones de gran envergadura para el aprovechamiento de recursos bolivianos. Es decir, que Morales y García Linera ampliaron y profundizaron la desnacionalización de la economía a un coste enorme para la clase trabajadora y los pobres de la ciudad y el campo, que ven poco o nada de unos ingresos cada vez mayores.

De acuerdo con sus políticas favorables al capital extranjero, Morales y García Linera firmaron un acuerdo con la multinacional india Jindal para aprovechar una de las tres minas principales de hierro y manganeso de América Latina. La cordillera de Mutún fue desnacionalizada, se privatizó y se liquidó en condiciones sumamente favorables para sus nuevos dueños extranjeros. El acuerdo propuesto de industrializar el mineral de hierro implica el tratamiento mínimo del mineral en lingotes y tendría lugar después de que Jindel recuperase su inversión inicial.

Morales y García Linera han firmado contratos con casi todas las multinacionales extractoras oligárquicas y extranjeras existentes en Bolivia. Por otra parte, Bolivia ha incrementado su dependencia del capital extranjero al aceptar la participación de nuevos explotadores foráneos. A principios de 2008, cuarenta y dos empresas de gas y petróleo de propiedad extranjera explotan los campos energéticos bolivianos.

A excepción de un par de operaciones muy marginales, el gobierno boliviano no ha nacionalizado ni una sola mina, pozo petrolero o campo de gas de propiedad extranjera. Pagaron un precio excesivo por dos refinerías propiedad de Petrobras. Y lo que es peor, las condiciones de propiedad extranjera siguen siendo tan desfavorables como siempre. En casi todos los casos el estado boliviano aparece como socio minoritario, con poca influencia sobre las decisiones de inversión, producción y comercialización. En segundo lugar, los dueños extranjeros obtienen préstamos subvencionados del Estado boliviano, con un porcentaje medio del 3%, para financiar gastos corrientes. En cambio, el estado boliviano pide préstamos al 8% al Banco Andino. Las empresas extranjeras reciben gas a precios subvencionados. El gobierno boliviano no ha hecho cumplir o poner en práctica viejos o nuevos acuerdos y no ha iniciado un sólo proyecto industrial de gran envergadura, confirmando con ello la economía de estilo colonial de Bolivia.

La lista de multinacionales extractoras extranjeras con influencia dominante en la economía boliviana incluye a Petrobras (Brasil), Repsol (España), Transredes (Enron-Shell), Jindal (India), Total (Francia), British Gas, Apex Silver (EE UU), Sumitomo (Japón), Ashmore (Gran Bretaña), British Petroleum y docenas de otras empresas importantes, que siguieron ganando miles de millones de dólares entre 2006 y 2008. En total, 42 multinacionales extranjeras dominan las industrias del gas y el petróleo bolivianos, una de las cifras más altas de todo el mundo.

Hay datos que confirman que el gobierno boliviano ha firmado más contratos de explotación, muy favorables para las empresas, con más corporaciones multinacionales del petróleo, la minería y el gas que cualquier otro país de América Latina. El hecho de que la mayoría de los nuevos contratos impliquen la exportación de las materias primas, significa una carencia de recursos energéticos para desarrollar el consumo interno de Bolivia y generar empleo industrial y comercial.

Reforma agraria

Después de dos años en el poder y a pesar de repetidas promesas demagógicas a las comunidades indias y campesinas, Morales y García Linera han fracasado totalmente en la ejecución de cualquier tipo sustancial de reforma agraria, y más todavía en lo que se refiere a tierras fértiles, productivas y de fácil acceso a los mercados, de los oligarcas y agro-exportadores más poderosos y más ricos. Al contrario, el régimen, desde el principio, dio garantías categóricas de que defendería a los «productores productivos» con independencia del tamaño de sus explotaciones, algunas de ellas de cientos de miles de hectáreas. Los niveles masivos de desposesión de la tierra y de pobreza (70%) continuaron, como en el pasado, entre los electores rurales del gobierno. Morales y García Linera se explayaron sobre «la expropiación de las explotaciones improductivas e ilegales» (tierras públicas arrebatadas y ocupadas por los terratenientes), pero a partir de finales de 2007, se había redistribuido poca tierra.

Según un estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cien familias son propietarias de 25 millones de hectáreas de la tierra más fértil, mientras que dos millones de agricultores y campesinos pobres poseen cinco millones de hectáreas de tierra sobrexplotada. En el estado clave de Santa Cruz, según el propio Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), 15 clanes familiares poseen 500.000 hectáreas de tierras fértiles colindantes con los mercados y centros de transporte.

Los poderosos clanes «de los 100 mayores terratenientes» son los mayores propietarios, accionistas y consejeros de los principales bancos de Bolivia, emisoras de televisión, plantas de embalaje, industrias de procesos alimentarios, supermercados y empresas de comercio exterior.

En el estado de Beni, 10 familias poseen 534.000 hectáreas. En Pando, 8 familias poseen un millón de hectáreas de tierra fértil. Esta estructura de poder clan-familia oligárquica se extiende mucho más lejos del reino económico. Los miembros del clan ocupan posiciones importantes en la alta judicatura, administrativa y militar, en los medios de comunicación de masas y en las instituciones civiles.

El régimen de Evo Morales y García Linera ha garantizado repetidamente la inviolabilidad de la propiedad de la oligarquía, así como su fuerza sobre el crédito público (el 80% del cual va a la élite de la agro-exportación). Con el apoyo económico gubernamental, la oligarquía domina la maquinaria política y la utiliza para intimidar, y frecuentemente atacar, a los partidarios del régimen de Morales con impunidad. Como resultado, la oligarquía ha intensificado su férreo dominio en los cinco estados orientales de Bolivia. Mediante la fuerza, la intimidación y la persuasión, la oligarquía tiene la hegemonía sobre las clases bajas en sus regiones. En lugar de enfrentarse a la oligarquía, Morales y García Linera han pretendido reclutarla. En Pando, ofrecieron a un importante oligarca, el gobernador Fernández, un cargo en su gobierno. El gobernador Fernández lo rechazó, porque no tenía ningún deseo de tener nada que ver con los «indios».

Ganancias y política fiscal

Las «políticas económicas estructurales» diseñadas por Morales ampliaron el poder y la riqueza de la oligarquía y del capital extranjero. Las políticas socioeconómicas del régimen fracasaron en elevar el nivel de vida. En su campaña electoral de 2005, Morales prometió duplicar el salario mínimo y aumentar sustancialmente los sueldos de los obreros, los maestros y los trabajadores sanitarios. Dado el masivo aumento de la renta pública debido a los extraordinarios precios del mercado mundial para las exportaciones bolivianas de energía y metales, el régimen estaba en una buena posición para financiar aumentos sustanciales para los mal pagados empleados públicos y los trabajadores del sector privado. Nada de esto sucedió. El salario mínimo para 2008 aumentó un 10% -de 70 a 76 dólares al mes-. Con la actual tasa de inflación del 11%, el aumento real fue de 1 dólar al mes, con mucho, el salario mínimo más bajo de América Latina, en el momento de mayor acumulación de reservas extranjeras (5.000 millones dólares bajo las bóvedas del Banco Central) en Bolivia.

Aún peor, a los maestros públicos y trabajadores se les concedió un incremento salarial del 6% -en realidad una disminución si tenemos en cuenta la inflación-, en un momento en el que la oligarquía del agro-negocio, la energía de titularidad extranjera y las compañías petroleras cosechaban grandes beneficios del registro.

El régimen de centro-izquierda de Morales y García Linera ha tenido un severo efecto negativo en la organización y actividad de los movimientos sociales. Ha fortalecido y aumentado el poder institucional de los partidos de derechas y ha atrincherado al poderoso capital extranjero en todos los sectores estratégicos de la economía. Las políticas centrales, las políticas de rentas de los anteriores y desacreditados regímenes neoliberales permanecen intactas y los programas de mejora, pobremente dotados, han tenido poco impacto en los niveles de vida de los indios, obreros y empleados públicos.

La política fiscal ortodoxa del FMI de Morales y García Linera y su manipulación de los símbolos indigenistas están aportando poco a los sectores crecientes de la clase obrera, a los mal pagados empleados públicos (maestros, trabajadores sanitarios), a los pequeños y medianos empresarios del transporte y la minería, estudiantes y profesores universitarios, gobiernos municipales y trabajadores públicos. Los paros laborales, las huelgas, barricadas y protestas cívicas se han multiplicado por el declive de los salarios reales entre los maestros de la escuela pública, el personal hospitalario, médicos, enfermeras, camioneros, cooperativas de mineros y otros. Morales respondió a las huelgas de los empleados públicos con reducciones en los sueldos, represión contra los mineros huelguistas de Oruro y con decretos ejecutivos. El doble discurso de Morales y García Linera ha conducido a agrias confrontaciones entre sus partidarios originarios. Por ejemplo, persiguiendo el voto de los pensionistas, Morales aumentó las pagas y rebajo la edad la edad de jubilación; una medida loable. Sin embargo, en lugar de utilizar el excedente de las reservas externas, Morales transfirió el 30% de los recursos destinados a los gobiernos municipales y estatales y a las universidades, con un impuesto de hidrocarburos para financiar los costos del aumento de pensiones, que provocó protestas cívicas masivas. Aún peor, el ministro de Minas de Morales, que captó el apoyo de las cooperativas de mineros (empresas pequeñas y medianas) decidió cooperativizar una gran mina sindical, en detrimento de la clase trabajadora minera. Tuvo lugar una confrontación armada y murieron más de dos docenas de personas. Como resultado, Morales nacionalizó las minas, pacificó a los mineros y expropió las cooperativas mineras. Morales ha adoptado la táctica de amenazar a los trabajadores públicos en huelga con represalias de sus leales indios campesinos que componen el sector más bajo de su máquina de patrocinio electoral. A pesar de su abrazo a las políticas fiscales del FMI, la expansión de la explotación privada extranjera de las materias primas de Bolivia y sus subsidios al agro-negocio, los precios al alza de las exportaciones agrarias, energéticas y de metales, han permitido al régimen mantener su máquina de patrocinio de masas y subvenciones a líderes indios «populares» y líderes sindicales. La acción de la clase independiente es esporádica; la derecha controla gran parte de la acción cívica y en la izquierda no hay ninguna alternativa política en el horizonte, sobre todo a medida que se profundiza la confrontación entre Morales y la oligarquía política de la derecha.

A pesar de las retóricas frases antiimperialistas «compañeros no jefes», Morales y García Linera han fortalecido y extendido la presencia de empresas multinacionales en todos los sectores de las materias primas estratégicas, han apoyado repetidamente un contingente militar boliviano que ocupa Haití al servicio de la Casa Blanca y han mantenido las bases militares estadounidenses y reforzado las operaciones antidroga de la DEA.

Ecuador

El espectacular levantamiento, que duró un decenio, y el abrupto declive del movimiento CONAIE, de base india, están íntimamente relacionados con sus tácticas políticas y estrategias. El periodo de ascensión entre 1990 y 2002, se caracterizó por la organización de redes que promovían en el movimiento independiente de acción directa, incluyendo barricadas, incautación de edificios gubernamentales, huelgas generales y breves sublevaciones exitosas que llevaron a la ocupación del palacio presidencial en el año 2000. El periodo de declive empezó con la formación de un partido electoral, Pachacuti, con las alianzas electorales con políticos oportunistas y la entrada en los ministerios de un régimen neoliberal (Lucio Gutiérrez 2003-2005) y su posterior descrédito. A finales de 2003, CONAIE, el principal movimiento indio de América Latina, cayó en el caos total, muchos de sus líderes estaban desacreditados o cooptados y muchas personas abandonaron sus filas. Pachacuti, el instrumento político de CONAIE, se alió con el presidente neoliberal Lucio Gutiérrez y detentó ministerios -Asuntos Extranjeros y Agricultura- hasta que fueron expulsados u obligados a dimitir. Los rudos y represivos decretos socioeconómicos y políticos del régimen de Gutiérrez y la presencia continuada de Pachacuti y CONAIE a través de ministros y funcionarios del gobierno, desilusionó a los partidarios indios de CONAIE. En la resistencia popular subsiguiente y el movimiento de masas que llevaron al derrocamiento de Gutiérrez en 2005, CONAIE jugó un papel marginal. Con la ascensión del presidente elegido, Rafael Correa, en los comicios de 2007 y la elección de una nueva Asamblea Constituyente, CONAIE desempeñó de nuevo un papel marginal, en el mejor de los casos, contrario a la candidatura de Correa. Éste ganó cómodamente la presidencia, con un 52% de los votos, y su referéndum para instaurar una Asamblea Constituyente, asegurándose un 72% del voto popular. CONAIE-Pachacuti cosechó menos del 5% de los votos a la Asamblea Constituyente, mientras que los candidatos de Correa se afianzaron con más del 70%. El candidato presidencial de CONAIE, el secretario general Luis Macas, consiguió el 2%.

Claramente, la defunción de CONAIE se relaciona directamente con la política oportunista de muchos de sus líderes. Algunos de sus miembros y dirigentes eran profesionales en ascenso de la clase media-baja o líderes de ONG financiadas por el Banco Mundial y otras agencias del imperio. El error de la mayoría de los analistas de CONAIE y de los movimientos sociales en general es su visión de los movimientos indios campesinos como organizaciones socialmente homogéneas en las que se entierran las evidentes diferencias de clase bajo una homogeneidad étnico-identitaria. Nuestras entrevistas y observaciones de campo en Ecuador en el periodo 2002-2007, revelaron agudas diferencias de clase, con consecuencias ideológicas y políticas estratégicas.

CONAIE, y todavía más Pachacuti, incluyeron a los propietarios del transporte, intermediarios comerciales, abogados, trabajadores sociales, operarios de ONG de financiación extranjera, consultores académicos, así como a campesinos y granjeros medianos que empleaban a campesinos pobres y a obreros rurales sin tierra como aparceros y trabajadores a sueldo. Estas diferencias de clase se reprodujeron en las cooperativas, las organizaciones comunitarias y en la dirección local y regional de CONAIE y Pachacuti. Las posiciones de clase divergentes y las relaciones de explotación en las comunidades indias llevaron a intereses de clase contrapuestos. Estos intereses de clase divergentes se disimularon con identidades culturales indias elaboradas por académicos «indigenistas» (centrados en la identidad) e ideólogos que se unieron a CONAIE y Pachacuti. En la práctica, estos líderes subordinaron el movimiento a su ascenso y a los lazos con la élite comercial. La élite «india» vio en el régimen de Gutiérrez una oportunidad de ganar influencia para su segmento de clase de la comunidad india con el acceso a los fondos públicos y a préstamos baratos, al crédito y al patrocinio político. Esto era evidente en los líderes de Pachacuti, que ostentaban cargos en el régimen de Gutiérrez incluso cuando sus bases eran reprimidas o se les negaba cualquier influencia o beneficio del régimen.

La extinción virtual de Pachacuti a lo largo de 2007, la recomposición lenta y dolorosa de CONAIE y su papel muy marginal en la nueva Asamblea Constituyente son irónicos, ya que una de sus demandas principales a lo largo de su ascenso al poder, en los noventa, era precisamente una nueva constitución con poderes plenarios.

El llamamiento del presidente Rafael Correa está ampliamente dirigido a la abolición de la élite sobornable que controla el Congreso, y su convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente y sus medidas socioeconómicas populistas favorecen a diferentes sectores de pobres urbanos y rurales. Su revocación del contrato de explotación de crudo con Occidental Petroleum obtuvo el apoyo de los sectores nacionalistas, así como su creación de una comisión de interventores internos independientes para examinar la deuda externa y determinar si dicha deuda se había contraído legal o ilegalmente.

En términos de cambio estructural, Correa no tiene ningún plan para nacionalizar compañías de petróleo extranjeras, pero las ha abofeteado con un impuesto de exceso de beneficios del 99% que debe aportar cerca de 800 millones de dólares al tesoro gubernamental. Al tiempo que zarandea a Occidental Petroleum, Correa no ha aplicado las mismas normas contra el gigante de la energía multinacional brasileña, Petrobras, por los mismos agravios. El presidente Correa ha estructurado una masa de partidarios urbanos, sobre todo en Quito, tiene un fuerte apoyo en las regiones indias montañosas y una mayoría de dos tercios en la Asamblea Constituyente que está redactando una nueva constitución. Con los abundantes réditos de los altos precios del crudo y el 46,2% de propiedad estatal de la industria petrolera, Correa está en situación de mantener una posición relativamente independiente de Washington. No obstante sus políticas están siguiendo una actuación equilibrada entre la Casa Blanca y Caracas. Debe señalarse que 15 multinacionales extranjeras todavía explotan el 53,8% de su petróleo y han seguido extendiendo sus áreas de explotación.

El enfoque del presidente Correa para su programa de reforma social, la Asamblea Constituyente y la transformación constitucional, difiere enormemente de la desastrosa estrategia de Evo Morales en Bolivia. Correa ha utilizado certeramente los poderes presidenciales para aprobar o decretar cambios y reformas sociales populares promovidas antes del referéndum constitucional y de las elecciones, asegurándose así una gran mayoría. Posteriormente, Correa y la Asamblea Constituyente recientemente elegida asumieron los poderes legislativos, disolvieron el Congreso y movilizaron a sus partidarios, los recursos del estado y las medidas legales para minar y neutralizar los intentos regionalistas de la élite costera para paralizar o minar su presidencia y la Asamblea. Gracias a los 840 millones de dólares adicionales en impuestos por exceso de beneficios -muy superior a cualquier medida propuesta por Bolivia- Correa puede financiar su programa de reformas fragmentarias. Correa ha firmado una serie de importantes acuerdos de comercio e inversión con Argentina y un acuerdo conjunto a gran escala con la compañía petrolera estatal de Venezuela para construir una gran refinería. En contraste, el presidente Correa se ha negado a tomar partido en la disputa colombiano-venezolana, ha cooperado con EEUU en numerosos programas contra el narcotráfico y ha asumido una intensa presencia del ejército de EEUU y operaciones de la DEA. Mientras se incrementan los réditos petroleros, Correa no ha repudiado nada de la deuda externa ilegal, a pesar de haberlo prometido en la campaña electoral. Ha mantenido la «dolarización» de la economía y ha respaldado a las grandes compañías mineras que contaminan el medio ambiente contra las que protestan las comunidades indias locales. Su gabinete, especialmente sus ministerios de Economía, Finanzas y Energía son decididamente neoliberales moderados (Bustamante, Dávalos y Parejo) aunque el presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta y el nuevo jefe de Petro-Ecuador, el almirante Homero Arellano, representan la tendencia nacionalista del gobierno. Las presiones de los intermediarios petroleros privados, contratistas e importadores de gas relacionados, sin embargo, todavía controlan 9,5 mil millones de dólares de los 13,5 mil millones dólares en réditos de petróleo.

Venezuela

La red más extensa e influyente de movimientos sociales radicales se encuentra en Venezuela. Varios millones de venezolanos son activistas en las organizaciones de la sociedad civil, promovidos y apoyados «desde arriba» por el presidente Chávez y «desde abajo» a través de activistas locales que presionan por una mayor influencia en el gasto social, en inversiones productivas y en la seguridad nacional e interior (contra la trama del golpe cívico-militar derechista). La dicotomía y distinción que hacen algunos ideólogos de centro-izquierda y académicos que se llaman a sí mismos marxistas, entre las organizaciones de masas «desde arriba» y «desde abajo», es simplista y no capta los procesos sociales dinámicos de crecimiento del movimiento social y de la transformación en Venezuela. Por ejemplo, la movilización social y el movimiento más importante fue la marcha de millones de personas que derrotó el golpe militar derechista del 11 de abril de 2002 y restauró al presidente Chávez en el poder en 48 horas. Con esta referencia, las movilizaciones espontáneas, localmente organizadas desde abajo llevaron a cabo la toma, por masas de trabajadores, de las empresas de energías estratégicas durante el cierre patronal del petróleo e industrias relacionadas entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Fuera de estos movimientos de masa «desde abajo», el gobierno, «desde arriba», financió y patrocinó los movimientos cooperativos y de producción a pequeña escala, las brigadas de alfabetización y salud, movimientos para las cocinas de comida para indigentes y la red de comités electorales para reelegir a Chávez y derrotar un referéndum promovido por la derecha. Algunos de los movimientos sociales de la red que han logrado sus metas inmediatas (restaurar al presidente Chávez en el cargo y la producción en la industria petrolera) se han amalgamado con otros movimientos sociales «desde abajo» -como la fundación de una nueva confederación sindical- y «desde arriba» en forma de cooperativas de producción.

Muchos movimientos sociales empezaron desde arriba, adquirieron vida propia, desarrollaron sus propias agendas sociales y, en algunos casos, entraron en conflicto con los chavistas y burócratas de la oposición, funcionarios federales y municipales y ministros del gobierno (de Agricultura y Trabajo, sobre todo).

Como respuesta a las políticas conservadoras de elegir o nombrar funcionarios chavistas y a las tácticas dilatorias del funcionariado de la oposición, empotradas en la administración pública, Chávez «desde arriba» animó y estimuló nuevas formas de gobierno local directo, así como la nueva red de iniciativas «desde abajo» para un mayor poder local.

Los activistas de los movimientos y los funcionarios progresistas han creado miles de comunidades locales (barrio), comunales (ciudad-extensa) y los consejos, con varios grados de autonomía social. Varias fábricas fueron expropiadas por el Estado, «desde arriba», otras fueron ocupados y, con el tiempo, tomadas por los obreros «desde abajo» y autogestionadas. La confederación del sindicato de clase independiente (UNT) se organizó contra los jefes moribundos del CTV respaldados por la CIA. Dentro del UNT, se desarrollaron dos tendencias: una tendencia que exigía autonomía absoluta del gobierno y que en realidad era hostil a las iniciativas del gobierno, y otra tendencia que parecía dirigirse hacia la colaboración con el gobierno. Ambas tendencias, en todo caso, no han organizado a la inmensa mayoría de obreros no sindicados y han hecho poco para cambiar la legislación laboral que derogue «el contrato» o empleo precario.

Autónomos, pero favorables a Chávez, los movimientos de masas de campesinos «desde abajo», liderados por el movimiento de Ezequiel Zamora, se han extendido rápidamente y han exigido una importante acción gubernamental acelerando la reforma agraria y la seguridad con respecto a los pistoleros de los propietarios. El gobierno legalizó la presencia de decenas de miles de obreros agrícolas colombianos «desde arriba», proporcionándoles la ciudadanía venezolana y protección bajo la legislación laboral venezolana. Muchos de éstos obreros agrícolas posteriormente se unieron a sindicatos autónomos campesinos que presionan por la reforma agraria «desde abajo».

El presidente Chávez llamó a la formación de un movimiento de milicias ciudadanas «desde arriba», para complementar las fuerzas armadas existentes como parte de una estrategia de seguridad nacional (guerra asimétrica) para oponerse a una posible invasión estadounidense o a un golpe de la derecha. Cuando los partidos políticos oligárquicos de la derecha, las federaciones patronales, los medios privados de comunicación de masas y algunos ex generales se confabularon para reemplazar al presidente Chávez y bloquear las enmiendas constitucionales progresistas, surgieron grupos de acción ciudadana «desde abajo» para alentar una mayor confianza en las milicias ciudadanas. Al faltar una dirección coherente, un marco y una educación política, el movimiento de la milicia opera de un modo superficial.

El gobierno de Chávez ha convocado a muchos millones de miembros para el nuevo partido-movimiento político «desde arriba» -el Partido Socialista Unificado de Venezuela- que ha llevado a un alistamiento popular a gran escala y a extensos debates y discusiones de un programa político «desde abajo». La gran mayoría de los 5 millones de miembros con carné del partido no es activa ni entendida sobre los problemas sociales; sólo son socialistas.

El proceso dialéctico de la formación del movimiento, la subida y la caída de organizaciones sociales espontáneas y promovidas por el Estado, los cambios en el tiempo desde movimientos promovidos por el estado central a movimientos sociales autónomos, imposibilitan la crítica simplista de «centro-izquierda» y de los ideólogos de extrema izquierda que niegan la legitimidad de los movimientos sociales favorables a Chávez.

Venezuela no sólo ha dado testimonio del crecimiento masivo de los movimientos sociales y de una de las sociedades civiles de izquierda más activas del mundo, sino también del crecimiento más grande de movimientos sociales de la derecha y la extrema derecha de América Latina. Como representantes de una minoría de la población formada, en su mayoría, por las clases privilegiadas, los movimientos sociales de derecha pueden ser divididos en constitucionales y autoritarios con tendencias vinculadas con el terror. Los primeros han participado en procesos electorales, sobre todo cuando fallaron los intentos extraparlamentarios más tempranos para derrocar al gobierno elegido. Los movimientos de extrema derecha que han dominado la política de oposición, prioritariamente hacia y durante el golpe y el cierre patronal y en el periodo anterior al referéndum del 2 de diciembre de 2007, cuentan con la financiación de Estados Unidos a través de la NED y ONG como «Súmate». Tiene conexiones con ex oficiales militares que están en contacto con algunos oficiales activos que pretenden derrocar al gobierno por la fuerza. Su lucha callejera violenta y su vandalismo están diseñados para desestabilizar la economía, asfixiar el transporte de mercancías esenciales y minar los servicios sociales.

El éxito histórico en cuanto al mantenimiento, influencia y avances de los movimientos sociales en Venezuela está vinculado a sus lazos políticos con el gobierno nacionalista y democrático del presidente Chávez, su autonomía relativa de acción y la radicalización del proceso político en Venezuela (entre 2006-2007).

El auge de los movimientos sociales venezolanos está basado en las exitosas alianzas políticas, los programas sociales avanzados y la dirección de Chávez. Esto se afirma en el agudo contraste con los regímenes neoliberales de Lula, Evo Morales, Lucio Gutiérrez y Kirchner, que abrazaron a las élites de la exportación agro-mineral, financieras e industriales y socavaron los movimientos sociales.

El problema teórico suscitado por las distintas actuaciones de los movimientos sociales, el éxito, el crecimiento, las derrotas y el rechazo en el decenio actual, se relaciona directamente con el problema de las alianzas políticas y sus consecuencias en términos de poder estatal. Los regímenes de centro-izquierda han desmovilizado y minado consistentemente los movimientos sociales y han desmoralizado a sus seguidores. Los líderes y cuadros dirigentes de los movimientos sociales que ligaron los movimientos a los regímenes de centro-izquierda han visto la decadencia de sus movimientos, la debilitación de su influencia y a sus aliados potenciales en otros movimientos lejanos.

Los movimientos sociales, como los que en Venezuela han estado directamente comprometidos en derrotar a la derecha y han conservado su autonomía, han sido útiles al presionar con éxito para conseguir programas sociales avanzados y más poder social, y han fortalecido los movimientos y ampliado el número de miembros.

El proceso político venezolano está conducido por dos sistemas de contradicciones. En el más obvio entran los propietarios de los de los medios privados de producción, distribución, comunicación y finanzas, respaldados por el estado imperialista estadounidense y el estado chavista, campesinos y movimientos sociales de vecinos, sindicatos, empresas públicas, cooperativas e importantes sectores productivos y comerciales de la altamente lucrativa industria del gas y del petróleo.

La segunda contradicción discurre profundamente dentro de la estructura política y social chavista. Esta división llena de picaduras a los funcionarios estatales de alto nivel, incluso a ministros del gabinete, consejeros presidenciales, gobernadores, alcaldes y funcionarios del Congreso y sus seguidores contra sus «colegas izquierdistas» del régimen y de la estructura política, respaldada por líderes radicales y activistas de los sindicatos, campesinos y consejos de barrios. En términos simples, este conflicto interior es una parte integrante de la lucha de clases más grande en la dirección y estrategia del gobierno chavista. Los «centristas» se orientan hacia la consolidación del el statu quo, aumentando los lazos con el capital local y extranjero, extendiendo el papel del mercado, la liberación del control estatal sobre precios y movimientos importantes, el control fiscal más firme, que promueve el centro-derecha, sus partidarios de la clase media y los grandes capitalistas en una alianza multipartidista. El favor de los izquierdistas amplía la propiedad estatal y la regulación y el gasto público creciente; acelera el proceso de expropiación de grandes propiedades de terreno y fábricas de baja producción. Fuera de estas tendencias organizadas hay millones de personas, principalmente los «sin tierra» y pequeños propietarios venezolanos de bajos ingresos, sobre todo en los barrios bajos de las grandes ciudades que de forma consistente votan y se movilizan a favor de las iniciativas de Chávez y contra la oposición, pero que no están organizados ni afiliados, ni a los centristas ni a los izquierdistas.

En diferentes momentos, una u otra tendencia compiten por tener más influencia sobre el presidente y la política. En el primer periodo de la presidencia de Chávez (1999-2002), los centristas dominaron el proceso político; la mayoría de los cambios se confinó a la esfera política y la política exterior. La izquierda ganó fuerza con la movilización popular, la derrota del golpe militar y el cierre de los ejecutivos del petróleo (2002-2006). La izquierda también ganó fuerza en la búsqueda de políticas que promueven un mayor gasto social y el control sobre la renta del petróleo, así como la reforma agraria y la propiedad pública. Los radicales del movimiento de masas, sin embargo, pudieron afianzar sólo un espacio limitado en el control obrero de empresas públicas y en la reforma agraria y ningún progreso en la expropiación clave de la banca y empresas productivas.

Con la reelección de Chávez en 2006 y con los precios del crudo que acercan el barril a los 100 dólares, llenado las arcas gubernamentales, los miembros de la izquierda del gobierno de Chávez ganaron una influencia significativa en la política, la ideología y sobre el presidente Chávez. Los «centristas», mientras tanto, han sufrido un cierto declive de influencia aunque mantienen sus posiciones en el aparato político y se oponen y se resisten a las medidas socializadoras que propone la izquierda ascendente.

Paradójicamente, cuando la izquierda aumentó su influencia programática en la cima de la estructura política, también marginó a los radicales y a los movimientos de masas de cualquier voz eficaz en la conformación política. Peor todavía, la izquierda promovió su visión del «Socialismo del Siglo Veinte» sin vincularlo a las luchas y demandas concretas de los pobres urbanos y la clase obrera. En otras palabras, la izquierda radicalizó el proceso político, especialmente promoviendo un referéndum sobre cambios radicales en la Constitución (2 de diciembre de 2007) mientras descuidaba la lucha y las demandas de la masa de su base electoral en los barrios bajos urbanos.

Es más, los chavistas de centro en posiciones estratégicas ni apoyaron las iniciativas de la izquierda (algunos realmente se opusieron al referéndum, otros expresaron ataques públicos) ni actuaron para mejorar el deterioro del nivel de vida en los barrios bajos de las grandes ciudades.

El Referéndum del 2 de diciembre de 2007 marcó el punto más alto de la izquierda y el comienzo de su declive. La izquierda tenía seguro un 49,4% del voto a favor de las enmiendas diseñadas para transformar y aumentar el poder del estado, socializar la producción y la tierra, y aumentar enormemente la cobertura de la seguridad social de la población. La derecha (ayudada e incitada por una amplia gama de fuerzas que van desde la embajada estadounidense a los banqueros, personas influyentes de los medios de comunicación a estudiantes liberales, profesores socialdemócratas a una variedad de sectas trotskistas de extrema izquierda), pudo movilizar y afianzar el voto de su base en la clase media tradicional (su voto excedió apenas de sus resultados anteriores) y añadió sólo el 2% de la clase baja. El cambio más grande de la conducta de voto estuvo entre los pobres urbanos: más de 3 millones de votantes de Chávez no votaron y mostraron su descontento con los fracasos tanto de los líderes políticos «centristas» como «izquierdistas» del movimiento de Chávez.

Como muchos planificadores políticos de izquierdas y académicos radicales de todo el mundo, los venezolanos infravaloraron completamente el impacto negativo de la inflación en las masas de sus electores. La inflación subió al 22% durante 2007 mientras los sueldos, pagas e ingresos de los obreros fijos y eventuales se estancaron. La izquierda calculó muy mal el impacto de la escasez de artículos esenciales de consumo, el mercado negro y los ilegales aumentos de precio en los pobres. La izquierda luchó y temporalmente ganó la batalla ideológica en lo «alto» pero perdió la batalla económico-política en lo «bajo».

Incluso aunque la izquierda reconoció el problema de la inflación, el creciente coste de la comida y la escasez de mercancías de consumo básico, se limitó a imponer controles inútiles mientras que las instituciones fundamentales productivas y comerciales permanecían en manos de sus enemigos económicos de la derecha. Además, los ineficaces controles eran administrados por los gobernadores políticos centristas, alcaldes y administradores. Los izquierdistas descuidaron o no pudieron subir los salarios ni asegurar el trabajo a contingentes de millones de obreros, demostrando que el «Socialismo del Siglo Veintiuno» no era más que otra ideología, y el referéndum otro cántico electoral para reafirmar un statu quo deteriorado.

Los consejeros centristas y las personas influyentes, dentro y alrededor de la oficina del presidente, se aferraron a la derrota del referéndum. Exprimieron su ventaja para afianzar cambios programáticos, táctico-estratégicos y orgánicos, en lo que generalmente se percibió como una purga de la izquierda en una docena de ministros del gabinete, secretarios y sus consejeros, que fueron reemplazados por centristas. Los izquierdistas fueron degradados por las políticas elaboradas para llamar, al son del tambor, al apoyo de las nuevas políticas centristas del partido.

En segundo lugar, Chávez pasó de la izquierda al centro; pidió una «reducción de la velocidad del movimiento al socialismo» que se tradujo en aumentar los lazos económicos con la gran burguesía y eliminar cualquier actuación inmediata para nacionalizar empresas económicas estratégicas y los arduos procesos crecientes para reformar la posesión de la tierra.

Políticamente, el giro al centro incluyó la búsqueda de alianzas con los partidos de centro-derecha de la clase media, ganándoselos mediante la eliminación de controles de precios, permitiendo elevar los de los alimentos básicos, mientras los sueldos permanecían estancados.

La contradicción inherente en la fórmula izquierdista de avanzar al socialismo dentro del cascarón del capitalismo estaba siendo resuelta por el carpetazo centrista de los cambios sociales en favor de liberalizar la política económica. En lugar de buscar el equilibrio para organizar, politizar y beneficiar a los pobres, los centristas están yendo hacia arriba, hacia la burguesía, buscando alianzas de partidos, despolitizando las políticas económicas liberales (dando a la concesión privada una apariencia seudotecnocrática) e incrementando las oportunidades de beneficios del mercado. El referéndum del 2 de diciembre y su derrota marcan un claro receso en la política venezolana, un parón para la izquierda, una oportunidad para el centro y una apertura para la derecha.

Los movimientos chavistas de los habitantes de los suburbios urbanos, las masas de pobres urbanos y rurales, sin embargo, no están representados ni por el centro ni por la derecha; y están divididos en sus grados de lealtades entre la Izquierda y los radicales. Lo que está suficientemente claro, sin embargo, es que las medidas liberales propuestas por los nuevos consejeros centristas no están diseñadas para disminuir el descontento entre la masa abstencionista chavista. Ahora hay disponible más género pero a precios inalcanzables para la clase baja. La inflación sigue desenfrenada y las políticas antiinflacionistas propuestas por los centristas es la de los «programas de austeridad fiscal, reaccionarios y ortodoxos, que reducen los estándares de vida de los pobres».

Es probable que las políticas de los influyentes centristas del gobierno Chávez no lleguen a ningún lado: la clase media y las élites de los negocios aceptarán todas las concesiones pero conservarán sus lealtades a la derecha; los pobres urbanos perderán interés, se abstendrán o se resistirán a los centristas y retirarán sus lealtades. La decisión de Chávez de seguir la línea de los centristas de «concesiones de clase» a la burguesía ya ha despertado recelos, sus decisiones de conceder amnistías a los elaboradores y conspiradores del golpe y del cierre patronal de 2002-2003 ha levantado la indignación de las masas chavistas que sufrieron enormemente por el déficit de 10.000 millones de dólares en la economía durante un año.

Los cambios en la política venezolana entre el centro y la izquierda plantean preguntas fundamentales sobre el futuro a largo plazo de las relaciones de movimiento estado-clase, incluso bajo el presidente Chávez.

Nuevos movimientos sociales en nuevos escenarios (2005-2008)

Mientras algunos de los principales movimientos sociales en Bolivia, Argentina, Brasil y Ecuador están estancándose o retrocediendo, los nuevos movimientos sociales autónomos han surgido en una nueva serie de países. El detonante de las movilizaciones de masas varía de unos países a otros: las demandas socioeconómicas y políticas, las clases sociales y la profundidad y magnitud de los movimientos tienen similitudes importantes y diferencias. Comparadas con los primeros movimientos de masas (1995-2003), las organizaciones actuales todavía carecen de la influencia política y dimensión de, por ejemplo, CONAIE entre 1990-2002 o el MST entre 1990-2002. Los movimientos actuales, que todavía están en una trayectoria ascendente, hasta ahora han evitado alianzas perjudiciales con los regímenes electorales de centro-izquierda y los partidos. Representan una robusta oposición a la nueva ola de regímenes neoliberales virulentos como los que están surgiendo en Perú y Costa Rica, así como a los regímenes gobernantes establecidos en Chile, Colombia, México, El Salvador y la República Dominicana.

La complejidad de las expresiones y las formas orgánicas de los nuevos movimientos sociales desde 2005, convierten cualquier exposición generalizadora en una proposición cuestionable.

México

Con el marcado declive de la influencia y actividad del Movimiento Zapatista (EZNL) basado Chiapas -guerrillas y comunidades-, el centro de la actividad del movimiento cambió en dos direcciones: un movimiento urbano masivo de sindicatos disidentes, organizaciones de barrios de clase media baja, empleados públicos y ciudadanos que apoyaron la candidatura de centro-izquierda de Andrés Manuel López Obrador y protestaron por el ulterior fraude electoral que les negó la victoria. Inmediatamente después de la elección, varios millones de mexicanos salieron a las calles. Sin embargo, el político de centro-izquierda no convocó ninguna acción firme, como una huelga general, y el movimiento fue menguando con el tiempo.

En Oaxaca, en contraste, una prolongada huelga de maestros, (2006) derivó en una toma de la ciudad a la que siguió una brutal represión por parte del gobernador y originó la formación de una Asamblea Popular que implicó a los comités de barrio, sindicatos y comunidades campesinas. La «Comuna de Oaxaca», como es denominada por algunos de sus partidarios, hizo casi el papel de una auténtica organización política gobernada con sus propios medios de comunicación y estructuras de seguridad. De mayo a septiembre de 2006, la Asamblea Popular (AP) resistió a la policía y los ataques militares diarios, los asesinatos, desapariciones y heridos. Finalmente, los heroicos militantes sucumbieron por agotamiento económico y físico, como resultado de su aislamiento político. Ni los zapatistas ni la campaña antifraude de López Obrador proporcionaron algo más que una solidaridad simbólica. Lo que queda de ambos movimientos es una mera sombra estructural de su reciente y anterior presencia masiva.

Costa Rica

En Costa Rica, una amplia unión de sindicatos, organizaciones de barrio, pequeños agricultores, movimientos cívicos y ciudadanos y ONG progresistas movilizaron a decenas de miles de personas para rechazar un referéndum gubernamental a favor del acuerdo de libre comercio (ALCA) con EEUU en el otoño de 2007. A pesar de la muy estrecha victoria del referéndum, el movimiento antiALCA mantuvo su fuerza en el período posterior al referéndum y sigue haciendo campañas masivas contra la privatización de servicios sociales y empresas públicas.

En las elecciones presidenciales, el partido basado en movimientos de acción ciudadanos perdió por el 1% frente al derechista presidente Arias, cuando todo el país se polarizó por los problemas del libre comercio, el estado de bienestar contra el modelo neoliberal y los problemas socioeconómicos de clase. Igualmente significativos, los vínculos y coaliciones formadas entre la comunidad y los grupos de sindicatos continúan, tanto después de las elecciones como del referéndum, y se enfrentan a cada una de las reformas neoliberales propuestas por el régimen de Arias.

Perú

A mediados de julio y otra vez en primera semana de noviembre de 2007, decenas de miles de obreros peruanos, cultivadores de coca, campesinos, comunidades indias, mineros, algunas organizaciones urbanas de barrio y, sobre todo, los empleados del sector público (maestros, trabajadores de la salud, etcétera) se comprometieron en una huelga general y manifestaciones por todas las ciudades más importantes de Perú. En Lima, Arequipa, Trujillo, Iquitos, Ayacucho, Cuzco, Chiclayo y numerosas pequeñas ciudades y pueblos, los campesinos, indios, obreros y empleados públicos protestaron por las políticas socioeconómicas neoliberales del centro-izquierdista Alan García, por el acuerdo de libre comercio con EEUU y por el daño ecológico a las economías locales perpetradas por compañías mineras abiertas por el régimen de García.

Como en la mayor parte de América Latina, fluyen enormes ganancias hacia las arcas del gobierno peruano. Los elevados precios de mercado de los metales, que baten el récord mundial, y los inesperados beneficios de los propietarios extranjeros de minas, contrastan con el estancamiento de los sueldos de los trabajadores de la industria y de los empleados públicos y el declive de los ingresos de los campesinos y productores rurales, que se enfrentan a los alimentos baratos importados, principalmente el grano estadounidense. García, conforme con las exigencias de la DEA de EEUU ha acelerado los programas de erradicación de la coca contra pequeños cultivadores, que sustentan a unas 500.000 familias, aumentando el descontento en el campo.

Los inesperados beneficios acumulados por el régimen han sido una incitación para las demandas populares de salarios más altos para nivelarse con la subida de los precios. Según un documento publicado por el Departamento de Estado de EEUU (7 de julio de 2007), Perú creció a un ritmo del 8% en 2006 y a una tasa similar en 2007, con más de 20.000 millones de dólares en reservas externas. El salario mínimo era sólo de 156 dólares al mes para 700.000 cabezas de familia (3,5 millones de peruanos) en discordancia con el creciente coste de los precios de productos básicos. Los empleados públicos ganaban un promedio de 312 dólares al mes, que apenas cubren la alimentación y el alquiler en las principales ciudades de Perú. Con los índices de inflación alcanzando los dos dígitos, los ingresos reales para los asalariados y campesinos estaban en declive, mientras que los propietarios extranjeros de minas e intereses petrolíferos cosechaban beneficios de más del 30% anual.

La campaña presidencial nacionalista-populista de Ollanta Humala politizó la mayoría de las regiones provinciales, donde ganó la mayoría de los sufragios, y perdió, principalmente, por la falta de apoyo en Lima, incluidos algunos de los grandes suburbios controlados por la maquinaria patrocinada por la élite. No obstante, Humala captó el 47,5% del voto nacional frente al 52,5% de García, pese a la oposición uniforme de todos los medios de comunicación privados, el mundo de los negocios y los partidos tradicionales. Aunque hay cierto solapamiento entre los programas y militantes del partido de Humala y los movimientos sociales, éstos mantienen su autonomía organizativa.

Colombia

En Colombia, los movimientos populares de masas, incluidos sindicatos urbanos, organizaciones de campesinos y agricultores, asociaciones del sector público, grupos populares de barrio y activistas por los derechos humanos, han hecho campaña contra los acuerdos de libre comercio de Uribe con EEUU, la privatización de empresas públicas, servicios sociales y seguridad. El movimiento político de centro-izquierda, el Polo Democrático derrotó a la mayoría de los candidatos apoyados por Uribe en las elecciones municipales de 2007, incluida la capital, Bogotá. El Polo Democrático es una mezcla de liberales disidentes, activistas de derechos humanos y socialdemócratas. El estancamiento de los ingresos, la competencial desleal de las exportaciones fuertemente subvencionadas de productos agrícolas de EEUU, el régimen salvaje que conduce la represión militar, los continuos asesinatos de los escuadrones de la muerte y los duraderos y documentados lazos de ministros del gabinete de Uribe con los escuadrones de la muerte, han llenado los movimientos de oposición. En suma, los movimientos de la guerrilla de base rural, las FARC y el ELN, siguen movilizando y organizando redes clandestinas de milicias y partidarios en los pueblos y ciudades. La política de aislamiento de Uribe en Latinoamérica y Europa se ha incrementado a consecuencia de su sabotaje a las conversaciones para el intercambio de prisioneros iniciadas por el presidente Chávez y el presidente francés Sarkozy.

Chile

Los propietarios extranjeros de minas de Chile han obtenido beneficios superiores a los 11.000 millones de dólares en 2005, 16.000 millones en 2006 y se estima que en 2007 excedieron los 20.000 millones de dólares, según los economistas de minería chilenos Orlando Caputo y Gracila Galarce, y el Departamento de Comercio de EEUU (diciembre de 2007). Pese a los enormes e inesperados beneficios por los extraordinarios precios del cobre (sobre 7.000 dólares la tonelada), el desempleo y el subempleo afectan a uno de cada cuatro trabajadores y los obreros subcontratados representan un tercio de los trabajadores de la minería. Chile detenta el dudoso título de mantener a sus trabajadores en la semana laboral más larga: 48 horas, y enconar las mayores desigualdades de renta que cualquier país del Cono Sur de América Latina.

Los gobiernos chilenos pasados y actuales, especialmente los regímenes de centro-izquierda, encabezados por socialistas nominales, con sus estímulos a la inversión extranjera, han usurpado constantemente las tierras indias y han aplicado «leyes antiterroristas» de la era Pinochet para encarcelar, herir y exterminar a muchos protestantes mapuches. Las protestas y movimientos de solidaridad más consistentes giran en torno a las reclamaciones indias por las tierras y el encarcelamiento de presos políticos mapuches.

En 2008, las comunidades mapuches y sus movimientos han organizado protestas y huelgas de hambre por la ocupación ilegal y usurpación de tierras por uno de los regímenes represivos más antiindio de América Latina, (la alianza de centro-izquierda de socialistas y democratacristianos liderada por la presidenta Michelle Bachelet). Las manifestaciones de estudiantes por las políticas universitarias retrógradas, las huelgas sindicales, especialmente de mineros del cobre, tratan de asegurar un justo reparto de los enormes beneficios de las compañías mineras privadas y del Estado (2006-2007). El régimen de centro-izquierda de Chile, con su línea dura sobre gasto fiscal, se ha enfrentado y reprimido protestas populares de usuarios del transporte público por el fracaso de los sistemas privados de transporte.

La Española: República Dominicana y Haití

En la República Dominicana se han sucedido repetidamente protestas masivas, bajo el régimen de centro-izquierda de Leonel Fernández, por los salarios, cortes de energía, corrupción generalizada e incremento del precio de los servicios públicos.

El movimiento social más vigoroso de orientación política del Caribe se encuentra en Haití, basado en el movimiento de los residentes de los suburbios urbanos de Puerto Príncipe. Decenas de miles de pobres urbanos se han manifestado exigiendo el regreso del desterrado presidente Bertrand Aristide y la salida inmediata del ejército de ocupación de las Naciones Unidas, liderado por las mortíferas fuerzas militares de los regímenes de centro-izquierda de América Latina: Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina. El movimiento «Lavalas» en Haití ha demostrado su tenacidad y valentía pese a varias masacres sangrientas (diciembre de 2006 y febrero de 2007) perpetradas por la policía combinada y el ejército de las fuerzas neocoloniales haitianas y de las naciones Unidas.

Conclusión

La sincronización, localización, duración y composición de los movimientos sociales de América Latina y sus relaciones con regímenes de izquierda y centro-izquierda varían enormemente a lo largo de los dos decenios pasados.

Durante los 60 y principios de los 70, los movimientos sociales llevaron al poder a varios regímenes civiles de izquierda y centro-izquierda en Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela induciendo a cambios estructurales (nacionalización de minas, petróleo y banca, reformas agrarias y redistribución de la renta). Sin embargo, el derrocamiento de estos regímenes por golpes de Estado de la clase dirigente respaldados por EEUU consiguieron la precipitación del colapso de los movimientos sociales. Desde finales de los 70 hasta principios de los 90, los movimientos sociales de masas desarrollados en América Central se vincularon a gobiernos de izquierdas (Nicaragua) y a organizaciones políticas. Estos grandes avances, sin embargo, fueron detenidos y desviados por el cambio electoral y «centrista» de las organizaciones políticas y el régimen sandinista, lo que condujo al debilitamiento de los movimientos sociales y al fin de los impulsos radicales reformistas. Desde los 90 a principios de 2000, masas de campesinos, indios y movimientos urbanos se desarrollaron en América Latina (y –con la excepción de Bolivia– sin el respaldo de los sindicatos establecidos en el sector privado). Estos movimientos derribaron regímenes electorales neoliberales y, lo más importante, pusieron en cuestión todo el marco institucional de los partidos políticos parlamentarios. A falta de un liderazgo político alternativo, una concepción de la representación política y un programa de transformación, sucumbieron a la actual ola regímenes y partidos de centro-izquierda. El resultado es la retirada de movimientos (como el MST), la severa decadencia de algunos (CONAIE) y la cooptación por el régimen de otros (Cocaleros).

Se han efectuado importantes levantamientos y deposiciones de líderes, pero aparte de, posiblemente, Venezuela, todavía no se ha consumado ninguna transformación estructural.

El surgimiento de regímenes de centro-izquierda ha sido el mayor obstáculo y la fuerza efectiva para minar el florecimiento de movimientos, como lo demuestran las experiencias en Argentina, Brasil, Ecuador y especialmente Bolivia. Los regímenes de centro izquierda han desmovilizado a las masas, han vaciado parcialmente las calles de movimientos autónomos y han facilitado el resurgimiento de la «derecha dura» en las instituciones políticas y en la calle. Actualmente en Bolivia es la derecha la que paraliza periódicamente el país con huelgas masivas, cierres y barricadas y la que ataca con impunidad a los representantes de la Asamblea Constituyente. En contraste, el régimen de centro-izquierda de Evo Morales y García Linera se implica en polémicas estériles, retórica amenazadora y vacua y está ocupado en firmar la cesión de los recursos naturales a multinacionales de los cuatro continentes.

Con el declive relativo de los movimientos indios rurales, la masa de las bases de la actual ola de movimientos sociales se encuentra abrumadoramente en los sindicatos urbanos, apoyados en los mal pagados empleados públicos, en gran parte a causa de la disparidad entre el alto crecimiento económico (y los beneficios) y el estancamiento de los salarios. La marginalización de los dinámicos movimientos urbanos de barrio, indios y campesinos de principios del período 1990-2003, al menos en el caso de Argentina, Brasil, Méjico, Ecuador y Bolivia es mayormente un producto de alianzas asimétricas con regímenes nominalmente de centro-izquierda y el boom del precio internacional de las mercancías. Los intentos de alianzas entre la clase media baja y los desempleados urbanos (piqueteros) en países como Argentina y Bolivia, se han desvanecido.

El ascenso y relativo decaimiento de los movimientos de base indio-campesina y su vinculación y posterior subordinación a los regímenes de centro-izquierda, suscita preguntas fundamentales sobre su independencia política y autonomía social y la existencia de una conciencia específica de clase campesina. La aparente independencia política y autonomía social de los noventa fue remplazada en los 2000 por la subordinación al patrocinio político, a las relaciones clientelistas, la cooptación de líderes e incluso a transacciones políticas con los líderes locales terratenientes y los políticos tradicionales.

La relación entre los líderes de los movimientos sociales y los políticos electorales de centro-izquierda se invirtió: si en la oposición los líderes de movimiento asumieron, dominaron o compartieron el poder con los políticos de centro-izquierdo, cuando éstos últimos llegaron al poder, la relación se invirtió; los políticos dictaron los parámetros de la acción política y social y los líderes de los movimiento sociales se adaptaron.

Los nuevos movimientos liderados por los sindicatos están avanzando hasta el grado de negarse a establecer alianzas con los regímenes neoliberales de centro-izquierda. Las únicas excepciones son los movimientos que cooperan con el gobierno socialista democrático de Chávez, que ha hecho descubrimientos en términos de crecimiento cuantitativo del número de miembros, incluso cuando les falta una perspectiva política clara para el futuro.

El rápido ascenso y declive del movimiento cooperativo y la formación del nuevo y unificado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha señalado debilidades fundamentales en la base social y la política organizada del gobierno Chávez y su estrategia de transformaciones socialistas. Se gastaron miles de millones en decenas de miles de cooperativas de producción a pequeña escala organizadas por pobres urbanos, inexpertos, marginados, faltos de habilidades orgánicas y operativas en una economía capitalista. En muchos casos, los fondos fueron robados o las empresas quebraron. Igualmente, se reclutaron 5 millones de afiliados al PSUV con poca o ninguna preocupación por el conocimiento programático o incluso la simple adhesión a los principios. Mientras, los consejos urbanos de barrio, los movimientos independientes de campesinos y las brigadas especiales de alfabetización y de salud han florecido; los beneficios cuantitativos de los movimientos todavía tienen que traducirse en movimientos sociales de conciencia de clase.

Varios factores han llevado al ascenso y posterior declive de los movimientos sociales en Venezuela. Sobre todo la falta de un marco político vinculado a las luchas de masas y capaz de vincular el descontento local al poder político. En segundo lugar, el aparato estatal chavista es principalmente inoperante, ineficaz y plagado de vestigios hostiles de regímenes anteriores o de chavistas de última hornada que son hostiles a la participación de las masas. En tercer lugar, el gobierno oscila entre subvencionar y promover la banca privada, la élite agrícola, comercial e industrial, y seguir instando a sus seguidores para que continúe la revolución social. El resultado es una recalcitrante clase capitalista hostil comprometida en transferencias capitalistas extranjeras y una masa chavista pobre incapaz de tomar el control de las palancas del poder económico y frustrada por sus problemas cotidianos. Venezuela proporciona un gran alivio con los últimos frenazos (y augurios de fracaso) a operar dentro de los límites institucionales políticos de una democracia capitalista.

El precipitado declive de la actividad e influencia de los movimientos urbanos de barrio en Argentina y Bolivia, especialmente en Buenos Aires y El Alto está claro. Este es un buen ejemplo de la falta de una dirección y programa político nacionales. Estos movimientos nacieron de la crisis económica y de regímenes oligárquicos muy represivos. Con la ascensión posterior de regímenes de centro-izquierda y la cooptación de los líderes de barrio, estos movimientos urbanos perdieron su dinamismo y se han reducido a la lucha cotidiana por mejoras locales. Por otra parte, los habitantes de los barrios bajos urbanos siguen estando controlados por políticos municipales patrocinados por las bases tradicionales en el ámbito local o nacional, como en el caso en Brasil a través del aparato del Partido-Estado de los Trabajadores y sus «programas contra la pobreza».

La última ola de movimientos y luchas de masas se ha enfocado mucho más en demandas económicas inmediatas que los movimientos más viejos, que lucharon por cambios estructurales e incluso por el derrocamiento de regímenes neoliberales. Los movimientos de ocupación de fábricas y de tierras de los noventa y principios de los 2000 han decaído sustancialmente exceptuando, quizás, a Venezuela. El énfasis de los nuevos movimientos ataca los acuerdos de libre comercio y los reaccionarios cambios estructurales que prevén los regímenes pro imperialistas. La mayor confrontación política que unifica los movimientos de empleados públicos y sindicatos con los campesinos y agricultores es la lucha contra los acuerdos de libre comercio impuestos por Washington y las élites de la exportación agro-mineral.

El factor más notable que conduce al fallecimiento del radicalismo urbano y al surgimiento del «economismo» entre los sindicatos y el movimiento de barrio es la alta proporción de crecimiento en las exportaciones agro-minerales-energéticas de los países. El resultado, en general, ha sido una reducción del desempleo y un incremento del gasto gubernamental. Esto, combinado con la cooptación de regímenes liderados por la clase media, ha centrado la atención de los movimientos en obtener una mayor proporción compartida de los grandes beneficios y rentas de los regímenes de centro izquierda.

Si el problema del libre comercio se expresa como la «globalización» por las ONG o el «imperialismo» por los sindicalistas, esta lucha ha puesto la propuesta del presidente Chávez para la integración latinoamericana en el centro del debate de los movimientos de masas. El problema de la integración internacional se ha convertido en una lucha compleja entre las clases y los Estados con Calderón en México, Bachelet en Chile, Uribe en Colombia y García en Perú, que lideran los partidarios del libre comercio dentro del imperio estadounidense. Chávez en Venezuela, Raúl Castro en Cuba y Rafael Correa en Ecuador lideran el camino hacia la gran integración latinoamericana. Brasil, Argentina y Bolivia han criticado retóricamente el esquema de integración y subordinación al libre comercio estadounidense, pero en la práctica persiguen formas más limitadas de integración bilateral dentro de MERCOSUR y Washington.

Nuestro análisis rechaza claramente las explicaciones impresionantes y eufóricas que consideran que América Latina pasa por una especie de radicalización amplia y aplastante basada en una alianza de regímenes de centro-izquierda con los movimientos sociales. Esta explicación está basada en hechos aislados sacados de contexto. Estas impresionantes generalizaciones, normalmente están caducadas antes de que se escriban. Mientras atraen a lectores mal informados y masajean las emociones políticas progresistas, están lejos de proporcionar una relación exacta de la compleja dinámica de la región o más específicamente de la fuerza cambiante de los movimientos y sus relaciones con los regímenes neoliberales de centro-izquierda.

Los abogados de la «combinación» de la política institucional electoral (PIE) con los movimientos sociales de políticas de calle han fracasado al estudiar varias dimensiones de esta relación, además de ignorar las experiencias prácticas en América Latina de los últimos 50 años. La pregunta pertinente es: ¿por qué los movimientos sociales se pierden de forma habitual en las PIE una vez que el centro-izquierda toma el poder? La respuesta se encuentra en el cambio de relaciones de poder. Cuando los electoralistas de centro-izquierda están fuera de la presidencia, su principal recurso de poder es una gran masa de personas movilizadas que fortalecen la posición de los movimientos en referencia a los políticos electorales. Una vez que los últimos controlan el régimen, el presupuesto, el gasto público y las promociones y nombramientos, el centro-izquierda invierte la relación: los recursos del poder se sesgan en favor de los políticos electorales y los líderes de los movimientos sociales se vuelven dependientes de los políticos.

Una vez refugiados entre las ramas legislativas y ejecutivas del Estado, los políticos de centro-izquierda se adaptan rápidamente a las normas institucionales de estas instituciones capitalistas y sus prácticas políticas. El modus operandi implica el compromiso constante con la élite comercial, la banca, los líderes políticos burgueses y los agentes del poder, todo lo cual arrastra a los políticos de centro-izquierda más cerca de la clase capitalista y los distancia de los movimientos de masas. Los sueldos, privilegios del cargo, el gasto oficial y extraoficial, secretarias y personal, chóferes y jardineros, señoras o gigolos… crean una «nueva conciencia de clase» en la que los políticos electorales de centro-izquierda, en ascenso y procedentes de la clase media baja, toman como referente social la clase media alta. Lo que los abogados de la «lucha combinada» ignoran es el importante proceso de «re-estratificación» de políticos ex insurgentes al estilo y esencia de las políticas capitalistas y la disolución de las lealtades a cualquier clase obrera, indios o campesinos.

La historia política reciente de los resultados de los movimientos sociales que adoptan estrategias electorales trabajando dentro del marco de las políticas institucionales alineándose con regímenes de centro-izquierda, ha demostrado, casi en todos los casos, pocas reformas positivas y numerosos resultados regresivos. Si bien las elecciones pueden proporcionar un foro para denunciar y movilizar la presión sobre regímenes de centro-izquierda, también desvían a los movimientos populares de la confianza en sus instrumentos más eficaces de reformas sociales como la acción directa, ocupaciones de tierra, huelgas generales y levantamientos urbanos.

Tras entrevistar y discutir con los líderes latinoamericanos de movimientos sociales y militantes convertidos en políticos electorales de izquierda y centro-izquierda durante casi medio siglo (de los 60 a 2008), en países tan variados como Chile, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y El Salvador, mi conclusión principal es que su divorcio de los programas y metas de los movimientos no es una «grieta moral» (una traición), sino un resultado de la naturaleza institucional de la política electoral y capitalista de las instituciones representativas, sus procesos de «resocialización» y su unión externa a la clase gobernante. Ninguna duda, corrupción o decaimiento moral acompañan frecuentemente la adaptación a las normas y transacciones parlamentarias. Pero la causa subyacente de la inmoralidad política es su integración en el medio capitalista con su énfasis en la movilidad ascendente y deferencias hacia quienes detentan el poder económico. Bajo la circunstancia de adaptación a la derecha y a la élite comercial, los políticos de centro-izquierda recurren a la demagogia, al padrinazgo y a la corrupción para retener su «base» electoral popular. Es raro y excepcional el líder del movimiento social de un partido gubernamental que renuncie a su cargo debido al desacuerdo en las transgresiones políticas de «su» gobierno (promesas rotas a los movimientos populares). Es todavía más raro ver un retorno del político de centro-izquierda a la fábrica, al campo, a la escuela o al hospital, al sindicato y al movimiento para renovar la lucha de clases. La política parlamentaria crea las poderosas inducciones espirituales y materiales, el estatus y las ganancias que desaprueban la vuelta a la radicalización de parlamentarios del ex movimiento.

S. Seguí, Carlos Sanchis y Caty R. pertenecen a los colectivos de Rebelión y Cubadebate. Carlos Sanchis y Caty R. también son miembros de Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a los traductores y la fuente.

La necesidad de organizarnos para cambiar la educación

2008-04-06T20:02:00.000-07:00

La educación actual se sustenta en grupo organizado de personas que han transformado un derecho básico en un bien transable y al alcance de unos pocos. Para estas personas todo esta bien, nuestra educación marcha viento en popa y sólo faltan algunos ajustes para que “el mono” quede arreglado. La LGE, el acuerdo nacional concerta-derecha, la superintendencia de calidad, y el financiamiento por fondos concursables parecen ser la última parte de esta educación al nivel del siglo XXI.

Estas personas, empresarios y políticos corruptos, nunca nos hablan de la verdadera educación que tenemos, ocultan en cifras enredadas y malos análisis la verdadera realidad. Nos hablan de que la matricula se ha expandido y de las universidades privadas han abierto una verdadera democratización del acceso; se llenan la boca con las becas y créditos que se les da a los estudiantes pobres y de cómo esto a permitido la movilidad social. Estos datos ocultan una realidad que parece ser no tan bella como se pinta. Los pobres en general no entran a la educación superior, más bien es una excepción. Los liceos donde estudian a duras penas les enseñan lo necesario para salir como mano de obra barata y la esperanza de ser alguien mejor se queda sólo en esperanza. Esta educación que se dice democrática en su acceso es una educación elitista en extremo, desigual y excluyente. A parte de esta cruda realidad, nos quedan los altos aranceles, las becas y ayudas estudiantiles que al final terminan siendo una muy buena manera de endeudarse y pasar a DICOM.
A pesar de este funesto escenario, a pesar de que las condiciones parecieran dadas para un cambio nuestras fuerzas son mínimas. La mayoría de los estudiantes piensa, se mueve y actúa para sus propios intereses, atrás están los años en que actuábamos como uno sólo, en que nos reconocíamos entre nosotros mismo como fuerza transformadora. En este escenario muchos han renunciado a la posibilidad de una educación distinta.
La tarea entonces es reinventarnos como movimiento estudiantil, levantarnos como un sujeto colectivo que luche por el derecho a una educación digna y de calidad para todos. Este sujeto colectivo también se reconoce en otras luchas, en la pelea que dan todos los explotados y excluidos de nuestros país. Estamos convencidos de que podemos cambiar esta educación si lo hacemos por nosotros mismos, sin confiar en rectores, ni en el gobierno, sin dejar nuestra pega en manos de los que a diario nos han negado una educación mejor. Las fuerzas de los estudiantes son autónomas y se sustentan en la capacidad que tengan de organizarse. Esto no es una tarea de pocos, sólo los estudiantes y el pueblo en general como mayoría pueden desde su propia conciencia hacer realidad estas aspiraciones de cambio. Reconocemos que somos minorías los organizados, pero no por eso esta lucha deja de tener validez. La lucha es tan justa como necesaria.

Por un proyecto de campus construido por todos y al servicio de la mayorías de este país

2008-04-06T19:40:00.000-07:00

Este 2008 nuevamente escuchamos por los pasillos de nuestras facultades que vendrá un nuevo proyecto para revitalizar nuestro Campus, comenzamos a escuchar lo mismo que el 2006 y 2007 se llamo proyecto JGM, pero que fracasó por la falta de un piso político, pero principalmente por las inconsistencias de una iniciativa hecha entre cuatro paredes. Nos movilizamos y planteamos nuestras postura. Con el desgaste y otras coyunturas, que iban saliendo en el camino, terminamos desinflándonos, al final todo cayo, nosotros no nos movilizamos más y el proyecto quedo sólo como una idea que alguna vez se quiso implementar. Pero… todo esto no queda ahí.
“La bondad” de nuestra “Presidenta ciudadana” pareció devolverle las esperanzas al proyecto estrella de del Rector Pérez, con el cual se ganó los votos algo reticentes de nuestro Campus. Bachelet promete plata para La Chile y de esta manera comienza a reactivarse el proyecto de Campus, que ahora pasa a llamarse Proyecto Bicentenario. Nos pasan 25.000 millones por medio de un convenio de desempeño, en un plazo de 5 años.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las negociaciones que hizo por detrás Pérez dieron resultado y que “la buena voluntad” de Bachelet fue lo mínimo que podía hacer luego de que su coalición, La Concertación, dejara botada nuestras disciplinas y la educación en general durante todos esto años. Paradójicamente (aunque también concientemente) la Concerta ha sido una muy buena administradora del legado de la dictadura, llegando a perfeccionar y profundizar el modelo económico. Aquí la culpa de nuestras malas condiciones no es sólo de los milicos y el “tirano”, sino también de los gobiernos civiles que desde el primer momento estuvieron con los empresarios y dueños de nuestro país.
Algo más sobre el proyecto
El bicentenario cuesta en su totalidad 59.690 millones de pesos, de donde la gran mayoría va para infraestructura. El gobierno pasa sólo 25.000 millones: he aquí el primer problema.
Esto se financia a través de un convenio de desempeño, un instrumento que da dinero a medida que se van mostrando resultados por medio de procesos de negociación entre el MINEDUC y gente de la Chile: He aquí el segundo probleLa prioridades son en su totalidad infraestructura y además no han sido consensuadas por la comunidad: se discutieron en enero encerrados en cuatro paredes.
Por lo demás el convenio de desempeño por mucho que nos digan que es un mecanismo para generar auto-compromisos, sigue limitando nuestra autonomía al estar negociando constantemente con el gobierno y su manera de concebir la educación. Nos dicen que se deben ajustar los criterios institucionales a las prioridades país que define el gobierno, lo que en concreto es ajustar nuestras prioridades, en todos los términos, al modelo de educación que plantea el gobierno, que ya innumerables veces a demostrado ser un fracaso.
Nos financian menos de la mitad del proyecto y lo demás lo ponemos nosotros. Esto parece una paradoja: nos pasan plata, pero igual debemos financiarnos nosotros. No se toma en cuenta que nuestras disciplinas han sido constantemente relegadas por Rectoría y que co-financiar el proyecto significaría seguir hundiéndonos, pero ahora con edificios más bonitos.
Si no se logra un cambio total en la relación del Estado con las Universidades y en caso particular con las disciplinas del Campus JGM, lo más probable es que nadie nos asegure el mantenimiento y crecimiento de lo que logremos construir y cambiar. Quedaremos con deudas millonarias, con un financiamiento ineficiente con las inequidades características en la distribución de dineros por rectoría. A esto se sumaria una posible alza de aranceles para financiar estos hoyos y una “racionalización” de la planta funcionaria (Despidos, externalización)
Nuestra pelea debe centrarse en que no pase esto, evitar que el proyecto más que ayudarnos nos perjudique. Manifestar un rechazo enérgico al alza de aranceles y todo proceso de profundización de nuestra privatización, ese es el conflicto principal en esta coyuntura.
A la vez entendemos que existen problemas de fondo dentro de todos esto: el tema del financiamiento basal, de los criterios ideológicos del convenio de desempeño, de la orientación de los cambios, reforma del pre-grado, etc. Estos criterios no se reducen a esta coyuntura, más bien se reproducen en la mayoría de los conflictos que vivimos en nuestra universidad. Es por esto que esta crítica debe hacerse en todos los espacios posibles y a través del trabajo cotidiano, en nuestras asambleas de curso, en foros, discusiones y movilizaciones y no sólo en esta coyuntura.
Esto debe poner nuestros esfuerzos no sólo en este conflicto “más ideológico y político”, sino más bien en la labor metodológica de intentar en todas nuestras demandas, pequeñas, medianas o grandes trabajar las problemáticas de la educación.
Como dijimos anteriormente: hay que dotar a todo esto de ciertas líneas y objetivos comunes que nos permitan obtener pequeñas victorias con grados mayores de concientización de nuestros compañeros.

Acuerdo con la derecha para que todo siga igual

2008-04-06T19:30:00.000-07:00

El gobierno “ciudadano” de Michelle Bachelet ha terminado por hacer evidente, con suma claridad, que lo progresista y democrático no era sino una etapa en el discurso que encubrió continuismo en las mismas formas que siempre ha tenido la concertación para hacer política. De un momento a otro la careta progre ya no fue necesaria o incluso era contraproducente, se perdía en “autoridad y liderazgo”. Ocurrió que volvieron viejos conocidos a las carteras ministeriales a implementar política ultrarepresivas en contra la movilización social (muertes incluidas). La concertación ha cerrado filas.
En este contexto es que aparece el llamado “acuerdo nacional por la calidad de la educación”, acuerdo en el que las dos derechas chilenas -las que han velado por el mantenimiento de la educación tal cual está durante 18 años- se comprometen a pasar por sobre sus diferencias y establecer un diálogo entre tecnócratas por el bien de nosotros los chilenos. ¿Y la participación ciudadana?, ¿y los actores sociales que participaron de las movilizaciones contra la LOCE durante el 2006? No se sabe. La nueva LGE no toma en cuenta los principales contenidos de las movilizaciones: la desmunicipalización, el no al lucro, un énfasis real en el fortalecimiento de la educación pública.

Ahora bien, con respecto a la ley, esta incluye la creación de nuevos organismos que lejos de provenir de una concepción distinta de la educación pública, pretenden corregir vicios de la ya existente. Así, salta a la vista el énfasis por una mayor fiscalización para con los recursos destinados, medida por lo demás necesaria a la concertación, pues a la luz de los escándalos recientes, si no quiere deslegitimarse políticamente la concertación debe ponerle frenos al robo de sus propios militantes. En ese sentido, la creación de la “superintendencia de educación” no resuelve el problema y sólo puede significar un avance si se acepta que el problema de la educación radica en que no se ha aplicado bien un modelo, pero que este es en sí mismo correcto y mejorable.
Además se incorporaría un “Consejo Nacional de Educación” que vendría a ser como una versión permanente de los consejos asesores presidenciales; imbuidos en un discurso ciudadano pero que, tal cual sus precedentes, no son ni representativos de los sectores sociales que se movilizan con respecto a la educación ni le quitan poder a los grandes grupos políticos que han administrado esta educación sumamente desigual y deficiente. Queda claro, entonces, que la función de esta instancia no irá más allá que la de desmovilizar; crear supuestos conductos democráticos para evitar un conflicto social que se ha tornado inevitable.
Entonces las conclusiones que a nuestro juicio debe sacar el movimiento estudiantil radican en reafirmar aquello que teníamos claro: Los cambios en la educación no van a salir de la buena voluntad del gobierno y por lo tanto debemos avanzar en organizar el descontento y llevarlo a la movilización social, Ya se puede pronosticar un segundo tiempo del gobierno de Bachelet que a la vez que implementa descaradamente políticas más represivas, pretenderá crear organismos para desviar la movilización tras la apariencia de la participación ciudadana. Nada nuevo bajo el sol.

Con organizacion y acción permanente construimos organización estudiantil y popular

2008-04-06T19:25:00.000-07:00

Nos emociona ver como nuestro pueblo comienza a pegar de nuevo, como después de años de letargo los trabajadores empiezan a poner nuevamente las cartas sobre la mesa, o como las poblaciones siguen organizándose a paso firme. A la vez miramos con admiración el 2006 en donde los pingüinos fueron capaces de lograr un movimiento nacional de gran envergadura que logró criticar lo más profundo de la educación neoliberal.
Tomando todo esto en cuenta creemos que aún nos falta mucho y sobretodo a los estudiantes. Por una parte el pueblo trabajador a pesar de venir golpeando constantemente en el cobre, las salmoneras y el campo, no ha logrado unificar la lucha, no ha podido hacer la pelea permanente y no sólo un reaccionar coyuntural. Esto no es un pesimismo, o una crítica aislada, más bien es un llamado a construir eso que nos falta, la fuerza que nos permita reivindicar, ejercer y luchar por nuestros derechos como si fuéramos uno sólo, en síntesis nos falta eso que llamamos confluencia popular.

Dentro de esto estamos los Universitarios, una elite, algo encerrada en su propio mundo y con fuerzas mínimas. Pero con una gran potencialidad: la potencialidad que nos da nuestra juventud y la necesidad de construir una nueva educación, entendiendo ésta como una demanda transversal, que afecta a los distintos sectores del pueblo. Esta es nuestra primera certeza...
Dentro de todo el país los universitarios que nos encontramos mejor organizados somos los de la Chile, y a pesar de esto (que no nos hace ni mejor ni peor) tenemos muy pocas fuerzas. Nuestros espacios locales parecen encerrarse sólo en sus problemáticas, muchos están en letargo o inactivos; Nuestra federación parece sólo moverse cuando anda de buena gana y las organizaciones que la dirigen las ven por las suyas: convocan a 60 personas a una concentración de toda la universidad y no son es capaces de construir un plan de discusión y movilización sobre nuestras problemáticas.
Pero esto no es sólo culpa de la mesa directiva, sería ser irresponsables atacar de esa forma, si ni siquiera nosotros mismos como estudiantes hemos puesto nuestros esfuerzos en cambiar esta realidad. Algunos están en la inactividad, otros preocupados por algunos cupos en el senado y negociando con la Concerta, y otros creyéndose los super-mega-revolucionarios, encerrados en sus sectas con los pies en cualquier lado menos en el suelo.
Por esto mismo como trazando Senderos (TRASEN) asumimos la responsabilidad de comenzar a cambiar esto.
La condiciones objetivas para cambiar la educación parecen dadas, está el fracaso al frente de nuestros ojos y lo comprobamos día a día: mala calidad, robos, corrupción, aranceles millonarios, infra que se cae a pedazos, etc. A pesar de esto estamos desarticulados y nuestras fuerzas son mínimas. Por lo tanto nuestra tarea es reconstruir esa fuerza, reinventarnos como movimiento estudiantil capaz de poner las cartas sobre la mesa y no sólo “reaccionar” frente a las coyunturas. Esta es nuestra segunda certeza...
Los cambios lo hacemos nosotros, los estudiantes, sin confiar ni en el gobierno ni en la derecha que son los que han construido y legitimado el orden actual de cosas. No confiamos ni en decanos ni en rectores, porque hasta ahora han mostrado cero voluntad en cambiar todo esto. Sólo confiamos en nosotros mismos, en la autonomía de nuestras organizaciones e iniciativas. No le compramos a los “pasos tácticos” para luego salir firmando acuerdos con autoridades que después no se cumplen. Confiamos en el despliegue social de nuestras energías, con las iniciativas que hay en nuestras localidades, y en los pequeños pasos que damos cuando ganamos nuestras demandas. Aplaudimos todas las acciones concretas dirigidas a quienes moldean un país y un sistema educacional lleno de injusticias y desigualdades. Hacemos nuestra cada una de estas acciones porque coinciden con los esfuerzos que nosotros desplegamos, pero también creemos que hay que dotar a todo esto de ciertas líneas y objetivos comunes que nos permitan obtener pequeñas victorias con grados mayores de concientización de nuestros compañeros. Esta es nuestra tercera certeza...
Por último entendemos que la única manera de lograr todo esto es con organización y acción permanente, que venga desde la base y que nos permita construir nuestro poder como estudiantes. Esa es nuestra última certeza...

Paso a paso de rearticula el Campo Popular

2008-04-06T19:18:00.000-07:00

El año 2007 mostró la confirmación de que nuestro país está comenzando un nuevo periodo. Si desde hace un tiempo era visible que la etapa de desmovilización, desarticulación y retroceso de las fuerzas populares estaba empezando a cerrarse, hoy en día es aún más claro.
Diversos acontecimientos de suma importancia se han desarrollado este año. En primer lugar, las movilizaciones de distintos sectores de trabajadores: los forestales en Abril y Mayo, los contratistas de Codelco en Junio y Julio, y más recientemente los salmoneros; por otro lado, la intensificación del conflicto mapuche, que dejó un nuevo muerto a causa de la represión policial; además de la actividad, nos muestra una dinámica de rearticulación del campo popular bastante intensa. De este modo, podemos afirmar que nuestro país comienza a estar más en sintonía con la nueva situación mundial, dentro de la cual América latina se ubica a la vanguardia de la resistencia de masas contra el neoliberalismo. Sin embargo, creemos que esta rearticulación en Chile está recién en una etapa inicial, mucho más atrás que las experiencias que se observan en otros países, como Bolivia o Venezuela.
Este proceso de rearticulación del campo popular se está desarrollando en un contexto de potenciales cambios en el escenario político nacional, dentro del cual, su principal característica es el agotamiento por el que atraviesa la Concertación. Agotamiento que ocurre fundamentalmente por el debilitamiento del discurso Concertacionista, basado en la dicotomía dictadura/democracia (propio de la supuesta transición a la democracia), que le permitía jugar el rol de contenedora de la lucha social. Dicho desgaste se está produciendo debido al absoluto continuismo de la Concertación con respecto a la obra de la dictadura, y por ende por la nula mejora de las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Por otro lado, la Concertación se ha alineado absolutamente con los organismos empresariales, que piden la más dura represión para contener la movilización social, con el fin de proseguir con aún más reformas neoliberales. En este contexto se puede entender el giro mucho más represivo que ha tomado el gobierno en su “segundo tiempo”, a diferencia del “gobierno ciudadano” del primero.
Esta recomposición de las luchas de los trabajadores y otros movimientos sociales, nos impone, a nosotros los estudiantes universitarios, la necesidad de replantear nuestra política como movimiento. Así surge la siguiente disyuntiva: seguir llevando a cabo una política ensimismada en nuestros intereses gremiales inmediatos, o comenzar a construir una política que supere dichas demandas, no suprimiéndolas, si no enlazándolas con demandas que puedan objetivamente unir a los diversos sectores en lucha, cuestionando la hegemonía ideológica y el sistema económico en el que ésta se apoya. Una política de este tipo claramente no puede permanecer dentro de los estrechos márgenes universitarios, ni siquiera de los del ámbito educacional. El derecho a la educación se transforma en una demanda colectiva sólo cuando es capaz de ser la lucha de todo un pueblo.

Construyendo organización estudiantil para el cambio social

2008-04-06T19:13:00.000-07:00

Una vez alguien dijo que cuando alguien hacía política para hacer que una sociedad sea más justa caía en un error, puesto que la sociedad siempre es justa, asigna beneficios y premios a quien los merece y quien no tiene una segunda oportunidad para volver a intentarlo. Eso es mentira, y todos lo sabemos. Los medios de comunicación insisten en hacernos creer eso ante su inminente fracaso, entonces ¿Porqué dicha reiteración? Porque necesitan hacerlo, sus dueños, a quienes conocemos con nombre y apellido (Piñera, Claro, la derecha y la concerta), controlan el país con una de las mayores tasas de desigualdad en el mundo mientras nos sonríen diciendo que “crecen con nosotros”. Pero su mentira la conocemos porque sentimos día a día que no es así y vemos a nuestros parientes, amigos, vecinos ó compañeros que se dan cuenta de lo mismo. Nosotros tratamos de ser parte de esa voluntad colectiva, porque sabemos que la justicia, la solidaridad y rebeldía son cosas muy distintas a la que las caras bonitas de la TV nos muestran.

Nuestro nombre “Trazando Senderos” es el imperativo de la construcción constante de estos valores o de cualquier otro valor que permita dar cuenta de que en ésta sociedad las cosas en nuestras vidas reman al revés. Si bien el diagnóstico es claro debemos comenzar a hacernos parte de los procesos de un presente que comienza a levantarse poco a poco por NUESTRO futuro. Por ello nos organizamos y luchamos, levantamos demandas que nos permitan dar cuenta a la ceguera de los que controlan Chile y les recordamos que su riqueza se construye a partir de nuestro trabajo.
Así buscamos aportar desde esa necesidad en ésta Universidad que le pertenece bastante poco a Chile para que sea de nuestra gente, con el conocimiento puesto en movimiento que nos permite insertarnos en ésta realidad que podemos reproducir, pero también, transformar, esa es la fortaleza que venimos construyendo desde el 2007 en distintas facultades por un futuro que se construya día a día desde nuestro pueblo.

Nuestra educación, sus cambios y continuidades:

2008-02-19T17:07:00.000-08:00

¿Qué educación tenemos? ¿Qué educación queremos?

Diagnóstico: La educación que tenemos.

La primera constatación es que la educación, en todos sus niveles, es considerada una mercancía que es necesaria consumir y no un derecho integral inherente al hombre y la mujer en sociedad. La desligazón del Estado, conlleva la preponderancia de la educación semi-privada y privada.
Esto implica que:

se abre un campo más para el negocio de los empresarios;
el tipo de ingreso al establecimiento educacional responde a criterios económicos;
y los privados adquieren mayor protagonismo en la definición de su carácter.

Que la educación se convierta en un negocio más es problemático en cuanto la lógica inherente al lucro es la de buscar las mayores ganancias posibles. La experiencia muestra que es difícilmente compatible el afán de obtener utilidades monetarias, con la satisfacción de necesidades sociales que necesariamente no tienen un fin económico inmediato. De este modo, ingenuo es exigir, por más normativas que puedan existir al
respecto, que empresarios de la educación aseguren las condiciones óptimas para el desarrollo integral del estudiante.

Este tipo de educación produce y reproduce desigualdades, al entregar de forma diferenciada y discriminatoria principalmente según qué tanto puedas pagar -conocimientos, capacidades y habilidades. Quienes han estudiado en colegios de menor calidad, al terminar su proceso educativo poseen menos posibilidades de acceder a posiciones ventajosas en la estructura social y enfrentarse al mundo e intervenir en él.

Marcan la diferencia el nivel de desarrollo en el uso del lenguaje oral y escrito, la comprensión de lectura, pensamiento lógico, etc. Entonces, no es tan sólo que algunos sepan más que otros en términos de cantidad de conocimiento, sino que también hay quienes poseen mayores capacidades de construir su presente y futuro, en definitiva, de gobernar la propia vida.

El Estado destina escasos recursos para el financiamiento de la educación pública. Privilegiando instituciones que ya cuentan con un prestigio, como lo es el Instituto nacional, o en el caso de la educación superior, la Universidad de Chile. Necesario
de mantener para reclutar a los escasos individuos de extracción popular que logran destacar por su desempeño (lo que no equivale a afirmar que el estudiantado de éstas sea mayormente de composición popular). Y a la vez otorgar una imagen positiva de la educación publica, capaz de mantener vivo el mito de la movilidad social, ocultando el precario estado en que se encuentran la mayoría de los establecimientos públicos.

El sistema educacional chileno enfatiza en comrender unilateralmente la educación como entrenamiento necesario de las personas para la inserción en el mercado laboral. Se centra en desarrollar las capacidades y conocimientos científicos y/o técnicos en la medida que la Economía lo vaya demandando. La Economía dice, la educación obedece.

Así, nuestra educación en su base presenta un sesgo fundamental: la educación de seres humanos no encuentra su realización en el desarrollo del ser humano y la sociedad, sino que en el crecimiento de la Economía. La cuestión educacional actualmente se centra en cómo hacer para que suban los índices económicos, ocultándose tras éstos espejismos que en realidad la economía no es otra cosa que las relaciones que hombres y mujeres establecen entre sí para organizar la producción de las bases materiales de la vida social.

Por esto, afirmamos que aún si aceptáramos que la educación equivale exclusivamente a un proceso que cultiva los conocimientos y capacidades científicas y/o técnicas, refutamos que ese desarrollo deba encontrar su realización en el puro crecimiento económico, sosteniendo que si algún sentido tiene aquello es el de ir entregándonos herramientas con las que liberarnos del yugo de la naturaleza y la necesidad.

La perspectiva que entiende la educación exclusivamente para insertar las personas en la esfera del trabajo es demasiado estrecha. Pues, la concepción y práctica unilateral de la educación como estudio para el desarrollo de las capacidades y conocimientos científicos y/o técnicos, sea cual sea el para qué de aquello, implica la mutilación de otras dimensiones. Este sesgo se manifiesta en el sistema educacional actual donde marginalmente se aborda la enseñanza a manejar nuestras
vidas y a establecer relaciones con otros de manera racional o consciente. De la universidad podrán egresar diestros profesionales, pero torpes personas, presas de sus pasiones y emociones, imposibilitadas de, por ejemplo, mantener relaciones de pareja basadas en el compromiso libre y el respeto mutuo.

Las escuelas y universidades no dan lugar a generar capacidades críticas al propio sistema, naturalizando y eliminando la reflexión en torno de este. No se estimula, ni se dan los espacios para que los jóvenes y niños pregunten acerca del porqué del orden vigente, reduciendo con ello la posibilidad de imaginar otros posibles.
En el colegio, la reflexión acerca de la historia y el presente de la sociedad es casi nula. De este modo, el modelo actual se otorga la investidura de ser la única alternativa racional de organizar la vida social.

En la universidad, debido a que el desenvolvimiento mismo de las disciplinas con indiscutible evidencia en las humanidades, artes y ciencias sociales, pero también presente en las restantesexige un abordamiento de un conjunto mínimo de interrogantes relacionadas con la sociedad.

La neutralización de la crítica toma otras formas más complejas. Observamos que al menos existen las siguientes:

el encubrimiento de un pensamiento único bajo el manto del relativismo perspectivista, que desactiva la posibilidad de la discusión y el enfrentamiento, haciendo uso del argumento que todos son sólo puntos de vista igualmente legítimos;

convertir a la crítica en un ejercicio cerrado sobre sí mismo, sin referencia a actores sociales concretos;

hacer de la reflexión crítica un gusto aristocrático al reducir los ámbitos de aplicación práctica de los conocimientos, negando el acceso a recursos que sostengan un desarrollo intelectual en tal dirección.

En un plano más concreto, se plantea que en la Universidad de Chile reina lo que se denominó pensamiento único. Nuestras mallas curriculares son expresión viva de aquello. El lugar marginal que ocupan las cátedras críticas y los académicos que las levantan es ilustrativo.

Aunque dichas cátedras se multiplicaran adquiriendo posiciones más centrales el problema no se solucionaría, porque simplemente sería apostar por educar cesantes ilustrados-críticos que a la larga tendrían la salida de remitirlo a un ejercicio para quienes posean un piso económico para ello.

Esto nos indica que las limitantes para el desarrollo de un pensamiento de dichas características en nuestras aulas, pasan por la escasa pluralidad de perspectivas en los contenidos impartidos, como también en la falta de fuentes de financiamiento.

No obstante, iluso sería esperar que la sociedad actual nos brindara recursos para generar saber inútil para asegurar su continuidad. Por lo que más que depositar nuestra crítica en que la universidad y el Estado no financian actividades de este tipo, es mas útil hacerlo en que las enseñanzas impartidas actualmente no permiten aprender a captar recursos de gringos con complejo de culpa, formular proyectos, levantar organizaciones auto-sustentadas, etc.

Asimismo, el sistema educacional, al carecer de una orientación latinoamericanista o al menos nacional, reproduce y profundiza la dependencia del país en el contexto internacional. Las políticas publicas enfocadas tanto al sistema escolar y universitario responden a acomodos a las potencias internacionales. Esto se manifiesta en la reforma educacional donde se han adoptado las directrices del FMI y otros organismos internacionales, a cambio de financiamiento. No respondiendo un proyecto educacional autónomo para el desarrollo nacional.

Los hijos de la elite y los estudiantes más destacado realizan sus estudios superiores en el exterior. Su formación está anclada en el imaginario del primer mundo, así se muestran incapaces o al menos dificultados de dar vida a un proyecto político-cultural que no ponga sus metas en ser la copia feliz de Europa u otro semejante.

Finalmente, algunas palabras respecto a los profesores. Más allá de la reflexión individual, ética, teórica o ideológica del profesor; por el hecho de tener que responder a contenidos y formas de evaluación anteriores a su voluntad, se ve coartada su posibilidad de conducir el proceso educativo fuera de los márgenes de lo que aquí se ha criticado.

Puesto que profesores ni estudiantes tienen capacidad de incidir en el interior de los establecimientos educativos, sean estos colegios o universidades, la toma de decisiones relativas al proyecto educativo y su implementación práctica, se concentra
en pequeñas instancias directivas.

Por lo tanto, la construcción de las instituciones educativas en Chile es profundamente autoritaria. La legislación al respecto no hace más que brindar el marco normativo a lo anterior. La única excepción parcial la constituye el nuevo Estatuto de la Universidad de Chile, el cual si bien puede ser criticado presenta al menos la intención de avanzar en la democratización interna. No obstante es poco lo que se ha materializado en prácticas no autoritarias.

El profesorado concebido como sector laboral es mal pagado y tiene pocos incentivos. Como, profesión, la pedagogía está desprestigiada, asimismo quienes la ejercen.

El para qué de todo este rodeo: La educación que queremos.

La educación que queremos debe ser capaz de transmitir los conocimientos, capacidades y valores de acuerdo a las perspectivas de emancipación de la sociedad. Pensamos que la educación debe pensarse en tres

a. Desarrollo técnico-científico;
b. Desarrollo humano; y
c. Desarrollo social / interaccional.

Como apuesta, proponemos dotar de contenido estos tres niveles:

Desarrollarnos como conocedores y tener predominio técnico sobre la naturaleza, teniendo como fin la satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad.
Esto presenta el desafio de asumir la necesidad de dar sustentabilidad al desarrollo
tecnológico, respecto a su relación con la naturaleza. El avance del control humano
por sobre las necesidades no debe hacerse al costo de poner en peligro el medioambiente.

Educaremos para ser personas libres; libres de auto-producir su subjetividad. Cultivar la reflexividad, constituye la base para la formación de sujetos autónomos.

En definitiva, se trata de levantar un proyecto educacional capaz de acabar con la
alienación. Se identifican dos temas: tolerancia y comunidad. La cuestión está en como valorar ambas sin caer en nuevos fetichismos. Por ejemplo, cómo valorando la tolerancia no producimos individualismo y nihilismo; cómo valorando la comunidad no damos vida a nacionalismos u otros semejantes.

Perseguiremos construir un complejo valórico centrado en la libertad entendida como el poder crear compromisos vinculantes con los otros. Transformar la solidaridad en un valor de compromiso; no se ayuda al otro, se es parte del otro.

Apuntar a tener una cultura del trabajo. Entender que las cosas son necesarias de
hacerse, que nada viene dado naturalmente El trabajo será expresión del compromiso
con la sociedad. Un trabajo que humaniza, lejos de alienar como en la actualidad.

Multiplicar las capacidades lingüísticas será una preocupación fundamental, porque
repercuten en las posibilidades de interacción, de conocernos. Todo esto confluye en el objetivo de formar sujetos posibilitados de relacionarse a partir de la voluntad de construir en com ún.

Evidentemente, es difícil pensar que estas tres dimensiones puedan ser realizadas con la misma importancia a la vez. Esto no impide que hayan momentos donde cada una pueda tener mayor énfasis. Por ejemplo, en las clases Física lo predominante será aprender la ley de gravedad, sin significar aquello que la interacción llevada a cabo entre los participantes no esté también contorneada a partir del contenido de las otras dimensiones.

Asimismo existirán instancias en que los restantes aspectos podrán ostentar la mayor relevancia. En términos de cobertura, la educación que queremos será universal e igualitaria. Porque, como dijimos en un comienzo, ésta cobra sentido con relación a las perspectivas de emancipación de la sociedad. El contenido educacional que se enseñe en los distintos establecimientos va a permitir producir y reproducir sociedades donde todas las personas puedan gozar de su humanidad a plenitud.

Por lo tanto, apelamos con igual fuerza a una amplia cobertura como a la integración de las tres esferas nombradas dentro del proyecto educacional.

Palabras finales.

Una vez establecido el bosquejo de lo que sería un diagnóstico general de estado actual de la educación en Chile y haber elaborado tentativamente las líneas generales de la educación que queremos, nos enfrentamos al dilema de cómo materializarla.

Tenemos la única certeza que el camino a seguir es el de la organización. Agrupando y reflexionando junto a los diversos sectores implicados en la educación es cómo se podrá dar el salto del mero papel a la práctica transformadora. En ese sentido, es que asumimos como tarea primordial para el día de hoy la construcción de una nueva
organización que permita avanzar en el desafío de aportar en la constitución de un movimiento estudiantil con la fuerza suficiente para realizar los cambios que aquí manifestamos como voluntad.

Un sector que ha mostrado avances en esta senda son los grupos humanos ligados a la educación popular, sean estos secundarios, preuniversitarios y/o universitarios. Pueden aportar con su experiencia acumulada a los sectores que compartan esta perspectiva educacional.

Reconocemos en la educación popular y el conocimiento crítico, la importancia de brindar conocimientos y capacidades que posibiliten a sectores populares negados de lenguaje y acción, construir un discurso político-cultural y prácticas propias, que parten de sus condiciones simbólicas y materiales. Así vemos en estas instancias instrumentos con los que aumentar las capacidades orgánicas del pueblo y también, uno de los tantos gérmenes de una nueva sociedad.

Participación Estudiantil

2008-02-19T16:58:00.000-08:00

Diagnósticos y Proyecciones

Lo primero que debemos notar al momento de hacer política en nuestro contexto social, es que vivimos en un país cuya sociedad, por distintas razones históricas, no incentiva la participación es posible encontrar un sujeto social bien constituido ni con conciencia de su rol social, así como tampoco de los grandes cambios que, de estar organizado y politizado en un grado avanzado (lo cual implica un enorme trabajo político que hoy no se ve por ninguna parte que esté funcionando ni surtiendo efecto), podría desencadenar en la sociedad chilena aportando desde su sector respectivo (la educación) al conjunto de demandas sociales existentes.

Podemos entender esto en tres niveles:

La FECH no tiene una estructura que incentive realmente la participación, y su trabajo político hadecaído notablemente; prueba de ello es el hecho de que en el último año aproximadamente 300 votos hicieron la diferencia para lograr el quórum necesario para elegir una federación.
Los CCEE de cada espacio local tampoco han logrado dar con una estrategia política ni una estructura capaz de dotar de herramientas efectivas de participación que se traduzcan en niveles, tanto cualitativos como cuantitativos, que puedan ser llamado representativos, es decir, que participe la mayoría, y no solo un pequeño sector, el activo político
Todo esto, junto a las condiciones sociales del Chile actual, sus normas jurídicas y especialmente una tradición conservadora desde el punto de vista de político (engendrada en la dictadura y mantenida por la Concertación), implica que la participación estudiantil en el ámbito universitario esté en franca decadencia.

A la hora de ver y analizar la participación política en nuestro espacio de acción, debemos aclarar que hay dos formas en que esta se expresa: la estructura que la regula (estatutos de organización) y el nivel de participación que hay en ella, ambas igualmente importantes. No es fácil que la participación estudiantil se engendre en un marco normativo poco democrático que no lo incentive y, en el mejor de los casos, que significaría una participación mayoritaria de la comunidad estudiantil, estos marcos se verían ampliamente rebasados y su existencia daría lugar necesariamente a otra estructura organizativa concordante con la situación determinada. Del mismo modo, una participación estudiantil reducida inserta en una estructura de democracia directa (por poner un ejemplo extremo), no daría ningún resultado y la participación quedaría adscrita a los mismos de siempre.

En resumen, estatutos democráticos no hacen más y mejor democracia por si solos, ni la participación democrática y mayoritaria de estudiantes es promovida y mantenida sin estructuras que den cuenta de su capacidad real.

Entre otros factores que inciden a la hora del análisis, podemos mencionar la falta de una propuesta que aglutine a los estudiantes y los incentive a movilizarse por un objetivo en común, entendido como un proyecto de universidad, engarzado a su vez con un proyecto país al cual pretenda darle forma, lo cual efectivamente ocurrió históricamente en la Chile, al menos hasta 1973. Junto con esto, y como efecto colateral de lo mismo, no existe una estrategia movilizadota que permita generar amplios consensos, necesarios para lograr la cohesión del movimiento.

Otro hecho, y no menor, es el de los dirigentes políticos en la Universidad. Las características de la sociedad traducidas a la política tradicional y específicamente al ámbito universitario, han generado un fenómeno extraño: los dirigentes, lejos de ayudar a incentivar, organizar y movilizar a las bases en pos de los objetivos políticos de turno, han ido creando una dependencia desmovilizadora, en la cual muchos estudiantes desinteresados del tema de política y participación, se han desentendido del tema depositando toda la responsabilidad en los dirigentes; como ejemplo tenemos a grandes cantidades de estudiantes que entienden los procesos políticos de la Universidad como una mera función del presidente de la FECH, o más localmente, del CCEE, delegado de carrera o de curso respectivo.

Con todo esto, creemos que es posible sistematizar la discusión del tema de participación estudiantil en la Universidad de Chile observándolo desde 4 prismas, complementarios y nunca desligados entre si:

La crisis de los dirigentes
La falta de un proyecto de Universidad pública engarzado en un proyecto país.
La crisis de participación tanto en las instancias institucionales de la U, como en las promovidas y creadas por los mismos estudiantes.
Un plan de acción capaz de ligar efectivamente todos estos temas en una estrategia movilizadora

¿Cómo mejorar entonces la participación estudiantil en nuestra U?

La solución a estos problemas, pasa necesariamente por un análisis estructural de los tipos de estudiantes, las organizaciones existentes y las relaciones de los estudiantes con ellas, mediadas principalmente por algún problema a resolver.

Esto mismo es necesario hacerlo en cada facultad, para comprender bajo qué dinámicas están funcionando las organizaciones con los sectores políticamente activos, los que se preocupan al menos de informarse y, finalmente, los que se desinteresan totalmente del tema. Esto es útil ya que, en primer lugar, permite aprender de los errores hasta ahora cometidos y en segundo lugar, porque es imprescindible a la hora de elaborar
una táctica que fomente la participación acorde a la realidad de cada espacio.

Luego de esto, algunos elementos recogidos en la discusión fueron los siguientes:

Es necesario incentivar la capacitación de dirigentes de base, capaces de hacer llegar las inquietudes macro a espacios micro, y viceversa. La capacitación tomaría la estructura de espacios de autoformación dirigencial con documentos base para actuar políticamente en nuestros sectores y universidad en general (documentos oficiales, estatutos, leyes, proyectos, historia local y universitaria, etc). Es una labor de todos apoyarla.
Es una labor de todos apoyar la reformulación de organización institucional más democrática, es decir, lograr que los estatutos de los modos de organización que rigen institucionalmente a las facultades sean más democráticos, pero siempre teniendo en cuenta la realidad de cada espacio (sin idealismos ni pesimismos vanos)
Es útil políticamente, además de ser una herramienta crucial para hacer sentir a los estudiantes comunes la política como parte necesaria de su proceso en la U, el traducir los problemas políticos estructurales y transversales de ésta, a problemáticas sociales cotidianas, fomentando así la movilización por reivindicaciones de importancia inmediata, como paso estratégico para dotar al estudiantado de confianza en la organización estudiantil como arma de lucha efectivamente funcional
Es crucial hacer todos los esfuerzos posibles para que la información que maneja el activo político, pueda llegar a todos los sectores, socializando la política y haciéndola más atractiva.
Es preciso hacer entender a los estudiantes en general que lo político no solo hace referencia a orgánicas políticas, sino que es una práctica social que se puede dar tanto dentro como fuera de organizaciones constituidas.
Para darle forma a una movilización útil para conseguir fines que se propongan, es clave tener un plan de acción material para llevarlo a cabo.

Finalmente, es preciso agregar que estas respuestas generan a su vez más preguntas, cuyas respuestas deben ser respondidas socialmente por el conjunto de los actores interesados en los temas.

Pensando el Chile Neoliberal más allá de la Universidad

2008-02-19T16:45:00.000-08:00

¿En qué aportamos?

El trabajo político universitario debe ser fundamentalmente un trabajo que apunte a revivir el vínculo universidad-sociedad y que lo plasme en su actividad, siendo en consecuencia un medio y un fin. Este trabajo debe terminar la falsa dicotomía de la universidad con su exterior, como una instancia aislada del mundo social y hecha sólo para la actividad intelectual de los estudiantes ubicada en la nada.

La política universitaria dirigida solo a problemas internos y propios, ensimismada en problemas de excelencia académica sin antes ver en qué aportar críticamente con nuestra educación para la realidad social-, apuntando a ser excelentes donde necesariamente otra educación no debe serlo, y que en alguna ocasión discute su relación con el Estado pero solo en términos de forma financiamiento y sin discutirle el fondo de éste según el rol político de esta educación financiada, apunta a una lucha gremialista: un gremio lucha por mejorarse y se desentiende de otros gremios. Este camino político deprime la unión de las luchas sociales al entenderse al secundario luchando en una dirección con un tema propio, al universitario en otro camino con un tema suyo, y a trabajadores con otra vía en temas particulares a ellos; cuando, finalmente, todos estos actores sociales deben hacer ver coherentemente sus problemas como algo derivado de una única lucha social si es que quieren abandonar efectivamente la ceguera.

La hegemonía del gremialismo, que hace olvidar cada vez más el mundo social para la ensimismada universidad, se plasma finalmente, para exponer su triunfo, en una generalización del individualismo. El estudiante universitario deja de motivarse por el resto de la sociedad y olvida el fundamento del porqué estudia, cuando todo conocimiento que adquiere es un conocimiento dado para aplicarlo críticamente en la realidad social.

Olvida que debe retribuirle a la sociedad su condición acomodada de estudiante; mas aun, no debe retribuirle, sino que lo hace, antes de entenderlo como una obligación, como un resultado obvio al ser ya conciente de su utilidad en la aplastante realidad económica chilena, realidad del neoliberalismo que agudiza cada vez mas las luchas sociales donde nos enmarcamos y que las cruza todas. Es el neoliberalismo que trastoca nuestra educación para que esta no se desarrolle contra él.

El individualismo generalizado empobrece las relaciones sociales y las deja interactuar en un acotado marco. Aquí, el punto básico a promover en nuestra labor, promover la organización, es lo exactamente negado por este individualismo: se desconoce la organización como forma válida para relacionarse y alcanzar objetivos comunes. Primero, ni organizarse en cualquier aspecto, y segundo, ni organizarse para acabar a falsa dicotomía universidad/sociedad.

Contra toda esta realidad, se debe ir construyendo organización universitaria que vaya retomando nuevamente nuestra vinculación al mundo social, según vaya legitimando dicho camino. Es hacer amistosa la universidad a medida que se va abriendo de su actual encerramiento.

Abrir la universidad entendido como dos planos: por un lado, como salir a trabajar desde ella, como podría ser en luchas de mallas por ramos obligatorios para aplicar nuestro conocimiento a un trabajo social, como podría ser instancia autónomas de organización desde nuestras facultades para trabajar en algún objetivo común de la realidad social si nuestra carrera no se facilita para un trabajo social; y, por otro lado, como dejar entrar el mundo social a nuestra universidad, al hacerlo un lugar abierto que permita dejarse ser utilizado efectivamente por la sociedad a la que apunta para no extrañarse como aislada.

El planteamiento de trabajos sociales como parte de la malla plantean otra discusión: el enfrascamiento en las disciplinas, es decir, el tema de que algunas carreras plantearían un rango muy limitado de intervención social. Se cree posible, juntamente, plantear la flexibilización disciplinaria dentro del marco del trabajo de índole social.

El anterior trabajo para poder concretarse debe ser necesariamente antecedido por un análisis de las potencialidades reales que tengamos como sector (no sirve de nada proponerse el deber ser de mil pegas, si en la realidad no existen fuerzas para concretarlas). Proponemos empezar este análisis llevando a cabo un catastro de las iniciativas ya existentes que de uno u otro modo, pretendan establecer esta relación bívoca entre la U y la Sociedad; para luego plantear el trabajo eminentemente político) de proyectarlas hacia un mismo proyecto.

Otra arista de importancia que vemos en cuanto al vínculo de lo que puede ocurrir en la universidad y el resto de la sociedad, y que se ve estrechamente ligado a lo anterior (la separación resulta solamente analítica) es el rol que se pueda cumplir como movimiento estudiantil en cuanto fuerza política que se pueda articular con otros sectores. Esto parte por la crítica al movimiento estudiantil como está y al pensar las diversas formas con las que se puede articular y transversalizar con otros sectores, claramente no desde la idealización de viejas fórmulas como la unidad obreroestudiantil (no es que se descarte de plano la importancia de la clase trabajadora, esto pasa más que nada por mirar más allá de fetiches y fórmulas preconcebidas).

Es necesario destacar que el estudiante en muchos casos es también trabajador, y que la U no contempla eso. La U no está pensada para un estudiante que además deba producir sustento familiar, por ejemplo, o en muchos casos, financiar su propia educación o costos de permanencia (materiales, movilización, alimentación, etc.). En cuanto a horarios, en cuanto a tipos de financiamiento, etc. Se cree necesario plantear esta reivindicación, ya sea canalizada en la demanda de flexibilidades horarias o derechamente, de posibilidades vespertinas.

Después de un año de trabajo...

2008-01-07T17:09:00.000-08:00

Ya llevamos cerca de un año como TraSen, desde que nació la inquietud, por parte de los compañeros del ya no existente Colectivo ARA, de generar una organización mayor de estudiantes. De esta inquietud, surgieron conversaciones entre distintos compañeros que compartían la necesidad de transformar esta sociedad que no es capaz de satisfacerlos a todos. Muchos eran de otros colectivos, otros independientes, pero a través de diversas reuniones se fue afiatando un grupo de estudiantes, vinculados por el trabajo y el compromiso a la construcción de un movimiento estudiantil ligado a las luchas de los sectores populares, las luchas que sostienen las mayorías excluidas y marginadas de nuestro país.

Hasta que se formó esta organización, Trazando Senderos (TraSen), la cual como colectivo, ya lleva cerca de un año, año que ha estado lleno de nuevos amigos y compañeros y lleno, también, de logros. Aunque sabemos que aún nos queda mucho por hacer (casi todo) estamos contentos con lo que se ha hecho en este corto periodo.

Partiendo por el hecho de haber aglutinado más gente, y no gente pasiva, sino que muy activa y constante en cada una de las coyunturas por las que pasa nuestra educación. Por el hecho de haber logrado ciertas metas políticas (como consejeros Fech y el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales), las que por sí solas no valen mucho, pero que al estar respaldada por un trabajo de base (reflejado en parte, por los dirigentes de cada espacio universitario que son parte de este grupo) nos permiten llevar adelante la unión de distintas iniciativas críticas respecto al sistema social vigente y a la educación actual en un proyecto común que vincule las peleas dadas en el ámbito de la educación con las peleas que hay que dar en el mundo externo a las universidades, es decir, las problemáticas de país que afectan a los menos favorecidos.

En fin, nos queda mucho por hacer, y si tomamos en cuenta que nuestras acciones son las que nos definen, también nos queda mucho por decir respecto a nosotros mismos.

A continuación les dejaremos el documento de nuestro Primer Congreso Fundacional, llevado a cabo en Marzo de 2007 (el cual, además, se irá publicando de a poco en el blog)

1º Congreso Fundacional